Acciona, Ferrovial, Sacyr: sobre la corrupción estructural y la doble traición del PSOE

Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según documentos judiciales publicados en distintos medios de comunicación, está revelando una arquitectura empresarial e institucional diseñada para condicionar concursos públicos y canalizar comisiones en beneficio de intermediarios políticos. Según la UCO, Acciona habría abonado hasta 620.000 € en comisiones vinculadas a cinco proyectos cofinanciados con fondos europeos entre 2018 y 2021, coincidiendo con la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. De esas cantidades, al menos 450.000 € seguían pendientes de pago, y Acciona figuraba como adjudicataria en el 75% de las obras afectadas. Esto es solo una pequeña parte de lo que ya se ha publicado y, probablemente, también de lo que aún está por salir a la luz.

La corrupción estructural: una trama normalizada

El caso de corrupción en las filas del PSOE recuerda que la corrupción no es una anomalía, sino el tejido mismo del sistema. Empresas como Acciona, Ferrovial o Sacyr no solo participan en la administración pública, sino que la moldean, con la complicidad de cargos políticos que, en el caso del PSOE, traicionan no solo la confianza pública, sino los principios fundacionales de un partido que se proclama defensor de los trabajadores y trabajadoras. Esta doble traición, política e ideológica, revela una crisis profunda. Un partido de izquierdas que, lejos de combatir el poder económico, se somete a él, convirtiéndose en un instrumento de los intereses privados a los que dice oponerse.

Como decía Antonio Gramsci, “la hegemonía se construye cuando los dominados aceptan los valores de los dominantes como propios”. En el caso del PSOE, esa aceptación no es solo pasiva, sino activa, y el caso Cerdán–Ábalos–Koldo es una prueba descarnada.

Por si fuera poco, los audios interceptados, filtrados en el marco de la investigación judicial, aportan detalles explosivos. En una conversación, Koldo García afirma: “Que yo tenga contabilizado en mi registro, creo que son 47 empresas, 47. A Sacyr, a Ferrovial, ¿eh? Es decir, que me han venido a contarme un problema y yo lo he resuelto, ¿vale? Todos esos problemas son problemas técnicos, que son reuniones, ¿vale? Son reuniones con el director de Carreteras, con AENA”. En otro fragmento, se escucha a Koldo García explicar a Santos Cerdán haber recibido tres sobres por valor de 450.000 €, ante la preocupación de este último, que le suelta —intentando prevenir lo que no supo frenar—: “Que no quiero que hables, de esto no se habla”.

Nombramientos estratégicos y empresas pantalla

En una reunión celebrada en junio de 2018, solo tres días después de que Ábalos asumiera el ministerio, Santos Cerdán, Koldo García y el directivo de Acciona Fernando Merino se reunieron, según indica la UCO, con el objetivo de asegurar nombramientos estratégicos —como los de Javier Herrero o Rosario Cornejo— en los organismos adjudicadores. Bajo la consigna: “como no podamos meter a alguno, nada será posible sin esto”, se escucha decir a Santos Cerdán.

La trama incluye también empresas pantalla como Noran SC y Servinabar 2000 SL, utilizadas para camuflar adjudicaciones a Acciona en proyectos en Navarra —como la mina Muga o el Navarra Arena—, canalizando así capital a través del PSOE. Además, se han documentado pagos encubiertos: 88.000 € para un piso en Plaza España de Madrid y 526.000 € para un chalet en La Línea (Cádiz), satisfechos a través de testaferros como recompensa por influencia política.

Varias de estas empresas ya habían sido señaladas en escándalos de corrupción o favoritismo en otros proyectos públicos. Un ejemplo paradigmático es el caso Palau de la Música, donde grandes empresas financiaban a partidos políticos a cambio de contratos y favores. Sin embargo, esta dinámica no es exclusiva del PSOE ni de Convergència. Casos como Gürtel, que implicó al PP en una red de financiación ilegal y adjudicaciones irregulares a empresas afines, demuestran que estas prácticas atraviesan todo el espectro político.

Tanto el PP como el PSOE han sido señalados en escándalos que revelan una misma lógica: el intercambio de favores entre el poder económico y el político, con empresas como Acciona, Ferrovial o Sacyr como beneficiarias recurrentes. Todo ello apunta a un problema sistémico, donde los partidos mayoritarios, pese a sus diferencias ideológicas, convergen a menudo en la subordinación a los intereses privados.

El control empresarial sobre las decisiones públicas

Las relaciones entre grandes empresas y partidos políticos no son nunca neutrales ni puntuales. Configuran una trama profunda de poder que trasciende la simple colaboración institucional. Cuando se analizan estas conexiones, se constata cómo las grandes empresas ejercen un control indirecto, pero potente, sobre decisiones públicas, moldeando proyectos y adjudicaciones a su favor.

Este mosaico de evidencias —comisiones masivas, audios comprometidos, nombramientos dirigidos, empresas pantalla, pagos encubiertos y adjudicaciones opacas— constituye un modelo de corrupción estructural. Un modelo que trasciende lo individual para formar parte de la lógica empresarial-política.

Las grandes corporaciones no solo aspiran a contratos: moldean la administración pública a su medida, con la ayuda de cargos colaboracionistas y operativas institucionales. Como señalaba Pierre Bourdieu, “el capital político se transforma a menudo en un instrumento al servicio del capital económico, cuando las élites políticas se convierten en agentes de los intereses dominantes”.

La gravedad del caso Santos Cerdán, Ábalos y Koldo no reside únicamente en la presunta trama de sobornos. Está en cómo expone la hipocresía de un partido que se presenta como baluarte de la justicia social mientras facilita el enriquecimiento de élites económicas. Esta contradicción ideológica resulta especialmente dolorosa porque el PSOE, históricamente, ha reclamado el apoyo de las clases trabajadoras con promesas de redistribución y equidad.

Sin embargo, su implicación en tramas como esta sugiere que, en lugar de desafiar la hegemonía del capital, el partido se ha integrado en ella. Actúa como gestor de los intereses de las grandes corporaciones. Y, de paso, le ha servido en bandeja a la extrema derecha el acceso a las máximas instituciones del Estado. Casi nada.