À Punt, víctima de la misma historia que acabó con Canal 9

Este artículo se publicó originalmente en Catalunya Plural. Puedes leer en catalán aquí.

À Punt, la cadena pública de la Comunidad Valenciana, ha cesado al jefe de informativos, Iván Esteve, que lideró la cobertura de la dana. En el cargo desde octubre de 2023, está considerado como el máximo responsable de la excelente cobertura periodística de la catástrofe. La paradoja es evidente: los responsables de la Generalitat, que con su inacción agravaron los efectos de la dana, destituyen a quien realmente estuvo a la altura de la tragedia. La historia que llevó al cierre de Canal 9 se repite: un régimen de miedo y censura para convertir una televisión pública en un instrumento de propaganda.

À Punt actuó de muro de contención frente a los bulos que proliferaron en Valencia durante las inundaciones. El despliegue y seguimiento que hizo À Punt en directo de los estragos constituyen testimonios de enorme valor, con información y entrevistas en tiempo real de todo lo que estaba ocurriendo. Estos documentos son ahora de gran valor para la investigación judicial. La cadena alcanzó datos de audiencia históricos, y su labor ha sido reconocida con un Premio Ondas en 2024 y con diversos premios por parte de los municipios afectados.

Desde el mismo día en que Partido Popular y Vox se hicieron con el poder tras las elecciones del 23 de mayo de 2023, el objetivo era desmantelar el equipo que dirigía À Punt. Tal es así, que el día de la dana, el presidente de la Generalitat estaba, según su versión, con la periodista Maribel Vilaplana, para ofrecerle la dirección de la cadena pública. Al final, en enero, el candidato elegido fue Francisco Aura, director de operaciones de Trece TV, la cadena de la Iglesia católica española. Mientras que el nuevo presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) era Vicente Ordaz, exdirector de Informativos de COPE Valencia. El nuevo jefe de informativos es Josep Magraner, quien entró en el departamento de comunicación de la EMT al final del último mandato de Rita Barberá.

Partido Popular y Vox consuman así el relevo en la cúpula de À Punt. Es como el primer capítulo de la historia que llevó al cierre de Canal 9. Un día clave en este proceso fue el 7 de abril, cuando el Consejo de administración de la televisión valenciana disolvió el Consell d’informatius de À Punt. Este consejo, tenía como mandato, “velar por la imparcialidad, la calidad, el rigor y los derechos colectivos ante posibles interferencias no profesionales y otras malas prácticas”. Es un mecanismo del que disponen TV3, Canal Sur, EiTB y RTVE. 

Una historia negra

El 29 de octubre del 2015, las Cortes Valencianas aprobaron iniciar el camino hacia la reapertura de Canal 9. La nueva mayoría formada por PSOE, Compromís y Podemos enmendaba así la decisión del Partido Popular de cerrar la cadena. En 2018, con el nombre de À Punt, la radio y la televisión pública tuvieron una segunda oportunidad en la Comunidad Valenciana. Pero tras ocho años de gobierno progresista, el PP, esta vez con Vox, volvió a recuperar el poder de la Comunidad Valenciana en las elecciones del 28 de mayo de 2023. À Punt estaba en el ojo del huracán. Hasta ahora, en que han conseguido su objetivo.

La Radio Televisión de Valencia (RTTV), conocida como Canal 9, acumulaba en julio de 2012 más de 1.200 millones de deuda. La Generalitat valenciana, gobernada por el Partido Popular, aprobó un expediente de regulación de empleo (ERE) que ordenaba el despido de 1.198 de sus 1.643 trabajadores. Todos los sindicatos del sector presentaron demandas colectivas impugnando el ERE, que fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo el 5 de noviembre de 2013. La respuesta del gobierno de Alberto Fabra fue el cierre de la cadena ese mismo día, ante la supuesta imposibilidad de readmitir a los más de mil trabajadores despedidos. La Valenciana fue la primera Comunidad con lengua cooficial en quedarse sin una televisión autonómica pública.

Los periodistas de Canal 9 se resistieron al cierre y ‘tomaron’ el control de la cadena. En aquellos únicos 24 días de libertad, los periodistas explicaron todo lo que no habían podido contar durante diecisiete interminables años. Rompieron, de repente, silencios que eran fruto del miedo, porque todos sabían que los disidentes acababan perdiendo el puesto de trabajo. Algunos callaron para salvar el empleo. Y luego descubrieron que, precisamente, ese fue el error que los llevó a perderlo. Porque la realidad que explicaban en los telediarios no era la que vivían los valencianos y eso les hizo vulnerables, frágiles. Tanto, que el Gobierno de la Generalitat se atrevió a cerrarlos. La distancia entre la realidad inventada y la inevitable era de unas dimensiones que ni el PP se veía con fuerzas de salvarla con la manipulación. Y prefirió el silencio definitivo.

Del accidente de tren a la dana

Para entender los dos momentos vividos por la cadena pública valenciana podemos comparar el tratamiento de dos tragedias. La primera bajo el férreo control del Partido Popular. Y la segunda, durante el interregno entre las elecciones y la toma del poder por parte de PP y Vox.

El caso más paradigmático de la historia de Canal 9 es el del accidente del metro de Valencia ocurrido el 3 de julio de 2006 y en el que murieron 43 personas. Eran los años del poder absoluto del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y el accidente, que ponía en evidencia la mala gestión y la falta de inversiones en el metro, fue cubierto por una espesa capa de silencios, roto solo por la actitud valiente de algunos periodistas de Valencia. Hasta que, en abril de 2013, Salvados logró ‘reabrir’ el caso en prime time.

Seis meses después, la Generalitat cerraba Canal 9 y durante los 24 días que duró la rebelión de sus periodistas, los familiares de las víctimas del accidente del metro fueron invitados por primera vez al canal público para contar su historia. Los siete años de ‘silencio oficial’, el programa de Salvados y el perdón que los periodistas de Canal 9 pidieron a las víctimas del metro de Valencia constituyen una metáfora apropiada para explicar aquellos tiempos de crisis de buena parte del periodismo en España.

La manipulación de las cadenas autonómicas por parte del Partido Popular va mucho más allá de Valencia. Dos ejemplos. Los trabajadores de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) también mantienen protestas “para preservar la objetividad, imparcialidad, veracidad y neutralidad informativa”. El 25 de mayo de 2018, pusieron en marcha, como en TVE, los venres negros, en los que los profesionales visten de negro como señal de protesta. Durante años los profesionales protagonizaron los venres negros y las movilizaciones organizadas por la plataforma Defende a Galega.

Mientras, en Andalucía, los profesionales de Canal Sur denuncian la “creciente manipulación” por parte de la Junta. Su consejo de informativos ha contabilizado hasta 470 malas prácticas en un análisis de 182 días. En Telemadrid, las injerencias aún son más graves. Y el control, también. Lo que acalla los movimientos de protesta.