Economía | Política
Vivir de alquiler o cuando la inseguridad se convierte en una forma de vida
Un informe del IDRA pide implantar contratos indefinidos para el alquiler siguiendo el modelo de Estados como el francés o el alemán, donde estos se renuevan de forma automática salvo en casos justificados
“Vivir de alquiler en España es sinónimo de inseguridad vital y estrés financiero”. Es la principal conclusión a la que llega el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) en su último trabajo, Vivir de alquiler: inseguridad garantizada por ley, un estudio coordinado por Pablo Pérez, Jaime Palomera y Marta Ill. La organización compara la situación española con la de otros Estados europeos como Francia, Alemania y Países Bajos: “Mientras en estos países los alquileres son por norma indefinidos y sólo pueden rescindirse por causas justificadas, en España sucede lo contrario: los contratos son por definición temporales, y al finalizar el contrato, el inquilino queda completamente desprotegido y puede ser desahuciado sin causa justificada”.
Aunque los precios de la vivienda han experimentado subidas en todo el continente, desde el IDRA aseguran que la inseguridad residencial de los y las inquilinas “es mucho mayor en España que en el resto de la Unión Europea”. Una realidad, la de los arrendatarios, que contrasta con el relato antiokupa.
La situación es especialmente grave en ciudades con mercados tensionados como Madrid y Barcelona, donde el 90% de los contratos son temporales, lo que deja a los inquilinos e inquilinas “a merced de las variaciones especulativas” y de los “desahucios invisibles”, es decir, de las expulsiones sin motivo. Solo un 7,65% de los alquileres tienen algún tipo de protección ante las subidas abusivas del precio: renta antigua o social.
Una configuración mercantil que termina desembocando en grandes beneficios para caseros, agencias y portales inmobiliarios. Por el contrario, en países como Alemania, Austria, Dinamarca, Francia, Suecia o Países Bajos, los contratos son, por defecto, indefinidos, y solo pueden rescindirse ante una causa justificada. “Este tipo de contratos genera una mayor seguridad residencial y protección ante posibles subidas de precio y usos especulativos de la vivienda”, señalan en el estudio.
Una mudanza eterna
Marcos González vive en Barcelona desde hace cuatro años. En este periodo, ha pasado por cinco pisos diferentes. Ha sido en esta última ocasión en la que ha logrado asentarse tras subarrendar habitaciones a otros inquilinos: “Es una inseguridad jurídica total para todos: para el inquilino con contrato legal, que se ve obligado a subarrendar habitaciones ilegalmente para poder hacer frente al coste total del piso, y para que el que subarrienda, porque no tiene contrato ni tiene derechos”, explica el joven.
Como él, la mitad de los inquilinos de entre 35 y 64 años se han visto obligados a cambiar de residencia en los últimos años. En total, según los cálculos del IDRA, tres de cada siete mudanzas son forzosas: “Al final, esto lo que hace es eliminar totalmente el arraigo, que es algo imprescindible en una ciudad a la que llegas de nuevas”, expresa González. En la actualidad, prácticamente la mitad de los hogares no tienen la certeza de poder seguir viviendo en la misma casa en los próximos seis meses.
Asimismo, el informe desmonta el mito del éxodo a la periferia: “La tendencia dominante dentro de la ciudad es la inseguridad residencial, marcada por constantes mudanzas, antes que la expulsión de barrios de mayor a menor renta”, aseguran los y las autoras. Así, en Madrid, solo uno de cada cuatro inquilinos que se mudan terminan en un barrio de renta menor. El resto, o acaban en el mismo barrio o de renta similar (el 52,3%), o en uno de renta superior (23,3%). En Barcelona, los datos son muy similares.
“Se trata de una dinámica derivada de la falta de protección en los contratos: los inquilinos se ven obligados a desplazarse periódicamente para sobrevivir, exponiéndose a precios más caros con cada mudanza”, denuncian desde el IDRA.
Un poco de historia
De acuerdo con el estudio, la situación actual cuenta con una genealogía muy clara: “La desprotección de los inquilinos no es un fenómeno natural: comenzó en 1985 con el Decreto Boyer, que eliminó los contratos indefinidos”, explican en el informe. De esta forma, el Estado acabó con los conocidos como contratos “de renta antigua”. La norma, posteriormente reformada en 1994, tenía como base la premisa de que los alquileres indefinidos reducían la oferta. Los datos, sin embargo, demuestran que esta siguió bajando hasta 2007. “La tendencia sólo cambió con el estallido de la burbuja hipotecaria”, explica el informe.
