Con la excusa de la guerra en Ucrania, la Unión Europea y Estados miembros como España han adoptado medidas que responden principalmente a los intereses económicos de la industria fósil. Todo ello está generando el terreno legislativo idóneo para repetir las dinámicas especulativas del pasado y promover nuevas megainfraestructuras gasistas a modo de solución “mágica” ante la crisis energética, como denuncia el informe A vueltas con el gas.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se emplearon a fondo para relanzar la construcción del MidCat, un gasoducto que pretendía comunicar la península Ibérica con Francia y el centro de Europa, y que tendría un alto impacto territorial y climático. Pero “apostar por construir nuevas infraestructuras de gas –como MidCat– diseñadas para permanecer activas en torno a 50 años, es incompatible con un escenario climático habitable”, argumenta Marina Gros, responsable de la campaña La verdad del gas de Ecologistas en Acción.
En verano de 2022, Arturo Gonzalo Aizpiri, consejero delegado de Enagás, aumentó la presión sobre el Ejecutivo a favor de una tercera interconexión pirenaica promovida por la compañía: «Exportamos más gas a Francia del que importamos de Argelia», detalló durante el encuentro anual de la patronal gasista Sedigas. Incluso empleó el argumento del “hidrógeno verde”.
Como la oposición de Francia ha enterrado, por el momento, la propuesta del MidCat, se diseñó otro plan. Sánchez y Ribera anunciaron junto a los gobiernos francés y portugués la construcción de un hidroducto entre Barcelona y Marsella, conocido primero como BarMar que transportaría hidrógeno. Enagás se mostró satisfecho aunque tuviera que variar su plan estratégico, que contempla un gasoducto de España a Livorno (Italia) cuya construcción y adaptación para transportar hidrógeno está incluido en el mapa de la infraestructura del hidrógeno, una iniciativa de los grupos de presión del gas (ENTSOG, Gas Infrastructure Europe -GIE- Eurogas).
Coincidencia o no, el Ejecutivo anunció el BarMar un mes después de que España se adjudicara el 20% de los proyectos de hidrógeno que financiará la UE. Entre los beneficiarios se cuentan siete proyectos de Repsol, Iberdrola, Endesa y EDP (Energías de Portugal).
Un caballo de Troya para anclarnos aún más al gas fósil
El 8 de diciembre de 2022, los gobiernos francés, español y portugués dieron un paso más y anunciaron el proyecto H2Med, una interconexión energética que supondría la construcción sin precedentes de un conjunto de gasoductos y otras infraestructuras asociadas, que busca exportar unas 2 millones de toneladas de hidrógeno (4 millones de toneladas de petróleo equivalente) de la península Ibérica a Centroeuropa y estaría operativo en 2030.
Este será adjudicado a Enagás y costará entre 2.500 y 3.000 millones de euros procedentes de las arcas públicas. Comenzará en Portugal con el tramo Celorico-Zamora (CelZa) y continuará con el tramo submarino Barcelona-Marsella (BarMar). El H2Med incluiría también otras infraestructuras de gas existentes en Huelva, Cartagena, Puertollano, Zamora y Xixón creando una red mucho más amplia y paralela a la red actual de gas. Además, el proyecto comprende dos almacenamientos subterráneos de hidrógeno ubicados en cavidades salinas de Cantabria y el País Vasco.
El 15 de diciembre del año pasado se presentó el H2Med en el registro de proyectos candidatos a recibir financiación europea. Si finalmente es incluido en la lista de Proyectos de Interés Común (PICs), podría acogerse a los controles ambientales menos exigentes introducidos por el plan REPowerEU.
Además, en enero de 2023, el Gobierno alemán anunció en la cumbre franco-alemana que se sumará al H2Med, que oficialmente solo transportará hidrógeno producido a partir de energías renovables. Pero la sociedad civil y algunos científicos no lo ven realista. Apuntan que existen importantes riesgos debido a la “inmadurez de la tecnología” y la “baja eficiencia energética del H2”, como argumenta el instituto de investigación independiente Hydrogen Science Coalition, porque en el proceso de producción y transporte se puede llegar a perder hasta un 80% de la energía invertida.
