México y las elecciones al Poder Judicial

El pasado 1 de junio, México eligió por primera vez en su historia a los nuevos miembros del Poder Judicial. Este hecho inédito se deriva de la Reforma al Poder Judicial aprobada en septiembre de 2024, promovida por el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, como parte de su agenda de transformación política para la regeneración democrática, el proceso conocido como 4ª Transformación (4T).

En un país que registraba unos niveles de impunidad que algunos investigadores cifraban en un 99%; donde los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eran de una obscenidad insultante en una sociedad que tenía más del 80% de su población bajo líneas de pobreza; y la discrecionalidad y corrupción de jueces y magistrados, así como su nepotismo en las altas esferas, era un hecho; la reforma judicial fue presentada como un avance para poner freno a los desmanes de un poder elitista. Su apoyo popular fue mayoritario, aunque en nuestros medios y en nuestra academia prácticamente sólo se haya escuchado a los analistas liberales preocupados por la vulneración a la división de poderes y el Estado de Derecho que iba a suponer dicha reforma, curiosamente, dos elementos bastante ausentes en México hasta el inicio de la 4T.

Esta misma visión negativa se ha trasladado a las elecciones al Poder Judicial, presentándola como una anomalía incompatible con la democracia liberal, aunque votar a los jueces sea una práctica que se da también en algunos estados de EE.UU. Sin embargo, a diferencia de EE.UU., en el caso de México la reforma somete a este poder del Estado a la voluntad popular en distintos niveles y ámbitos: desde la SCJN hasta los jueces y juezas de distrito, pasando por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Tribunal de Disciplina Judicial o los tribunales de las distintas entidades federativas que componen la República Mexicana. La cantidad de cargos a elegir en las pasadas elecciones, y la demora en el proceso de votación derivada de ello, ha sido uno de los elementos destacados también para criticar esta novedosa iniciativa que, no obstante, tiene otro antecedente en la región, el caso de Bolivia.

Por otra parte, quienes están en contra de que los jueces y juezas se sometan a elecciones ciudadanas arguyen que la gente no tiene conocimientos suficientes para evaluar los currículums de los candidatos, que se puede caer en un populismo que desvirtúe los criterios técnicos que deberían considerarse en la selección o que esta elección comporta una politización del Poder Judicial que puede derivar en un populismo judicial, es decir, que el Poder Judicial acabe actuando en función de lo que genere más aplauso del pueblo. La presión popular se presenta como un elemento negativo, que desvirtúa la democracia. Pero, por supuesto, que durante décadas, por no decir siglos, hayan sido los sectores más adinerados y con mayor poder económico o político quienes hayan ejercido de facto esta presión, no ha sido problemático para los mismos que destacan los riesgos actuales del “populismo”.

Es evidente que los argumentos de los detractores de la votación ciudadana al Poder Judicial parten de varias falacias: presentar las leyes y el Derecho como ámbitos ajenos a las ideas políticas, asumir que el modelo de selección previo era más ecuánime al estar restringido a una élite epistocrática que sería la única capaz de evaluar la idoneidad de los distintos perfiles, evaluar que los ciudadanos tienen menos capacidades de elegir a sus representantes e intereses menos lícitos que los de un cuerpo corporativo, o destacar los riesgos de politización del nuevo proceso de selección que pondrían fin a la imparcialidad e independencia que supuestamente caracterizaba, para ellos, a los poderes judiciales.

Es inevitable no ver detrás de algunos argumentos concepciones de la democracia que no logran ocultar el elitismo de quienes se resisten a compartir el poder y abandonar sus privilegios sociales. De trasladarse su lógica a otro tipo de procesos electorales, derivarían en la defensa del regreso al sufragio censitario o de gobiernos tecnocráticos que, como se sabe perfectamente en Europa, han sido la llave para la aplicación de políticas de austeridad que tienen detrás una visión altamente ideológica, esto es, neoliberal, revestida de apoliticismo.

Por otra parte, la presunta falta idoneidad de los candidatos parte de la deshonestidad de no reconocer los pesos y contrapesos establecidos en el diseño del proceso para garantizar la competencia jurídica de las candidatas y candidatos. Esto implica que las personas candidatas a ser elegidas en los distintos niveles debían contar con un título de abogado, cartas de recomendación y presentar un ensayo al Comité de Evaluación que, a su vez, a través de un sorteo ha reducido el número de candidatos y garantizado la imparcialidad. Además, los poderes legislativo y ejecutivo han podido establecer vetos.