Esta pérdida de la oferta fue consecuencia de “la orientación del Estado hacia la propiedad como única forma de acceso a la vivienda”, incentivando la compraventa de inmuebles a través de subsidios directos (a promotores) e indirectos (como las deducciones fiscales). El arrendamiento pasó a un segundo plano hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria que expulsó a muchos propietarios de unas casas que no pudieron pagar.
Si bien desde entonces el inquilino ha ido siendo arrinconado en términos legales, “en los últimos años asistimos a un nuevo fenómeno: la hiper-inseguridad, caracterizada por una sustitución de los contratos temporales por alquileres de temporada, con una duración de apenas unos meses”, lo que acaba provocando un incremento de los precios “y mayores beneficios para caseros e inmobiliarias”. Los portales inmobiliarios son también parte del problema: los precios ofertados son casi un 31% superiores a los reales en las grandes ciudades.
Algunas recomendaciones
Además de los datos, el IDRA también recoge recomendaciones de políticas públicas para las diferentes administraciones. En primer lugar, insta a los representantes de la ciudadanía a implantar contratos indefinidos para el alquiler siguiendo el modelo de Estados como el francés o el alemán, donde estos se renuevan de forma automática salvo en casos justificados como la necesidad del casero o la casera de utilizar la propiedad o incumplimientos graves por parte de los inquilinos.
Asimismo, el informe también solicita una regulación de los precios del alquiler, ajustándolos a los “ingresos reales” de los hogares: “El índice de precios debe incluir datos adicionales como el valor catastral, la renta familiar disponible y el desempleo en la zona, y debe contar con un régimen sancionador”, expresan.
Finalmente, el IDRA pide proteger el uso residencial de las viviendas, limitando el alquiler turístico, de temporada y los denominados colivings. Todas estas figuras permiten la evasión de la Ley de Arrendamientos Urbanos y aumentan la seguridad residencial. “Estas modalidades deben estar sujetas a las mismas normas que el alquiler habitual para evitar el fraude y la precariedad”, zanjan.
Todo eso está muy bien cuando sea el estado de arrendador.
Pero los particulares pasado el plazo al que estén obligados por ley, pueden dejar de alquilar sin razón justificado o sin justificar.
Los particulares no tienen por qué dar explicaciones a nadie cuando decidan dejar de alquilar.
Sin razón alguna. Por qué así lo deseen.
Yo, por ejemplo, dentro de 6 o 7 años, pienso empezar a desinvertir y vivir la vida que me quede con el dinero que me den por la venta.
Karla Pisano, portavoz del Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, ha estado en la Sexta para exponer el problema de la vivienda. (vídeo)
En lo que se suponía que era un debate, algunos anticomunistas especuladores y economistas del capital (léase: explotadores) casi no le han dejado hablar, han vuelto a dar fehacientes muestras de su mala educación y su estúpida soberbia. Aún así, la compañera Karla ha conseguido expresar cosas interesantes como estas:
(La respuesta del oligarca caciquil: Vete a Venezuela, vete a Cuba, vete a Corea del Norte, ¡comunista!)
“La riqueza de esta sociedad la producimos los trabajadores. Ustedes no cogen la rasqueta para construir la casa”.
“Vivimos en una sociedad en la que se permite que algunos acumulen 16, 20, 30 viviendas mientras otros viven en la calle […] El sistema capitalista ha fracasado como modelo cilvilizatorio”.
“Se han dicho cosas que son inaceptables, como por ejemplo que hay que expulsar a las personas vulnerables del mercado de la vivienda para que sea más estable o que la causa del problema de la vivienda es la emigración”.
La utilización de la palabra comunista por parte de la reacción para tratar de insultar a los revolucionarios es una constante. No saben que, lejos de insultar, su señalamiento es un halago. Y, cómo no, con el mismo propósito, tampoco pueden dejar de nombrar a Venezuela, Cuba y Corea del Norte.