La red Gas No Es Solución, formada por más de 30 organizaciones, y la Plataforma Resposta al BarMar, anteriormente conformada para responder a la construcción del gasoducto MidCat, han rechazado el proyecto por sus potenciales impactos ambientales y por desviar para la exportación una “energía imprescindible para la descarbonización de la demanda nacional” de electricidad.
Ven con mucha preocupación que la interconexión energética, que también protagonizó la reciente cumbre hispano-francesa, implicaría la “implantación de muchísimos más proyectos de renovables de grandes dimensiones que podrían tener un alto impacto ambiental y territorial”. Advierten de que “existe el riesgo de que, al no haber suficiente excedente de energías renovables, se caiga en producir el hidrógeno con gas fósil, como es el caso del 99% del H2 obtenido en la actualidad”. De hecho, la legislación europea estipula un «periodo transitorio» hasta 2030 en el que se permitirá el transporte y el almacenamiento de una «mezcla predefinida» de hidrógeno con gas o biometano.
Para las organizaciones ecologistas y sociales, que han impulsado la oposición al MidCat, la tercera conexión con Portugal y la apertura de la regasificadora en El Musel (Asturias), el nuevo corredor submarino y el H2Med son apuestas “innecesarias” promovidas por el sector gasista que suponen un “impedimento para una transición energética justa, un lavado verde para la industria gasista y bloquea fondos que deberían dirigirse a soluciones reales que ya pueden ser implementadas”, según denunciaron en un comunicado.
Poniendo el H2Med en el contexto de la crisis energética y climática se ve el disparate. El proyecto espera suministrar a la UE en 2030 un 10% del hidrógeno que ya consume en la actualidad pero producido con energías renovables en vez de con gas fósil. ¿Es mucho o poco? Para compararlo con la tarea extraordinaria de descarbonizar el modo de vida “occidental”, Pedro Prieto señala el consumo de combustibles fósiles que habría que sustituir para frenar el cambio climático. Sólo en Europa serían unos 1.392 millones de toneladas de petróleo equivalente (Mtep) en forma de energía primaria y en el mundo se consume ya de forma refinada 3.684 Mtep de derivados del petróleo, 924 Mtep de carbón, 1.580 Mtep de gas natural y 1.396 Mtep de electricidad, según la Agencia Internacional de la Energía. Invertir tanto dinero público para “sustituir” 4 Mtep le parece “ridículo” y una “gran estafa”.
Pero, a pesar de todas estas advertencias, la apuesta del presidente Sánchez y de la ministra Ribera por el hidrógeno es el nuevo mantra que la industria fósil ha impulsado con éxito, como muestran la Hoja de Ruta del Hidrógeno y la aprobación del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento. ¡Y qué casualidad!: Enagás pretende ser líder en el sector del mal llamado “gas renovable”, no solo en la península Ibérica sino también en Sudamérica y en EE UU. Cuenta por el momento con 55 proyectos (34 proyectos de hidrógeno verde y 21 de biometano) y encargó al banco de inversión Rothschild el proceso de búsqueda de socios para esta rama de negocio.
Cuando en julio de 2022, Enagás vendió un 30% de su filial Enagás Renovable a la plataforma de inversión en infraestructuras de hidrógeno Hy24, Gonzalo Aizpiri dijo que este acuerdo ayudará “a alcanzar los objetivos de hidrógeno de la Hoja de Ruta del Hidrógeno y del Biogás del Gobierno de España y a los objetivos de la estrategia europea REPowerEU”.
La caza del dinero público
En los primeros ocho meses desde que tomó su cargo en Enagás, Gonzalo Aizpiri ha coincidido con la vicepresidenta Ribera por lo menos en cinco ocasiones: en la inauguración en Lloseta (Mallorca) de la planta industrial de hidrógeno de España (Power to Green Hydrogen), activado por Enagás y ACCIONA Energía, y en el que también participan IDAE y CEMEX; en la firma de un memorándum de entendimiento entre Enagás y Albgaz para conseguir negocios con infraestructuras gasistas en Albania; en la visita a la regasificadora ilegal de El Musel (Asturias); en una reunión en el Ministerio; y en el anuncio de la ampliación de capacidad del gasoducto de Irún hacia Francia.
