Primera víctima de torturas del franquismo ante la Fiscalía: “Es un gran día para la memoria”

Blanca Serra, la primera víctima de torturas de la policía franquista que declara ante la Fiscalía, se ha mostrado esperanzada en que esta investigación sirva para «abrir archivos» policiales que permitan reconstruir el pasado y para que la juventud sepa qué sucedió: «Hoy es un gran día para la memoria».

Serra ha comparecido este lunes ante la fiscal delegada de Memoria Democrática de Barcelona, Sara Expósito, a raíz de la denuncia que presentó ante el Ministerio Público para pedir que se investiguen las torturas que sufrió en 1977 en la comisaría de la Via Laietana de Barcelona, cuando fue detenida por la policía franquista.

La Fiscalía abrió diligencias a raíz de la denuncia presentada por Blanca Serra, en su primera investigación para indagar las torturas perpetradas durante el franquismo en base a la ley de Memoria Democrática de 2022, que insta a llevar a cabo procesos que permitan satisfacer «el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición». 

La investigación deriva de la denuncia que Serra (Barcelona, 1943) presentó por los tratos vejatorios y torturas sufridos durante sus detenciones entre 1977 y 1982 en la comisaría de la Via Laietana de Barcelona junto a su hermana Eva, ya fallecida y con la que compartía militancia en la izquierda independentista catalana.

«Hay que seguir hablando de lo que pasó»

El Ministerio público anunció que abría por primera vez diligencias penales para indagar las torturas sufridas por Blanca Serra –ceñidas a lo sucedido en 1977, antes de la Constitución– después de que la justicia haya rechazado reiteradamente investigar los crímenes contra la humanidad del franquismo, escudándose en que la ley de amnistía lo impide.

Blanca Serra ha acudido a la Fiscalía de Barcelona arropada por decenas de compañeros de militancia, así como por los líderes de la asociación proderechos humanos Iridia y Òmnium Cultural, que la representan con sus servicios jurídicos, además de la ANC y el Consell per la República.

Ha comparecido cerca de dos horas ante la fiscal, a la que ha hecho un repaso «exhaustivo» de las torturas que sufrió en sus cuatro detenciones, entre 1977 y 1982, en una declaración que confiesa que le ha dejado una sensación extraña: «Siempre he estado en el lado de los acusados y esta vez era la acusadora. Me va a costar digerirlo«.

La activista se ha mostrado esperanzada en que el proceso abierto por la Fiscalía permita «abrir los archivos» para acceder a los expedientes judiciales y policiales que permitan identificar a sus torturadores, una documentación que hasta ahora la administración le ha denegado amparándose en la ley de protección de datos y de patrimonio histórico.

Para la activista, que ha accedido a la Ciudad de la Justicia apoyada en un caminador por sus problemas de movilidad, hoy supone «un gran día para la memoria y para recuperar el pasado», así como para «visibilizar» la violencia infligida por el franquismo a sus disidentes políticos, en especial «la persecución por género».

«He hecho esta denuncia en mi nombre y el de mi hermana, ya fallecida, y de toda la gente que ha pasado por Laietana 43», ha proclamado Serra.

La activista entiende imprescindible «seguir hablando de lo que pasó», especialmente para que la juventud conozca la violencia del régimen franquista: «Vivimos el 50 aniversario de la muerte del dictador y hay muchas cosas que no han cambiado».

«Crímenes de lesa humanidad que no prescriben»

Serra espera que, si el caso no tiene «continuidad judicial», sirva al menos para «cambiar» el proyecto de reconvertir la comisaría de Via Laietana de Barcelona en un espacio de memoria que mantenga el uso policial actual. «Es intolerable que torturadores y torturados compartamos el mismo espacio», sostiene.

Por su parte, Anaïs Franquesa, directora de Iridia, ha lamentado que el proceso abierto con la denuncia de Blanca Serra «llega muy tarde», por lo que muchas víctimas han muerto sin tener oportunidad de declarar, y ha advertido de que «queda mucho trabajo por hacer».

Para la directora de Iridia, las torturas de la dictadura «se tienen que investigar, juzgar y condenar, si queremos vivir en una democracia plena», sin que se puedan archivar por prescripción, dado que fue una violencia «sistemática de un régimen dictatorial contra sus opositores políticos».