Amnistía Internacional acusa a 15 empresas de ser “cómplices” del genocidio en Gaza

«El apoyo económico, diplomático y político de estos actores permite a Israel continuar su ocupación ilegal y su sistema de apartheid, así como el genocidio de los palestinos en Gaza«. Amnistía Internacional denuncia en un nuevo informe el papel de las organizaciones públicas y las empresas que actualmente contribuyen o tienen operaciones, productos o servicios directamente relacionados con la ocupación ilegal de Israel y sus crímenes de derecho internacional.

Titulado Confrontar la economía política global que facilita el genocidio, la ocupación y el ‘apartheid’ de Israel, el documento recoge 15 empresas, entre ellas, la española CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles). Según denuncia Amnistía Internacional, esta compañía proporciona materiales y servicios de transporte a Israel para el proyecto del Tren Ligero de Jerusalén, que conecta los asentamientos ilegales israelíes en la Jerusalén Oriental ocupada y Jerusalén Occidental. «Desde 2019, CAF ha desempeñado un papel clave en la expansión del Tren Ligero de Jerusalén (JRL), lo que ha provocado el crecimiento de los asentamientos en los últimos años, contribuyendo así al mantenimiento de la actividad ilegal de asentamientos de Israel, la ocupación y la anexión de Jerusalén Oriental», sostiene el informe.

Esta misma empresa fue incluida por la relatora especial de la ONU para los territorios ocupados de Palestina, Francesca Albanese, en otro informe que señalaba a las instituciones que contribuían a la ocupación ilegal de Israel. Ni entonces ni ahora respondió. En ese documento, que fue remitido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también se mencionaba a otras empresas recogidas ahora en la investigación de Amnistía, como Hyundai: «Produce maquinaria pesada que se ha utilizado ampliamente en la demolición de estructuras, viviendas y negocios de propiedad palestina en los territorios ocupados entre 2018 y 2025».

Según Amnistía, estas demoliciones han provocado el desplazamiento forzado de cientos de palestinos de sus hogares y han dañado los medios de vida de muchos otros. En respuesta a Amnistía, Hyundai declaró que ha incluido términos de cumplimiento para prohibir las ventas ilegales y disposiciones relacionadas con la protección de los derechos humanos en sus contratos estándar. También consideró que el equipo utilizado en los territorios ocupados es de segunda mano y, como fabricante, el uso o los derechos de propiedad intelectual de los productos de segunda mano escapan a su control.

La organización defensora de los derechos humanos menciona también en su informe a Boeing, que no estaba incluida en el documento de la ONU: «En particular, Amnistía Internacional ha documentado el uso de municiones de ataque directo conjunto y bombas de pequeño diámetro fabricadas por Boeing por parte del ejército israelí en una serie de mortíferos ataques aéreos que causaron la muerte de decenas de civiles palestinos en toda la Franja de Gaza, incluidos muchos niños».

Según el informe, en 2022, Boeing escribió que, como resultado de un acuerdo de adquisición recíproca en octubre de 2018, se esperaba que Israel comprara productos militares de Boeing por valor de 10.000 millones de dólares en la próxima década, y el nuevo acuerdo significaba que Boeing invertiría 3.500 millones en nuevos negocios en Israel. «El 29 de abril de 2025, Amnistía Internacional escribió una carta detallada al director ejecutivo de Boeing en la que exponía sus preocupaciones relacionadas con el suministro continuo de bienes y servicios militares y de seguridad a Israel por parte de la compañía, pero al momento de redactar este informe no había recibido respuesta», especifica el documento.

Entre las empresas mencionadas en el informe de Amnistía Internacional también está Lockheed Martin, con sede en Estados Unidos UU, “que suministra y mantiene aviones F-16 y la creciente flota israelí de aviones de combate F-35, la columna vertebral de la Fuerza Aérea Israelí que se está usando ampliamente durante el bombardeo de Gaza”.

La compañía de agua Mekorot, propiedad del Gobierno israelí, opera en los Territorios Palestinos Ocupados: «Las políticas y prácticas discriminatorias estructurales y sistemáticas relacionadas con el acceso al agua constituyen un pilar clave para el mantenimiento del apartheid y la ocupación ilegal. Si bien restringe el acceso de los palestinos al agua, durante años Israel ha desarrollado su propia infraestructura y red hídrica en Cisjordania para el uso de sus ciudadanos en Israel y en los asentamientos, lo cual es ilegal según el derecho internacional. Investigaciones recientes indican que solo el 36% de los palestinos en Cisjordania tiene acceso diario a agua corriente durante todo el año, mientras que los asentamientos cuentan con servicio continuo», denuncia el informe.

También desde el turismo

En 2019, Amnistía Internacional publicó otra investigación que expuso cómo las operaciones de empresas de turismo en línea como Airbnb, Booking.com, Expedia y TripAdvisor contribuyeron al «mantenimiento, desarrollo y expansión de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados», concretamente en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, en violación del derecho internacional.

«Amnistía instó a estas empresas a desvincularse responsablemente de sus negocios en los asentamientos israelíes, pero continúan haciéndolo, contribuyendo a las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional asociadas con la actividad ilegal de asentamientos de Israel, su ocupación ilegal y su sistema de apartheid«, prosigue el informe, que indica que al momento de redactarse, solo Airbnb y Booking.com habían respondido: «Ambas compañías reconocieron los anuncios y declararon que, si bien su objetivo es mantener una estricta diligencia en materia de derechos humanos en el contexto de los Territorios Palestinos Ocupados, en última instancia, las reservas a través de sus plataformas son decisiones de los consumidores de las que no son los únicos responsables».

Las empresas citaron medidas como la donación de todos los beneficios de las reservas en Cisjordania, incluidas las de anfitriones israelíes y palestinos, a una organización internacional sin fines de lucro (en el caso de Airbnb), a un programa que proporciona información adicional sobre las posibles implicaciones de viajar a lugares de alojamiento en las páginas de resultados de búsqueda relevantes y a etiquetar las ubicaciones de los alojamientos, de modo que una propiedad o anuncio ubicado en un asentamiento israelí esté diseñado como ubicado en un “Territorio Palestino, Asentamiento Israelí” (en el caso de Booking.com).

El documento también menciona como ejemplo de «complicidad» con Israel a las tres mayores empresas armamentísticas israelíes: Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems e IAI. De los productos y servicios de vigilancia biométrica de Hikvision, denuncia que se utilizan actualmente en el sistema de apartheid israelí sobre la población palestina: «Amnistía Internacional detalla cómo las autoridades israelíes utilizan ampliamente la tecnología de reconocimiento facial para apoyar su continua dominación y opresión de la población palestina en los territorios ocupados».

Amnistía Internacional también identifica a Corsight como el proveedor de software cuyo producto de reconocimiento facial impulsó las operaciones de vigilancia de Israel en la Franja de Gaza. Según los informes, la empresa –que no ha respondido a Amnistía– proporcionó la tecnología a las fuerzas de seguridad israelíes desde el inicio del ataque a la Franja de Gaza.

Por último, menciona a la empresa estadounidense de software Palantir Technologies, que niega en una respuesta las acusaciones.