Ante la falta de transparencia sobre los contenidos de los encuentros entre altos ejecutivos y cargos públicos, queda preguntarse: ¿sirvieron para posicionar los intereses de la energética en las medidas del Gobierno? No sería descabellado pensar que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) se vea cortejado continuamente por poderosos actores económicos para intentar evitar medidas que afecten sus intereses y canalizar los fondos Next Generation EU en la construcción de infraestructuras de gas fósil, beneficiando a las energéticas como Repsol, Cepsa, Naturgy y Enagás.
Aunque los fondos europeos supuestamente iban a servir para transformar el modelo productivo tras la emergencia sanitaria del coronavirus, observamos con mucho malestar que los mismos actores que han contaminado la atmósfera durante décadas recibirán buena parte de las subvenciones públicas. Quienes han impedido leyes más contundentes para mitigar el problema, poniendo así en peligro la vida de las futuras generaciones y de los ecosistemas, ahora se proponen lucrarse también del PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA), que pretende movilizar 6.920 millones de inversión pública en tres años. Bajo el plan Más Seguridad Energética (+SE), el Gobierno ha ampliado en 1.000 millones la dotación (el MITERD prevé aportar unos 4.558 millones de euros).
En las dos primeras resoluciones provisionales de las líneas de ayuda del PERTE ERHA, Iberdrola, Cepsa, EDP y Enagás, entre otros, han sido las empresas adjudicatarias de los fondos.
Como uno de los requisitos para presentarse a un PERTE es formar un consorcio, Repsol (anterior empleador de Gonzalo Aizpiri) ha creado uno para producir hidrógeno: SHYNE (Spanish Hydrogen Network), en el que también participa Enagás y que pretende desplegar proyectos en diez Comunidades Autónomas. Al acto de presentación del consorcio, que nació el 19 de enero de 2022, acudió la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen. Apenas un mes después, el 18 de febrero, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico abrió la segunda convocatoria de ayudas públicas para proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable, dotada con 150 millones de euros.
SHYNE se ha presentado al PERTE de las Energías Renovables. Aunque no existan todavía más resoluciones y el Ministerio de Hacienda hace todo lo posible para ocultar la información de qué empresas se han presentado a las convocatorias, hay una tendencia preocupante: las grandes multinacionales que más han contribuido a la crisis climática se van a quedar con la mayor parte de las subvenciones públicas de los fondos europeos.
La investigación colectiva Cómo la inversión pública socava la transición ecofeminista, que ha analizado cinco de los once Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), concluye que estos se basan en una expansión del extractivismo y un uso intensivo de energía que aumentaría las desigualdades territoriales globales. Asimismo, profundizan y amplían los impactos de la privatización y del endeudamiento.
En definitiva, se estarían repitiendo los mismos errores que se cometieron con los planes de asignación de derechos de emisión, la lluvia de proyectos de centrales térmicas de gas en ciclo combinado y regasificadoras, el fiasco del proyecto Castor o las plantas de biocombustibles.
Todo lo cual tendrá graves repercusiones climáticas, aportando inseguridad energética (aunque se justifique precisamente con el argumento de “garantizar la seguridad energética”) y alimentando los conflictos bélicos, poniendo en peligro la vida de millones de personas además de ser contrario a la resiliencia deseada en la pandemia.
La relación fluida entre el MITERD y Enagás, así como las ayudas públicas que recibe (o recibirá), es aún más controvertida considerando que la compañía es responsable de graves impactos como el cambio climático o la violación de los derechos humanos y los impactos socioambientales asociados a megaproyectos tales como el Proyecto Integral Morelos (México).
Aunque Enagás haya vendido sus participaciones a Macquarie en 2021, este megaproyecto energético, que atraviesa los Estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, afecta a más de 80 comunidades. Además, en 2012, Elecnor y Enagás recibieron financiación pública a través del Fondo de Internacionalización de la Empresa española (FIEM) gestionado por la Secretaría de Estado de Comercio, a pesar de que en el desarrollo de la obra se han producido graves violaciones de los derechos humanos y se han puesto en riesgo la vida de muchas personas.
