La Vuelta: un negocio que se lucra con la propaganda del genocidio

«No se agota en la lista de torturados, asesinados y desaparecidos la denuncia de los crímenes de una dictadura. La máquina te amaestra para el egoísmo y la mentira. La solidaridad es un delito. Para salvarte, enseña la máquina, tenés que hacerte hipócrita y jodedor».

En estos días de estupor ante la determinación de Israel de demostrarnos que no sólo puede cometer un genocidio, sino que puede socavar todos los límites imaginables de la atrocidad, vuelvo a la raíz, vuelvo a Eduardo Galeano. El periodista y escritor uruguayo nos ungió a muchos con su urgencia por entender los mecanismos del odio para preservarnos humanos. Escucho y leo las furibundas críticas a las movilizaciones ciudadanas contra la participación del equipo israelí en La Vuelta y pienso en su capacidad para desvelar cómo nos hemos acostumbrado a vivir en el mundo al revés sin apenas despeinarnos.

Cualquier dirigente, comunicador, deportista o persona de bien debería sentirse profundamente orgulloso de vivir en una sociedad donde miles de personas, en lugar de limitarse a sobrevivir, se esfuerzan por recordarnos cómo ser mejores. Gente que después de trabajar, se reúne con sus vecinas y vecinos, hacen una colecta para imprimir carteles y comprar banderas, consensúan dónde y cuándo las van a ondear, acuerdan una consigna y cuando ven cómo la columna blanca y azul se acerca, alzan la voz para gritar «¡Genocidio!» a quienes trabajan para normalizar el peor crimen del que es capaz el ser humano, y «¡Palestina Libre!» contra quienes representan a los que quieren exterminarla mientras se enriquecen con su ocupación.

La participación del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta es la mayor decisión política que puede adoptar un organismo deportivo: permitir, previo pago, que mediante el deporte pueda lavar su imagen un Estado que viola sistemáticamente el derecho internacional. No oculta que este es su objetivo ni siquiera el copropietario del equipo, el multimillonario Sylvan Adams, amigo de Netanyahu que se define a sí mismo como un «embajador global de Israel».

Pero La Vuelta ni siquiera es un organismo deportivo: es una rama de negocio de la empresa privada francesa Unipublic, la misma que organiza el Tour de Francia. Aunque también recibe patrocinios privados, la mayoría de sus ingresos provienen de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas por acoger alguna de sus etapas. En 2023, el Ayuntamiento de Barcelona y su Diputación pagaron más de un millón de euros por la salida y las primeras jornadas. En 2024, Madrid pagó 350.000 euros por la etapa final. 

Cabría preguntarse cómo hemos permitido que la organización de un evento histórico financiado con dinero público, que congrega la atención de decenas de millones de personas y que se basa en la territorialidad de un Estado, pueda estar en manos de propietarios privados a los que, además, les hemos dado la potestad de tomar decisiones sobre cuestiones que afectan a nuestras relaciones con otros países e, incluso, con la Corte Internacional de Justicia. 

Sin embargo, la responsabilidad de permitir que un Estado que está cometiendo un genocidio intente llevar a cabo esta operación propagandística no es exclusiva de una empresa que no tiene otra motivación que el lucro. El derecho internacional insta a los Estados a adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir un genocidio y sancionar a quien lo está cometiendo. El Gobierno de España, al mantener las relaciones con Israel y no aprobar sanciones como sí hizo con Rusia por la invasión de Ucrania, lanza un mensaje claro al resto de instituciones, entidades y empresas: es legítimo mantener los lazos con el actual Gobierno de Israel y reforzar así su impunidad.

Lo han entendido bien algunos de los alcaldes que han pagado con nuestros impuestos a Unipublic para que La Vuelta pase por sus ciudades –sin exigir antes la expulsión del equipo israelí– y que en lugar de felicitar a sus vecinos por reparar su error al denunciar la infamia, los han acusado de ser ellos los que cometen actos «incívicos, violentos e imprudentes», como ha declarado el regidor de Bilbao, Juan Mari Aburto. «El mundo al revés», le respondería Galeano. 

Los grandes eventos deportivos han sido siempre un escenario en el que se han escenificado las luchas por los derechos civiles, así como los enfrentamientos geoestratégicos. Israel lleva décadas instrumentalizando estos eventos para que olvidemos que es un proyecto colonial cuya economía se basa en la ocupación, en la explotación y el desplazamiento del pueblo palestino; un Estado que practica un régimen de apartheid, que ejecuta limpiezas étnicas periódicamente y que ostenta el récord de incumplimiento de resoluciones de las Naciones Unidas. Y lo hace gracias a la cooperación de los países europeos, que lo incluyeron en la década de 1990 en sus competiciones deportivas tras ser expulsado en los setenta de las de Asia –donde se encuentra geográficamente– por el rechazo de sus países a legitimar así la ocupación y los crímenes de un Estado colonial.Mientras nuestras instituciones se degradan al consentir sin restricciones el lavado de imagen de un Estado genocida, lo que está haciendo la ciudadanía movilizada contra la aniquilación de Gaza es preservar nuestra democracia.