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Vuelve Aznalcóllar 27 años después del desastre

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Economía

Vuelve Aznalcóllar 27 años después del desastre

Los grupos ecologistas anuncian que llevarán a los tribunales la autorización concedida por la Junta de Andalucía para el nuevo proyecto.

El consejero Paradela en una foto de familia con la Corporación municipal del Ayuntamiento de Aznalcóllar. JUNTA DE ANDALUCÍA
Olivia Carballar
03 junio 2025 Una lectura de 4 minutos
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La Junta de Andalucía ha autorizado la reapertura de la mina de Aznalcóllar 27 años después de uno de los mayores desastres medioambientales de Europa. Era el último trámite de la Administración autonómica para dar vía libre al inicio de los trabajos de construcción de esta nueva mina en la misma zona donde se produjo el vertido de lodos tóxicos al río Guadiamar tras la rotura de la balsa, a las puertas de Doñana. 

El proyecto, según ha informado la Junta, supondrá una inversión cercana a los 500 millones de euros y generará en torno al millar de empleos directos, indirectos e inducidos durante la fase de construcción y unos 2.000 durante la fase de operación. La explotación cuenta con una vida estimada de al menos 20 años, incluyendo las labores preparatorias del proyecto minero, según ha detallado el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, que se reunió el pasado 30 de mayo con el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández (IU).

«Hoy es un día muy grande para la minería en España. La minería del siglo XXI empieza hoy«, dijo el alcalde, que dio las gracias a la Junta, a los sindicatos, patronal, empresarios «y a todos los que han creído en esta lucha y en que el pueblo de Aznalcóllar podía salir de las colas del paro». «Hoy la mina de Aznalcóllar es una realidad, Aznalcóllar tiene su mina, la comarca tiene su mina y los 8.000 mineros que estaban esperando que este proyecto saliera adelante porque el futuro de la minería en Andalucía pasaba por las minas de Aznalcóllar», añadió.

La futura explotación minera cuenta con reservas de unos 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (zinc, plomo y cobre), con una producción media estimada de 2,7 millones de toneladas por año.

Los ecologistas denuncian la decisión «temeraria»

Los grupos ecologistas ya han anunciado que llevarán a los tribunales este nuevo permiso por considerarlo “temerario y contrario al interés general de la ciudadanía”. Para Ecologistas en Acción, ha habido tiempo más que suficiente para buscar alternativas económicas viables que no dependan de la minería. «Sin embargo, alertamos de una especie de enganche colectivo a esta industria, que impide visualizar otras opciones. La minería, ofrece rentabilidad a corto plazo, pero genera un impacto irreversible en los ecosistemas y en la salud de las personas».

Para la organización no existe una minería sostenible: «Los residuos generados permanecerán activos indefinidamente, con potenciales riesgos continuos«.

La plataforma Salvemos Doñana tampoco ve compatible con Doñana el proyecto minero. «La corta de Aznalcóllar fue utilizada durante años como vertedero de diversos materiales como restos de escombreras y fangos de la planta depuradora de agua, que se mezclan allí con aguas mineras de diversa naturaleza como escorrentías y relaves. En esta corta, además, se han vertido a lo largo de los años otros lodos, vertidos y residuos contaminados de diversa procedencia, entre ellos, los 7 hm3 de lodos y aguas tóxicas recogidos tras la rotura de la presa de la corta y el consiguiente vertido al río Guadiamar en 1998». 

Ecologistas en Acción también cuestiona la idoneidad de la empresa adjudicataria del nuevo proyecto, Minorbis-Grupo México: «Esta multinacional tiene un largo historial de desastres ambientales, entre ellos el del río Sonora en 2014, y aún arrastra responsabilidades por el derrumbe en Pasta de Conchos, en el que quedaron atrapadas 65 personas trabajadoras».

Desde los colectivos ecologistas insisten en que la comarca tiene futuro más allá del modelo extractivo: «Apuntamos a la riqueza forestal y ganadera de la zona, con montes públicos que abarcan miles de hectáreas, y que podrían ser la base para una economía sostenible que genere empleo, respete el entorno y garantice el bienestar de la población».

Un informe reciente elaborado por investigadores de la Universidad de Sevilla y de Huelva intenta hacer ver a la ciudadanía y también a las administraciones la necesidad de otorgar una moratoria a los nuevos proyectos mineros previstos en la zona para poner sobre la mesa los impactos que ya están generando: en las aguas, la agricultura, la pesca, el medio ambiente e incluso la salud humana.

Una de las principales advertencias es la disponibilidad de agua potable: “El actual proceso de reactivación minera tan atroz, independientemente de los desastres que pueda originar, puede comprometer a medio plazo la disponibilidad de agua potable”. 

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