Otros proyectos polémicos por sus impactos socioambientales, en los que Enagás participa, son el Trans Adriatic Pipeline (TAP) y la Transportadora de Gas del Perú (TGP). En el último caso, Enagás ha presentado en 2021 un arbitraje contra Perú para cobrar 160 millones, invocando el Tratado Bilateral de Inversiones España-Perú de 1994.
La UE y el poder político de las energéticas
¿Cómo pueden las empresas petroleras y de gas obtener beneficios récord mientras millones de personas tienen dificultades para pagar sus facturas de luz? Una investigación de Corporate Europe Observatory, l’Observatoire des Multinationales y ReCommon ha revelado que desde el inicio de la guerra de Ucrania, las grandes corporaciones han disfrutado de un acceso sin precedentes a los cargos que toman las decisiones sobre política energética en la UE. Gracias a su enorme poder, y aprovechando las divisiones entre los gobiernos de la UE, han retrasado y minimizado la acción política decisiva en los mercados energéticos, lo que les ha permitido obtener miles de millones de beneficios.
Repsol, por ejemplo, con Gonzalo Aizpiri como director general de Comunicación, Relaciones Institucionales y Presidencia, se gastó en 2021 entre 600.000 y 700.000 euros en grupos de presión para influir sobre las políticas energéticas comunitarias.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, admitió en julio de 2022 ante el Parlamento Europeo que «este sistema de mercado ya no funciona. Tenemos que reformarlo». Sin embargo, tras más de 100 reuniones entre la industria de los combustibles fósiles y los dirigentes de la Comisión Europea, entre febrero y septiembre de 2021 -es decir, una cada dos días-, la efectividad de las medidas de la UE para reducir los precios de la energía brilla por su ausencia.
Von der Leyen se reunió varias veces con los directores generales del sector del petróleo y el gas, quienes le advirtieron que no debía «juguetear» con el mercado y los precios máximos. Los documentos obtenidos por el grupo de investigación Corporate Europe Observatory (CEO) sobre el contenido de las reuniones evidenciaron que las grandes empresas de combustibles fósiles están influyendo en la respuesta de la UE a la crisis energética.
Además, con la excusa de la guerra, han ampliado su poder en la toma de decisiones de la UE sobre cuestiones energéticas. Tras las primeras reuniones con representantes de la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT) y empresas energéticas la Comisión Europea accedió a «crear un grupo de trabajo con expertos del sector» para seguir concretando los detalles del plan RePowerEU y evaluar qué medidas son «viables».
Este grupo, denominado Grupo Consultivo de la Industria de la Plataforma Energética de la UE, formado exclusivamente por las principales compañías energéticas, se creó para «proporcionar información y comentarios sobre las opciones publicadas por la Comisión para la agregación de la demanda de gas natural y GNL (y, en el futuro, de hidrógeno) y la compra conjunta», y codirigir los planes de «reducción de la dependencia del suministro de Rusia» con un enfoque particular en la diversificación del suministro de gas». El grupo, que ya se ha reunido dos veces, representa un conflicto de intereses a una escala colosal y proporcionará a los representantes de la industria acceso regular de alto nivel a la Comisión sobre el desarrollo del plan RePowerEU y sobre cómo y dónde se abastecerá la UE de nuevo gas, sin apenas transparencia, ya que el grupo opera bajo «una obligación de secreto profesional». Las empresas españolas que están allí son: Repsol, Cepsa, Naturgy, Mibgas y Enagás a través de sus lobbies europeos Hydrogen Europe, Gas Infrastructure Europe y ENTSOG.
La industria fósil ha evitado, por el momento, tener que asumir los costes de una crisis energética que había fabricado: su cabildeo durante décadas retrasó y debilitó la intervención pública en los mercados energéticos, como impuestos ambiciosos sobre las ganancias inesperadas o topes de precios, que reducirían sus beneficios.
