Javier Burón: “Algunos se oponen a las políticas de vivienda porque están defendiendo su interés de clase”

Javier Burón (Bilbao, 1974) se autodefine como “viviendista”, que es una forma de resumir una larga carrera dedicada a las políticas de vivienda. Burón ha sido consultor, abogado, viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco, gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona y actualmente dirige la empresa pública de suelo industrial del Gobierno de Navarra. Acaba de publicar con la editorial Arpa El problema de la vivienda: cómo desactivar la bomba de relojería que amenaza con colapsar España, donde explica con un lenguaje sencillo los orígenes y las posibles soluciones a uno de los grandes problemas sociales de nuestro país, que ya es la principal preocupación de la ciudadanía.

¿Cómo se manifiesta la crisis de la vivienda en España?

En la lucha en nuestras ciudades entre los usos del parque de viviendas para cuestiones de corto plazo y especulativas y los usos a medio y largo plazo, mucho menos lucrativos. En lo primero se nos ha ido la mano. Si sumamos viviendas de alquiler turístico, de temporada, expats y nómadas digitales, alquiler de habitaciones, segundas residencias… Todos los fenómenos de gente que usa temporalmente la ciudad y tiene un poder adquisitivo más alto que sus habitantes están repercutiendo fuertemente sobre la oferta, restringiendo el uso residencial a largo plazo. Uno por uno no hay problema, pero como no tenemos políticas públicas potentes, sufren sobre todo los trabajadores de rentas medias y medias-bajas locales. Hay ganadores: quien tiene inmuebles para arrendar están viviendo una época dorada.

¿Cuáles son las cifras de este desequilibrio?

El 97% de las viviendas están en manos privadas y el 3% en manos de administraciones o entidades del tercer sector. En ese 97%, están las personas que viven en su única vivienda de propiedad o que tienen muy pocas viviendas, pero también operadores mercantiles que poseen muchas viviendas. En otros países el equilibrio privado-público es 80-20, 70-30, 60-40… En España tenemos muy poco parque público de vivienda social o asequible.

La otra cifra es que tenemos un 75% de propiedad y un 25% de alquiler. Si lo comparamos con nuestros homólogos europeos, muchos tienen un 35%, un 40% o un 50% de la población en alquiler. No tenemos suficiente alquiler.

¿Cuál es el origen de la crisis de la vivienda en España?

No hay una sola causa. Arrastramos la historia del franquismo, que apostó por un modelo que permitía a las clases trabajadoras acceder a la vivienda con pisos de protección oficial descalificables [que podían perder la protección y acabar en el mercado privado]. Ese modelo funcionó para aquellas generaciones, pero no para las posteriores. A las posteriores se les ha ofrecido vivienda de mercado con alquileres e hipotecas caras.

El franquismo, el felipismo y el aznarismo inmobiliario generaron más de 6 millones de viviendas protegidas, la mayoría durante el franquismo. En la década de la burbuja se produjeron 6 millones de viviendas de mercado y el precio en vez de bajar subió: el suelo un 400%, la vivienda un 200%.

En su libro propone una larga lista de medidas para solucionar la crisis de vivienda. ¿Cuál sería el top3 de políticas más importantes?

Las tres C: construir, comprar y captar vivienda. De estas, hay dos C que te llevan a la rehabilitación: cuando compras y cuando movilizas vivienda vacía. Todo eso lo tiene que hacer directamente la administración, con socios. El servicio público tiene que ser muy potente pero también tiene que haber colaboración público-privada con entidades sin ánimo de lucro (cooperativas y fundaciones) y con el sector privado, pero poniendo líneas rojas: no se vende ni un metro cuadrado de suelo público y no se descalifica ni una sola vivienda protegida.

Defiendo caminar hacia un 30% de vivienda protegida, social y asequible, con unos precios al menos un 30% inferiores a los del mercado y que se pueda pagar con el 30% de los ingresos familiares. Eso es un proyecto de país, no se puede hacer mañana mismo.

¿Cuáles son los obstáculos para aplicar estas políticas?

La clase social juega un papel, y la posición generacional también. Mucha gente de sesenta y tantos años son hijos del franquismo inmobiliario, tienen su vivienda pagada. Además, si tienen alguna vivienda más y está en zonas de mercado tensionado, están ganando dinero sin trabajar. Algunos se oponen a las políticas de vivienda porque no quieren que baje la rentabilidad, están defendiendo su interés de clase.

La experiencia de muchos millenials es haber estudiado, trabajado… Han cumplido su parte del contrato social y ven que a sus abuelos se les ofreció vivienda pública en propiedad, a sus padres vivienda de mercado con hipotecas y a ellos malos alquileres y la sensación de que no tendrán vivienda de propiedad asequible. Esta generación quiere cambios. No va a ser fácil hacer la tortilla sin romper huevos.

¿Hasta qué punto ha funcionado la regulación de precios de la Ley de Vivienda? ¿Es cierto que ha reducido la oferta de pisos, como preveían quienes se oponían a la norma?

La ley lleva muy poco tiempo aplicándose y solo en Cataluña. De momento, estamos viendo que el precio baja y que una parte de la oferta se está llevando ilegalmente hacia contratos de temporada que no lo son. Sobre si la oferta aumenta o baja: en España cada vez más gente vive de alquiler, el stock de viviendas en alquiler está creciendo.

Según el censo de viviendas del INE, en 2021 había 3,8 millones de viviendas vacías en España. ¿Bastaría con legislar para que estas viviendas se dediquen a alquiler asequible?

La clave es dónde están. En las coronas urbanas de las grandes ciudades no hay un nivel alto de vivienda vacía, porque son zonas de mercado tensionado. El primer programa potente de captación de vivienda vacía es de 2003, de Euskadi, y llevó miles de viviendas captadas y dedicadas al alquiler público. Debemos tener programas públicos para captar las viviendas vacías (incentivos al alquiler, diálogo con la propiedad, ofrecer incentivos fiscales), pero en las zonas tensionadas es poca solución.

Una de las personas a las que dedica el libro es Vanesa Valiño. ¿Nos puede explicar quién fue y qué significó para la lucha por el derecho a la vivienda?

Vanesa fue jefa de gabinete de los dos concejales de Vivienda de los ‘comunes’ en Barcelona, Josep Maria Montaner y Lucia Martín. Fue una figura muy relevante que nos dejó prematuramente. Tiene mucha trascendencia por su labor de activismo, política y gestión de la cosa pública. Además de dedicárselo por lo que representa, creo que debe haber un diálogo entre activismo, mundo político, academia y profesiones de la gestión pública.