El caso Baena, medio siglo después: ¿fusilaron a un inocente?

Un Franco decrépito agoniza. Las familias del régimen y las todavía clandestinas fuerzas políticas toman posiciones. Se intentan preparar para lo que sea que vaya a venir, como todos. La calle bulle de protestas y represión. Mientras tanto, algunos partidos y bandas terroristas apuestan por la lucha armada para que el futuro más próximo signifique una ruptura total con la dictadura.

Queda poco para que la agonía del dictador –que decide morir matando– llegue a su fin. Aquel 27 de septiembre de 1975 pasó a la historia por ser el día en el que se perpetraron los últimos fusilamientos del franquismo. Tras confesiones obtenidas bajo tortura y juicios sumarísimos, recientes investigaciones apuntan a que al menos uno de los jóvenes ejecutados pudo ser inocente. Su nombre era Xosé Humberto Baena, tenía 25 años, era gallego y militaba en el Frente Revolucionario y Patriota (FRAP), la rama armada del Partido Comunista de España marxista-leninista (PCE m-l). Junto a él perdieron la vida José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, compañeros de militancia, y Juan Paredes Manot, Txiki, y Ángel Otaegui, militantes de ETA.

Para entender bien el contexto, el responsable de Investigación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria, Gaizka Fernández, incide en que “el régimen estaba en su fase terminal, con un Carlos Arias Navarro al frente del Gobierno que seguía utilizando la mano dura a la hora de enfrentarse a la subversión”. “Y lo hace así porque los movimientos de oposición estaban muy activos, tanto el estudiantil como el obrero, y el terrorismo se había disparado”, añade Fernández, uno de los coordinadores del libro Terrorismo y represión. La violencia en el ocaso de la dictadura franquista (Tecnos, 2025).

Hace exactamente medio siglo, el terrorismo segó la vida de 33 personas. 1975 fue el año más sangriento del tardofranquismo. “Arias Navarro quería reforzar su posición y atraer a la ultraderecha. Ya lo había hecho con Puig Antich en 1974 y había visto que su muerte no le había ocasionado un gran coste político”, explica el experto. Con esta idea de las ejecuciones como una forma de justicia en la que se escondía la más cruel de las venganzas posibles, y un miedo inusitado a que la situación se desbordara a nivel social e internacional, el tribunal militar dictó 11 condenas a muerte aquel verano de 1975. El gobierno franquista ejecutó cinco de ellas; seis fueron conmutadas por una pena máxima de 30 años de cárcel.

Doble papel de víctimas y victimarios

El FRAP es la organización terrorista más desconocida de la historia reciente de España, según el mismo Fernández. “Su modelo político era Albania, una dictadura marginada del Este, los últimos nostálgicos del estalinismo”, describe. Decidieron tomar las armas en 1973, pero apenas tres años después apostaron por desandar el camino. “La Policía detuvo a casi todos sus militantes entre 1975 y 1976, y fue uno de los pocos grupos terroristas que vio la inutilidad de la violencia”, añade.

A ojos de este especialista en víctimas del terrorismo, “ejecutar a miembros de grupos armados solo dio excusas a los terroristas para seguir matando, así que fue un fracaso”. Además, las movilizaciones cada vez golpeaban con más fuerza. “Hubo manifestaciones, huelgas, cierres y enfrentamientos para evitar estos fusilamientos. Lo llamativo fue que los gobiernos europeos y sus poblaciones estaban en sintonía, así que la imagen de aislamiento del franquismo en 1975 era enorme”, desarrolla. Ni siquiera las súplicas a última hora por parte del Vaticano hicieron que el pulgar señalara hacia el cielo en lugar de hacia la tierra.

Fernández recalca la complejidad de los antifranquistas, ya que fueron víctimas (fusilados) y victimarios (terroristas). “Es importante tratar su historial delictivo pero sin olvidar la injusticia que sufrieron al no poderse defender en los juicios y con sentencias de muerte dictadas desde la ilegitimidad de una dictadura”, concede.

Baena, la gran incógnita

El caso que todavía hoy genera más dudas es el del vigués Xosé Humberto Baena. Acusado de ser el autor material de un atentado en el que un comando del FRAP mató al policía Lucio Rodríguez Martínez, en la calle Alenza de Madrid, el 14 de julio de 1975, él siempre negó los hechos. Uno de sus camaradas, Pablo Mayoral, quien según la versión oficial también participó en la acción, llegó a acusar a Baena, cuyo nombre de guerra era Daniel. Lo hizo después de sufrir tres días de infierno y torturas en la Dirección General de Seguridad, hoy en día sede del Gobierno madrileño en la Puerta del Sol. Por el momento, diversas tesis chocan entre sí. Algunas sostienen que Baena, que cayó detenido el 22 de julio de aquel año, pudo ser quien disparó aquellas balas; otras, que el régimen fusiló a un inocente.

Carmen Ladrón de Guevara, abogada especializada en víctimas del terrorismo, es la autora del capítulo “El FRAP a la luz de los consejos de guerra de septiembre de 1975”, incluido en el libro coordinado por Fernández. En primer lugar, subraya que en ningún momento se respetaron los derechos de los acusados ni sus garantías procesales, algo que quedó patente con la inadmisión de las 200 instancias que sus letrados presentaron durante el juicio.

“A ninguno de los fusilados se le respetó el derecho fundamental por excelencia, que es el de la vida”, introduce. Sin embargo, considera que hay elementos suficientes para afirmar que los tres miembros del FRAP habían participado en los hechos por los que fueron condenados, a pesar de que la estrategia de defensa de los encausados fue siempre negar su participación.

