La temporalidad en el sector público roza el 30%: más de 20 sindicatos exigen la paralización de los ceses de personal

“La Comisión insta a España a que impida el uso abusivo de las relaciones laborales de duración determinada y las condiciones laborales discriminatorias en el sector público”. Así se titula la carta de emplazamiento que, el pasado 3 de octubre, la Comisión Europea (CE) envió a España “por no brindar una protección suficiente contra el uso abusivo de contratos sucesivos de duración determinada a los trabajadores del sector público”.

Por ello, más de 20 sindicatos han convocado una protesta, el próximo sábado, 19 de octubre, a las 12:00 horas en la Fuente de Neptuno de Madrid, contra el abuso de la temporalidad en el sector público. En el manifiesto, entre otras cosas, exigen “la paralización inmediata de los ceses de personal en abuso de temporalidad”.

La temporalidad en el sector público en España roza el 30%

En el texto antedicho, Bruselas indica que “esta situación contraviene las normas de la UE (Directiva 1999/70/CE del Consejo), que exigen que los Estados miembros introduzcan en sus legislaciones nacionales respectivas medidas destinadas a evitar y, en su caso, sancionar los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos de duración determinada. La Comisión considera que la legislación española no incluye tales medidas para determinados tipos de contratos temporales en el sector público”.

Según los últimos datos publicados, la tasa de temporalidad en el empleo público en España rozó el 30% en 2023. Algo que se debe, principalmente, a que en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos nueve de cada 10 empleados tienen un contrato temporal.

La tasa es más de dos veces superior a la que se da en el sector privado (13,2%), donde se ha experimentado una importante disminución desde la aprobación de la reforma laboral.

Las medidas no funcionan

En el manifiesto firmado por esta Unión Sindical contra la Temporalidad en el Empleo Público, señalan que, “si por algo se caracterizan las Administraciones Públicas de nuestro Estado, es por maltratar sistemáticamente a sus trabajadoras. Precariedad, escasez de recursos, plantillas mermadas, pérdida de derechos continuada y, por supuesto, un enorme abuso de temporalidad. Este abuso, no sólo incumple nuestras propias normas internas, sino también la legislación europea. El Estado español es el miembro de la UE más multado por ello, multas que abona el pueblo con sus impuestos”.

En el comunicado aseguran que el futuro no invita al optimismo, sino todo lo contrario, pues ninguna de las medidas que se han implementado “ha conseguido la tan ansiada reducción de la tasa de interinidad al 8%”.

Además de pedir “la paralización de los ceses de personal en abuso de temporalidad”, también solicitan la “reincorporación del personal en abuso injustamente cesado en procesos abiertos que no cumplen con la normativa europea”.

Como sanción al abuso de temporalidad, agregan, se debería otorgar “estabilidad a todas las personas que lleven trabajando más de tres años, en uno o varios contratos sucesivos, para la misma Administración empleadora”.

Y para que no se repita “esta situación crónica de abuso de temporalidad, hay que establecer los mecanismos de sanción necesarios mediante cambios normativos del TREBEP y demás legislación sobre Función Pública”, subrayan.