“Construir más pisos no va a funcionar”

En lo que se refiere a la vivienda «estamos en el peor sitio posible en el peor momento posible». Así lo cree el periodista y escritor Jorge Dioni López, quien participó el pasado sábado junto a la abogada y politóloga Alejandra Jacinto en una jornada dedicada reflexionar sobre el derecho a la vivienda. Su título: «El desafío de la vivienda: personas o negocio». El evento, organizado por el movimiento Hábitat 24 y desarrollado en la sede de CC. OO. en Madrid, constó de varias conferencias y coloquios con los asistentes y se concibió como prólogo de la manifestación convocada para el próximo 9 de febrero.

Mientras López hizo un recorrido por las razones históricas y económicas que han llevado a España a la actual situación de emergencia habitacional, Jacinto abordó el problema desde el punto de vista legal. A juicio de la exdiputada en la Asamblea de Madrid, el derecho a la vivienda, si bien no está considerado como «fundamental» en la Constitución española, sí que puede considerarse como un «derecho humano». Así pues, el artículo 10.2 de la Carta Magna «nos salva». Ese artículo dice que «todos los tratados internacionales se tienen que aplicar en nuestro país como derecho interno», explica Jacinto. Entre estos tratados están la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Social Europea revisada o el Pilar Europeo de Derechos Sociales.

No faltan, por tanto, instrumentos legales para ejercer este derecho en España y sin embargo, no se cumple: existe de iure pero no de facto. Hay múltiples razones que explican esta negligencia.

Una de ellas es el modelo económico impuesto durante la dictadura: «El sector de la construcción fue uno de los grandes vencedores de la guerra. Se aprovechó del trabajo esclavo, de las expropiaciones, de la legislación franquista. Si uno rasca un poquito en todas las empresas constructoras actuales, acabará llegando a ese trabajo esclavo. Es un sector, además, que va comiéndose el territorio sin descanso, utilizándolo de manera invasiva y especulativa, en especial a partir del Plan de Estabilización, que le dio al turismo una importancia preeminente», explica Jorge Dioni López. Según el autor de La España de las piscinas, «somos hijos de la revolución franquista. Y no hubo otra revolución posterior que corrigiera eso. Hubo simplemente una transición».

Otra de las razones, en opinión de Alejandra Jacinto, está en la división competencial del Estado español. Existe, en efecto, una legislación que protege el derecho a la vivienda, pero tiene que ser desarrollada por las Comunidades Autónomas. Y en su inmensa mayoría no lo han hecho ni tienen intención de hacerlo. «Desde las administraciones públicas no es que no se haya hecho nada, es que incluso se ha favorecido ese proceso político de expropiación de nuestras vidas y de nuestros derechos», asegura la abogada, experta en el ámbito de la vivienda y miembro de la comisión jurídica de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. «La función de la Administración pública no es el bien público –coincide López–. El objetivo no son los ciudadanos. El objetivo es el sector privado».

«Estamos en el peor sitio posible y en el peor momento posible, como dice Jorge Dioni», asentía Jacinto. Y cuando habla del «peor sitio», se refiere a toda España, porque aquí «el derecho a la vivienda ha sido conculcado sistemáticamente desde hace 47 años», pero señala en particular a la Comunidad de Madrid. «El artículo 148 atribuye la política de vivienda de forma plena a las Comunidades Autónomas y eso es un problema a día de hoy. Es un problema no por el Estado de las Autonomías, sino porque hay Comunidades que están en rebeldía constitucional permanente y deciden no desarrollar derechos como el de la vivienda».

«La tormenta perfecta»

Jorge Dioni López opina que España está en medio de una «tormenta perfecta» porque al modelo político y económico heredado del franquismo («una sociedad de propietarios afines al régimen») se le suma hoy la obsesiva tendencia del capital internacional por invertir en activos inmobiliarios. «El precio de la vivienda en Madrid subió un 14% en el último año. Eso no te lo da nadie. Ni las criptomonedas. Por eso 2/3 de la riqueza global están invertidos en vivienda», explica López.

¿Pero cómo hemos llegado a este punto? El origen hay que buscarlo en el crack de 2008. Aquel año, «efectivamente se refundó el capitalismo», considera López. «Lo mismo que en Europa y en Estados Unidos, en los años setenta, la producción industrial llega a su fin, en 2008 la especulación llega a su fin, se difumina. Ya no hay lugar para personajes como Gordon Gekko o como El lobo de Wall Street. El capital pasa a especular no con valores que pueden subir o bajar, sino con lo real, con lo muy real: sanidad, defensa, educación y vivienda».

