Política
Vigilancia, castigo y exclusión: un manifiesto contra la nueva ordenanza cívica de Barcelona
Diversas personalidades de la sociedad civil alertan de que la aprobación de la nueva normativa municipal incrementaría las dinámicas de criminalización hacia las personas más vulnerabilizadas.
Académicos, profesores, periodistas y diversas personalidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos denuncian en un manifiesto la intención del Ayuntamiento de Barcelona de aprobar una nueva Ordenanza de Convivencia que, según explican, endurecería las sanciones económicas y ampliaría las conductas penalizables en el espacio público.
«Con esta propuesta, se incrementarían las dinámicas de criminalización hacia las personas más vulnerabilizadas y se consolidaría un modelo de ciudad basado en la vigilancia, el castigo y la exclusión, en lugar de promover una convivencia real, democrática e inclusiva», reza el documento, que reclama un cambio de rumbo y una apuesta clara por políticas sociales, comunitarias y participativas.
«La aprobación de una nueva Ordenanza de Convivencia, heredera de la anterior y sucesora del Pla Endreça, solo conseguirá incrementar las dinámicas de criminalización en el uso del espacio mediante un aumento de las multas», concluye.
Otras formas más sutiles de someter: el adoctrinamiento desde la más temprana edad.
La organización Andalucía Laica ha criticado públicamente la reciente instrucción enviada a los centros educativos andaluces, que obliga a incluir 90 minutos semanales de Religión en el segundo ciclo de Educación Infantil.
La entidad denuncia la falta de justificación legal, la vulneración de la autonomía pedagógica y el atentado contra la libertad de conciencia de las familias, calificando la medida como un retroceso en el principio de laicidad en la escuela pública.
Andalucía Laica ha hecho pública una denuncia ante lo que considera una «imposición injustificada» de la asignatura de Religión en el segundo ciclo de Educación Infantil (de 3 a 6 años) en los centros públicos andaluces. La organización denuncia que los colegios han recibido recientemente una nota informativa —sin firma ni identificación oficial— procedente supuestamente del Servicio de Planificación y Escolarización, en la que se les ordena incorporar, antes del 12 de junio, módulos de 90 minutos semanales de Religión en esta etapa educativa.
«La escuela pública debe garantizar un espacio común “basado en valores compartidos vinculados a los Derechos Humanos y no en dogmas particulares, que deben quedar restringidos al ámbito privado o a los lugares de culto”.
“La presencia de simbología o contenidos religiosos en el entorno escolar no solo es inapropiada, sino que supone financiar con dinero público un adoctrinamiento que debería corresponder exclusivamente a las iglesias”
Otro caso más de represión ¡Rebelarse no es un delito! (LoQueSomos)
La protesta antifascista no puede ser tratada como un acto delictivo: es un derecho democrático
Cuatro jóvenes antifascistas de Rebeldía han sido citadas a declarar el 25 de junio, perseguidas judicialmente por defender el antifascismo durante una cumbre internacional de la ultraderecha en Madrid. Se les investiga por alzar la voz contra los discursos de odio y las políticas de la extrema derecha.
Durante la cumbre, mientras líderes como Abascal, Le Pen u Orbán se reunían bajo el lema “Make Europe Great Again”, ellas decidieron no callar y respondieron al racismo, machismo, LGTBIQA+fobia y autoritarismo con una acción simbólica y pacífica. Su objetivo: denunciar sin violencia y defender los derechos y la dignidad de millones de personas.
Ahora, estas compañeras están siendo investigadas por ejercer el derecho legítimo a la protesta. Se pretende convertir la denuncia de la intolerancia en un delito, mientras los verdaderos promotores del odio quedan impunes. No es un caso aislado: la represión se está usando para castigar la organización política y sembrar miedo en quienes luchan por los derechos de todas.
Exigimos el archivo de la causa y defendemos el derecho a la protesta y la organización política. La protesta no puede ser tratada como un acto delictivo: manifestarse contra el odio no es delito, es un derecho democrático.
Las 4 de Rebeldía. Firma el Manifiesto de Solidaridad:
http://las4derebeldia.com/
Esto en Barcelona.
Y esto en Madriz:
ISABEL DÍAZ AYUSO PODRÁ PENALIZAR HASTA CON 100 MIL EUROS LAS MANIFESTACIONES UNIVERSITARIAS. (Carlos Serna, Canarias Semanal)
¿Quién teme a los estudiantes que piensan? ¿Nos encontramos ante un modelo educativo o un modelo represivo?
«Multar la disidencia no es garantizar el orden: es reforzar el miedo.»
«Lo que se intenta con esta ley es neutralizar un sujeto históricamente molesto para el poder porque cuando los estudiantes se organizan cuestionan y cuando cuestionan generan peligro para quienes intentan sostener un modelo social, económico y político basado en la mercantilización de la educación y el vaciamiento del pensamiento crítico.
El Estado no es un árbitro neutral, sino una estructura que defiende los intereses de las clases hegemónicas. Y en ese marco, los espacios públicos, incluidos los universitarios, se convierten en terrenos disputados. Lo que ocurre hoy en Madrid es, en ese sentido, un síntoma claro de la función del Estado como aparato de control ideológico.