La mayoría de las quejas que terminan en el Defensor del Pueblo llegan desde Madrid

Quejas de familias de alumnos y alumnas con necesidades educativas específicas, a quienes no se les presta la atención adecuada en los centros por falta de profesorado especializado y personal auxiliar. Quejas sobre la falta de actuaciones preventivas en casos relacionados con la violencia y el acoso escolar. Quejas por los problemas de la Atención Primaria y las dificultades para contactar y obtener citas médicas, listas de espera quirúrgicas, de consultas externas y para la realización de pruebas diagnósticas. Quejas por los retrasos para la valoración de la discapacidad y de la dependencia. Y quejas, por supuesto, por no poder acceder a una simple vivienda, cuyo derecho está recogido en la Constitución.

Quejas y más quejas que han llegado a diario, durante 2024, a la oficina del Defensor del Pueblo porque antes, la Administración, o ha hecho oídos sordos o no ha respondido convenientemente. A partir del informe anual de la institución, Ángel Gabilondo ha hecho, así, una radiografía del estado social en el que viven las personas en España. “A pesar de los esfuerzos administrativos, la ciudadanía a menudo percibe una Administración distante, inaccesible o ineficiente, y reclaman una respuesta más ágil y eficaz”, ha afirmado Gabilondo.

En 2024, el Defensor del Pueblo tramitó 34.629 expedientes, de los cuales resultaron 2.501 resoluciones dirigidas a las administraciones (1.190 recomendaciones, 843 sugerencias, 464 recordatorios de deberes legales y 4 advertencias). Además, se iniciaron 185 actuaciones de oficio y se analizaron 42 solicitudes de recurso al Tribunal Constitucional.

Geográficamente, la mayoría de las quejas llegaron desde la Comunidad de Madrid (8.031), Andalucía (4.155), Cataluña (3.441) y la Comunidad Valenciana (3.231). Por ámbitos de actuación, los más recurrentes fueron la Administración de Justicia, Seguridad Social y Empleo, Función y Empleo Público, Asilo, Migraciones, Interior, Educación, Sanidad, Medio Ambiente y Vivienda.

Entre los problemas que han centrado su intervención, destacan también la salud mental de los menores, la protección de las mujeres mayores víctimas de violencia de género y los menores víctimas de la violencia vicaria, las personas desparecidas y fallecidas en el trayecto migratorio y las declaraciones e informes de impacto ambiental.

Sobre vivienda, Gabilondo ha insistido en la dificultad para acceder a viviendas asequibles, el alto coste del alquiler, la demora en ayudas y la escasez de vivienda protegida. Además, ha señalado que la institución recibe más quejas sobre desahucios que sobre la ocupación ilegal. 

Ha hecho hincapié en el informe Retos de la inclusión financiera. Servicios bancarios y personas vulnerables, en el que se incluyen 32 recomendaciones a las administraciones competentes para garantizar el acceso a un servicio esencial como el bancario. Otros asuntos en su comparecencia han sido los relativos a las actuaciones realizadas para la protección de los usuarios de productos financieros y consumidores en sectores energéticos o las recomendaciones formuladas para la implantación de zonas de bajas emisiones en diferentes ciudades y municipios. 

Y ha vuelto a recordar la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran habitantes de la Cañada Real por la falta de suministro eléctrico desde hace más de cuatro años. En el año en el que se conmemora el 600 aniversario de la constatación de la presencia del Pueblo Gitano en la Península Ibérica, Gabilando ha asegurado, además, que la institución está vigilante ante cualquier forma de discriminación hacia estas personas.

Asimismo, ha repasado la labor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). En 2024 el MNP formuló 514 resoluciones, tras visitar centros penitenciarios, centros de internamiento de menores infractores, calabozos policiales y judiciales, y centros de detención de extranjeros.

El Defensor ha agradecido la labor que realizan las personas que trabajan en esos centros de privación de libertad reconociendo que, a menudo, se enfrentan a problemas estructurales de organización y plantillas insuficientes, lo que afecta a su trabajo y a su seguridad. “Estos colectivos demandan atención a su situación laboral, medios disponibles y recursos para la formación continua, crucial para afrontar su compleja tarea diaria”, ha reivindicado.