El eventual impuesto de la UE sobre los beneficios inesperados de las empresas petroleras y de gas –rebautizado como ‘tasa de solidaridad’– se parece cada vez más a una medida simbólica, llena de lagunas, que no producirá los miles de millones de euros anunciados. FuelsEurope, el lobby que defiende el interés de las 38 empresas (como Repsol y Cepsa) que operan refinerías en Europa, se ha movilizado contra el gravamen temporal. Repsol ha tildado de “contraproducente” la ‘tasa de solidaridad’ (que podría costarle 1.082 millones de euros según un cálculo del Banco Sabadell), esgrimiendo el argumento gastado de que “pone en riesgo el empleo”.
Además, la industria ha presionado con éxito para conseguir un apoyo público masivo a las nuevas infraestructuras de gas y a los desarrollos tecnológicos basados en el gas: la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas (ENTSO-G) propone 300 nuevos proyectos de gas en los próximos diez años para responder a la «emergencia» actual, lo que hará que aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero, los beneficios del oligopolio energético y las facturas de energía de la ciudadanía. Asimismo, se impulsará una mayor producción de gas nacional y más importaciones.
Como resultado de estas nefastas políticas, las grandes empresas energéticas como Shell, TotalEnergies, Eni y Repsol siguen acumulando beneficios: 77.900 millones de euros solo en los nueve primeros meses de 2022. Estos duplican los 40.000 millones de euros propuestos por la UE para mitigar el coste de la crisis energética. Enagás por su parte obtuvo un beneficio neto de 353,4 millones de euros solo en los primeros nueve meses de 2022, un 15% más respecto al mismo periodo del año anterior.
En España, aunque algunas medidas gubernamentales han conseguido aliviar la factura eléctrica de los hogares y ahorro energético, deberían ser de mayor calado, ser estructurales y coherentes con otras políticas sectoriales para reducir el consumo energético y conducir al fin de la utilización de los combustibles fósiles lo antes posible.
Sin embargo, el lobby energético ha conseguido que el Gobierno de España aceptara la exención de las actividades reguladas (electricidad, gas y gas licuado) de las grandes empresas energéticas del plan temporal de impuestos a los beneficios extraordinarios del Gobierno. Queda la pregunta: ¿qué responsabilidad tiene Ribera en todo ello?
Algunas conclusiones
La carrera profesional y política de Gonzalo Aizpiri ejemplifica bastante bien las relaciones entre el poder y los intereses económicos de una élite que nos ha arrastrado a una espiral de precios de la energía que disparan las desigualdades sociales, de especulación empresarial sin contrapeso público-democrático, de adicción a los combustibles fósiles y de desastre climático.
Mientras empresas de combustibles fósiles como Repsol o Enagás y ejecutivos como Gonzalo Aizpiri sigan participando en la elaboración de políticas y continúen recibiendo el apoyo gubernamental del que gozan –sea de Ribera, Von der Leyen o Sánchez–, es muy difícil transformar el sistema energético.
Resulta imperioso prohibir las puertas giratorias y una política libre del capital fósil, empezando por la disolución inmediata del Grupo Consultivo de la Industria de la Plataforma Energética de la UE y Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas. Además de la abolición de este grupo (y de otras entidades similares), hay que excluir los intereses de la industria fósil de cualquier ámbito de toma de decisión.
Igualmente, las empresas de combustibles fósiles no deberían recibir subvenciones ni contratos públicos. Para no repetir las equivocaciones provocadas por la ausencia de condiciones en la concesión de los 150.000 millones de euros de la respuesta institucional a la emergencia sanitaria y los impactos económicos asociados a la COVID–19, se debería introducir cuando antes cláusulas de obligado cumplimiento en materia social, de género, ambiental, climática, financiera y económica en los contratos con las empresas receptoras de ayudas, así como a sus filiales, contratistas y subcontratistas, dentro y fuera del Estado español.
La reducción radical del consumo energético y la transformación del modelo de producción y consumo son esenciales. Acabar con el poder de quienes están saboteando sistemáticamente la lucha contra la crisis climática es una necesidad.
Este artículo pone fin a una serie de reportajes de investigación elaborados por Tom Kucharz, investigador y militante de Ecologistas en Acción.