El pasado sábado, 14 de diciembre, se llevó a cabo en Bilbao una manifestación por el derecho a la vivienda y contra el negocio que impide disfrutar de ese derecho.
Lectura del Sindicato Socialista de Vivienda y palabras de Karla Pisano tras la manifestación. (vídeo)
https://insurgente.org/casi-no-la-dejan-hablar-pero-la-companera-karla-pisano-ha-conseguido-expresar-cosas-interesantes-como-estas/
Que grande es Karla. Reconfortan y aportan esperanza las personas como ella.
Cuando la inseguridad se convierte en una forma de vida…
y sólo falta que encima tengas un trabajo de mierda cómo trabajar en Litera Meat, comarca de la Litera, Binéfar (Huesca).
El matadero de cerdos más grande de Europa propiedad de Mario Pini, acusado de delitos fiscales en varios países europeos.
Desde CNT y su sección sindical en Litera Meat se reafirman en su «compromiso de luchar codo con codo con cada trabajador.
No estamos aquí para negociar a puertas cerradas, estamos aquí para luchar junto a lxs trabajadores. Somos una sola voz, una sola fuerza y esta lucha será nuestra victoria porque la dignidad no entiende de fronteras y con esta huelga queremos decir basta. Basta de explotación en Litera Meat. El respeto y la dignidad no se regalan se conquistan luchando. Este matadero no funcionará a costa de nuestra salud y nuestras vidas»
Litera Meat no solo se ha convertido en un lugar de trabajo insoportable sino en un espacio dónde la vida de las personas se reduce a números. Las cintas de despiece, que funcionan a un ritmo inhumano, sacrifican 900 cerdos por hora. Este frenesí industrial ha provocado accidentes laborales, lesiones graves y enfermedades que la empresa ignora sistemáticamente.
En Litera Meat se consigue mantener en unas incuestionables condiciones de explotación laboral a más de 1600 personas a base de un régimen hostil basado en sanciones y despidos completamente arbitrarios, administrado por la empresa y encargados afines que acorralan a quien pretenda ejercer cualquier derecho que suponga la más mínima merma en la producción de ese día.
Entre otras reivindicaciones deben garantizar acceso libre al baño cuando el trabajador lo necesite, reducir la velocidad de las cintas a un ritmo que no arruine la salud del trabajador, ect. ect. ect.
(CNT denuncia a Litera Meat por la falta de prevención de riesgos laborales y vulneración de la libertad sindical.
CNT denuncia un incremento del hostigamiento en Litera Meat para frenar la actividad sindical.
El incumplimiento sistemático de los derechos laborales por Litera Meat provoca una huelga de cuatro días.
Arainfo.org)
Con lo laboriosa y fatigosa que es una mudanza y ya no te cuento si los muebles son tuyos y tienes niños pequeños. Desmonta, embala, sumale gastos de mudanza, desembala, monta… mucho trabajo y gastos extras.
Me parece dramático. No veo mejoras sociales en este país, al contrario; pero es que el sistema capitalista ha «formado» a la
gente en el individualismo, en ir a lo suyo, le interesa que no nos unamos ya que la unión hace la fuerza. Ha sabido domesticar a las masas y entre eso y la ley Mordaza, (una vergüenza para un país que cree vivir en democracia) hoy apenas hay gente que luche por el bien común.
Al ser pocos los que luchan, el sistema se ensaña con ellos. Si fuéramos miles posiblemente no se atrevería.
Es el caso de Las Seis de la Suiza. (o Los Seis de Zaragoza).
«Desde Madrid, las Seis de la Suiza no están solas! (LoQueSomos).
Recordar que las Seis de la Suiza, compañeras de CNT- Asturias han sido condenadas a tres años y medio de prisión por «coacciones graves» y «obstrucción a la justicia», así como al pago de una multa de 150.000 euros. La condena absolutamente disparatada supone un ataque directo a las herramientas sindicales que la propia ley recoge para la defensa de las trabajadoras.
Un ataque que criminaliza las formas tradicionales de protesta social y sindical.
Al final de la concentración del sábado 29 noviembre se ha leído un comunicado de solidaridad que abría la puerta a las respuestas de apoyo que se van a realizar en estos meses camino de la movilización prevista para el 8 de febrero.