Aquel año, España, fiel a su modelo económico de «crisis-burbuja-crisis», se ve envuelta en una crisis durísima y apuesta por una solución que se olvida de la ciudadanía para complacer a los accionistas: «En vez de crear una empresa pública de vivienda muy fuerte con todos los pisos que venían de las cajas de ahorros, lo que se hace es reactivar el mercado. Se da entrada a fondos de inversión, primero muy especulativos y luego más estables. Esto hace que la vivienda sea algo muy apetecible».

Al interés inversor hay que sumar determinados factores sociológicos que hacen de Europa, y particularmente de España, un destino ideal. Dada la estabilidad política de la región, no se prevén transformaciones legislativas radicales, por lo que Europa se convierte en un refugio perfecto para aquellas personas que escapan de gobiernos autoritarios o simplemente de legislaciones fiscales más exigentes. Con la compra de una casa podrían recibir, además, un pasaporte comunitario. Así pues, el capital puede resguardarse en activos inmobiliarios y las propias personas físicas pueden obtener seguridad. «En Europa no te secuestran ni te tirotean por la calle», ilustra gráficamente López.

Pero no hace falta que se den circunstancias tan serias para elegir España. «Si vives en Copenhague y ganas 5.000 euros al mes, irte a Las Palmas de Gran Canaria de octubre a marzo puede ser una opción muy atractiva», lo que no dejará de tener consecuencias en el mercado inmobiliario local.

Y aunque vivir en España no sea una prioridad, el capital global es perfectamente consciente de la explosión turística que ha vivido nuestro país, sobre todo después de la pandemia de la COVID-19. Se prevé que el año que viene nos visiten más de 100 millones de turistas extranjeros. ¿Dónde dormirán? Los inversores internacionales hace años que están monetizando la respuesta a esa pregunta.

Por eso, a juicio de Jorge Dioni López, «construir más pisos no va a funcionar» a la hora de solucionar la crisis de la vivienda. «No va a funcionar… porque te los van a comprar», remacha.

La Ley de Vivienda de 2023

Construir más pisos fue una de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer frente a la emergencia habitacional. ¿Hacen realmente falta? Es posible que sí, pero a juicio de Alejandra Jacinto no debería tomarse esa decisión sin antes movilizar los 3,8 millones de pisos vacíos que, según las cifras oficiales del INE, hay en España.

¿Cómo hacerlo? Según el presidente, la fiscalidad es una poderosa herramienta para intervenir en los precios del mercado. Alejandra Jacinto cree, no obstante, que el enfoque previsto es totalmente erróneo: no hay que rebajar impuestos a quienes pongan sus pisos en alquiler, hay que «crujir» con impuestos a quien no lo haga. «La lógica, por tanto, debería ser la inversa», afirma Jacinto. «No hay un problema de oferta de vivienda. Hay un problema de uso antisocial de la propiedad privada», agregó.

La abogada, que explicó pormenorizadamente la Ley de Vivienda de 2023, cree que ésta «es una herramienta útil, elaborada con buena voluntad, pero muy incompleta». Uno de los puntos flacos de la ley, según Jacinto, es que la capacidad de declarar «zonas tensionadas» recae en las Comunidades Autónomas. Como alternativa a la hora de «puentear» esta dificultad (dicho de otro modo: para sortear las barreras que el Partido Popular pone en las regiones en las que gobierna), propone ceder esa responsabilidad a los ayuntamientos.

Cuando se trata de grandes tenedores, la ley contempla también una intermediación de las administraciones públicas a la hora de ejecutar los desahucios, proponiendo renegociar los pagos o previendo soluciones habitacionales. Nada de eso está ocurriendo por la misma razón: depende de unas Comunidades Autónomas que hacen caso omiso tanto de esta ley concreta como de los principios rectores de la Constitución española.

Para afrontar esta crisis, Alejandra Jacinto cree que es necesario «prohibir el alquiler de temporada y de habitación» y «caminar hacia el contrato de alquiler indefinido, como sucede en Dinamarca y como sucede con los contratos laborales. La relación es exactamente la misma. Por defecto, que sea indefinido, y a partir de ahí se podrán contemplar determinadas excepciones». Eso, en su opinión, «desincentivaría la especulación y las subidas de precios».

«Tenemos grandes enemigos. Esta batalla es titánica. Pero si tenemos organizaciones políticas y sociales fuertes, podemos intentarlo. Tenemos la obligación de no caer en el derrotismo», dijo Jacinto, quien exhortó a los activistas presentes a difundir la convocatoria de la manifestación que tendrá lugar el 9 de febrero.

La jornada de debate contó también con la participación de representantes de Greenpeace, Ecologistas en Acción, Comisiones Obreras o la Plataforma Cívica Luz para Cañada Real, que ofrecieron diferentes puntos de vista sobre el problema de la vivienda en España.

El movimiento Hábitat 24, que organizó los actos, está compuesto por 39 organizaciones de diversos ámbitos de actuación, comprometidas con los derechos humanos, sociales, la participación vecinal, el medioambiente y los servicios públicos.