Para Ladrón de Guevara resulta muy esclarecedora la declaración inculpatoria de Mayoral hacia Baena. “Aunque obtenidas bajo tortura, todas ellas ofrecían muchos detalles que por entonces era imposible que la Policía supiera”, asevera. En el caso concreto del militante gallego del FRAP, la también abogada destaca el informe pericial realizado días después del atentado de la calle Alenza, cuando Baena ya había sido detenido por su participación en otro atentado. “Baena también participó en el intento de asesinato de Justo Pozo, otro policía, cinco días más tarde. Cuando le detuvieron, le incautaron un arma, y comprobaron que era la misma utilizada que en el atentado de la calle Alenza”, añade en contraposición a lo que más tarde defenderá otro de los expertos que ha estudiado el caso.

Por otra parte, el hallazgo de una cámara de fotografía profesional en casa de Mayoral, sustraída del coche que supuestamente robaron los integrantes del FRAP para el asesinato de la calle Alenza, también supone un elemento corroborador para Ladrón de Guevara. “Me llama mucho la atención que, si realmente no fueron ellos, 50 años después sigan sin decir quién fue”, añade. Así pues, sobre este comando que realizó el primer disparo mortal del FRAP opina que “hay elementos para pensar que fueron ellos quienes llevaron a cabo las acciones por las que fueron juzgados, aunque sin respetar su derecho a defensa e injustamente fusilados”.

Evidencias a favor de su inocencia

La visión que aporta Roger Mateos es diferente. Mateos es autor de El verano de los inocentes. El secreto del último fusilado del franquismo (Anagrama, 2025). Después de una profunda investigación, que le ha llevado a consultar diversos archivos y a recopilar decenas de testimonios durante los últimos tres años, el periodista afirma que Baena es inocente. “Cuando cae ese comando, la Policía ya tenía muchísima información sobre el FRAP, eso es innegable. Muchas veces obtenida bajo tortura, por confidentes y, por supuesto, por seguimientos policiales”, explica.

La acumulación de evidencias hace que Mateos sostenga que Baena no fue el autor material de la muerte de Lucio Rodríguez. “Incluso en la prueba pericial del revólver que confiscaron a Baena por el atentado del 19 de julio, donde sí que disparó él y por el que nunca fue juzgado, hay trazas de que modificaron los datos para hacerla coincidir con el atentado del día 14”, abunda.

Por otro lado, incide en que Mayoral nombra en la DGS a Baena cuando este todavía no había sido detenido. “Esa era una práctica habitual entre los detenidos sometidos a torturas en las comisarías franquistas, quienes se veían obligados a firmar declaraciones autoinculpatorias. Señalaban a un camarada todavía libre con la esperanza de que pudiera escapar de la detención”, se explaya Mateos.

Cuando Baena cayó, la Policía ya tenía el esquema del atentado en la cabeza. Solo había que apretar lo suficiente para que los detenidos aceptaran los papeles que las fuerzas de seguridad del régimen les habían otorgado de antemano. “Las torturas pasaron por encima de Baena como una apisonadora… hasta que firmó la declaración autoinculpatoria”, resume el periodista.

Los cuatro, y no tres, hombres del comando

La estrategia de defensa esgrimida por los militantes del FRAP, quienes negaron su participación en los hechos, también cerraba una posible salida para Baena. “Desarmaba su capacidad de defensa, porque en el caso de que hubiera un cuarto hombre implicado que hubiese escapado, tampoco lo podía decir”, comenta el propio Mateos siguiendo la estela de varios testimonios que han señalado la existencia de un militante del FRAP más en la escena de los hechos. Se refiere al testimonio de un sereno que afirmó en su momento ver a cuatro hombres, y que uno escapó. Otra testigo llegó a ir a comisaría a decir que Baena no se parecía en nada al autor material de los disparos. Además, el periodista ha conseguido otra declaración clave que señala que uno de los terroristas consiguió escapar a Francia. Desde entonces, silencio.

“El régimen nunca quiso investigar si quien disparó era un cuarto hombre. Enterró esa línea de investigación porque si reconocían que el autor material del disparo se había escapado, se derrumbaba todo el sumario”, opina Mateos, quien puntualiza que “no hay una sola evidencia que pueda demostrar que Baena disparó en la calle Alenza”.

Por el contrario, el autor del libro de Anagrama ha acumulado decenas de datos, indicios y evidencias, así como contradicciones flagrantes en la instrucción del caso, que sustentan su tesis. Y todo ello pese a que tanto Mayoral como Chivite, los otros dos militantes del FRAP condenados a muerte cuyas penas fueron conmutadas en la causa sobre el atentado en Alenza, siguen mostrándose escurridizos a la hora de hablar de lo sucedido.

Cómo honrar la memoria de Baena

¿Se sabrá algún día quién disparó realmente las balas que mataron a Lucio Rodríguez? Mateos responde: “Depende de si deciden dar un paso al frente aquellos que sí saben realmente lo que ocurrió, porque los hechos están prescritos y amnistiados”.

No sería la primera vez que algo así sucede. Ocurrió en 1963. Dos anarquistas, Joaquín Delgado y Francisco Granado, fueron ejecutados a garrote vil por supuestamente haber hecho explotar dos bombas en la sede del Sindicato Vertical y en la Sede Central de la Policía, en la misma DGS. Tres décadas después, otros dos anarquistas admitieron ser ellos los verdaderos autores del atentado en un documental. “Aquello fue una manera de reparar la memoria de Delgado y Granado. Quién sabe si algún día alguien querrá seguir ese camino con lo sucedido en la calle Alenza”, profundiza el propio Mateos.

Sea como fuere, medio siglo después la voz de Aute sigue retumbando con los versos que terminaron convirtiéndose en himno: “Presiento que tras la noche / vendrá la noche más larga. / Quiero que no me abandones / amor mío, al alba”. Aunque él siempre dijera que se trataba de una canción de amor.