Sin embargo, una de las principales alertas que hemos escuchado o leído estos días deriva precisamente de las irregularidades y errores que se habrían producido en este proceso de selección de candidaturas, donde se habrían colado candidatos que podrían acabar defendiendo los intereses del crimen organizado. Se trata de un argumento que, sin dejar de ser cierto, es deshonesto. Cualquiera que conozca el funcionamiento del poder en México sabe que la capacidad de presión del narcotráfico a todo tipo de autoridades es un elemento estructural que va a mantenerse ahí, latente o visible, en tanto no se ponga fin por completo al gran poder de corrupción, o de chantaje, con que cuentan los grandes cárteles de la droga. Por tanto, destacar la presencia de candidatos con presuntos vínculos con el narcotráfico como si se derivara del nuevo proceso de elección y estuviera ausente en las redes de corrupción preexistentes, es ocultar que, precisamente, el objetivo de esta elección es acabar con esas dinámicas previas. En cambio, poco se ha hablado de que el Poder Judicial mexicano ha estado al servicio del poder económico, ejerciendo de actor político a través del bloqueo de iniciativas gubernamentales que pretendían recuperar el poder del Estado frente al mercado.

La elección del Poder Judicial es también lucha de clases

Lo inédito de un proceso que se encuentra en fase de ensayo y error plantea un escenario abierto donde, de momento, no se pueden evaluar todavía logros concretos, más allá de la democratización que implica someter la elección de todos los poderes del Estado al pueblo. Las preguntas del qué pasará después de las elecciones se superponen a cualquier certidumbre. Sin duda, tanto la reforma judicial como la elección de los integrantes del Poder Judicial generan grandes retos en un Estado como el mexicano, todavía penetrado por el narcotráfico en distintos niveles y cuya economía y seguridad están íntima y fatalmente vinculadas con la de EE.UU., a pesar de los cambios que se han producido desde que la 4T se puso en marcha. Además de las complejidades técnicas de adaptarse a la nueva realidad o del debate sobre el encaje constitucional de la reforma judicial, que sigue coleando en ámbitos jurídicos y académicos, está el desafío político y social que tiene ante sí la sociedad mexicana.

Desmontar las arraigadas redes clientelares corruptas, desplazar del poder económico, político, mediático y judicial a esa “mafia que se adueñó de México”, parafraseando el título de uno de los libros que López Obrador publicó antes de ser presidente, no es tarea fácil, por mucha voluntad política que se tenga. Implica cambios en muchas esferas: económicas, sociales, políticas, judiciales, mediáticas pero, también, culturales. Transformaciones que se dan en un contexto de amplio respaldo popular a las decisiones políticas que emanan de la Presidencia de la República, encabezada por Claudia Sheinbaum, a pesar de la baja participación en estas elecciones al Poder Judicial, pero que deben enfrentar la oposición de aquellos sectores sociales que, si bien minoritarios demográficamente, continúan teniendo un potente altavoz mediático en su país y en el extranjero, relacionado con su inveterado poder de clase y sus alianzas con los sectores dominantes internacionales.

Como se ha visto en toda experiencia de transformación política en América Latina y el Caribe a lo largo de los últimos siglos, a esta labor de las desplazadas clases dominantes se unen los sectores de una “clase media” que demuestran sin ambages su pulsión golpista frente a gobiernos de la izquierda, aunque estos no pretendan romper con el marco de relaciones sociales capitalistas. México no es ninguna excepción, el pasado domingo esta escuálida “clase media” se manifestó contra las elecciones al Poder Judicial rescatando algunos lemas desmedidos que hemos escuchado en otras latitudes: “México marcha por la libertad. No al comunismo. No a la ley censura. Revocación Ya. Justicia Independiente”. A la vanguardia de esta lucha por recobrar quién sabe qué libertad perdida está la gente nice, la “gente de bien” en palabras de Feijóo, esa que en las sociedades latinoamericanas está en la cúspide de las jerarquías pigmentocráticas heredadas del orden colonial por su blanquitud. Desde su atalaya social desarrollan una particular autopercepción del mundo, que no sólo ve comunismo en cualquier medida socialdemócrata sino que confunde tener dinero con tener mayor capacidad intelectual o política.

Pero los tiempos están cambiando en México y el poder económico no podrá contar ya con el Poder Judicial para hacer y deshacer a su antojo con la misma impunidad que antes. Quienes han mandado siempre por mandato cuasi genético asisten horrorizados al derrumbe de su orden por culpa de unos indígenas, morenos, mestizos –y también blancos como ellos, para su estupefacción– que se les rebelan. De esa preocupación habla Nuevo orden, la película que hizo en 2020 Michel Franco. Un filme que no empatiza con los secularmente agraviados, sino que los expone como bárbaros, iletrados y resentidos, presentados, además, como una peligrosa turba guiada por un poder político mesiánico. Esta misma cosmovisión, tan “clasemediera latinoamericana”, está detrás de quienes hoy nos alertan de la ruptura del Estado de Derecho en México mientras, en un hecho histórico, un indígena mixteco, abogado defensor de pueblos indígenas y de Derechos Humanos donde esta labor es sinónimo de jugarse literalmente la vida, Hugo Aguilar Ortiz, será con toda probabilidad el próximo presidente de la SCJN elegido por votación popular. Si esto no es lucha de clases, que baje Marx y lo vea.