Interior elude especificar la nacionalidad de las 5.369 personas deportadas desde 2018

El pasado 24 de marzo, el ciudadano argelino Mohamed Benhlima bajaba las escaleras de un avión de Iberia con las manos esposadas en la espalda y custodiado por dos miembros de la policía de Argelia. Se hacía así efectiva la deportación desde España de este activista y denunciante de corrupción en su país, de donde huyó en 2019. Con el rostro serio, fue montado en un coche y llevado a la prisión de El Harrash. Este joven de 32 años tiene 19 causas penales abiertas en Argelia, además de una condena a muerte por un tribunal militar.

Benhlima fue solo una más de las 102 personas que fueron expulsadas de España en marzo de 2022 por encontrarse en situación irregular. Una de las 320 personas deportadas entre enero y abril de este año. O una de las 5.369 que han sido enviadas de vuelta a sus países desde la moción de censura que hizo presidente del Gobierno al dirigente socialista Pedro Sánchez.

Los datos han sido facilitados por la Dirección General de la Policía a lamarea.com tras una petición de transparencia. El año en el que se han efectuado un mayor número de deportaciones fue 2019 (2018 solo abarca desde junio a diciembre y 2022 todavía no ha finalizado), exactamente 2.379. Y el mes con más expulsiones de personas migrantes ese 2019 fue mayo, con 299. El periodo en el que hubo menos fue abril de 2020, en plena primera ola de la pandemia de la COVID-19, cuando solo se envió a sus países de origen a cuatro ciudadanos extranjeros.

En la respuesta a la petición de transparencia se ha excluido parte de la información solicitada por este medio, como la nacionalidad  de las personas expulsadas y, por ende, el país al que fueron deportadas. La Policía asegura que la difusión de este tipo de datos estadísticos “podría derivar en problemas en las relaciones exteriores de España con los posibles países afectados, dificultando en el futuro poder documentar por parte de las diferentes Embajadas y Consultados a ciudadanos extranjeros irregulares, lo que afectaría gravemente a la edificación de las nuevas expulsiones”.

La Policía se ampara en diferentes resoluciones del Consejo de Transparencia, que considera que desglosar la nacionalidad de las personas deportadas puede acarrear "problemas en las relaciones exteriores de España en lo que respecta a la tramitación de los expedientes de expulsión".

Asimismo, tampoco se ha informado sobre el medio utilizado para la deportación de los migrantes ya que “no se registra estadísticamente de manera individual”. No obstante, la Dirección General de la Policía asegura que, “de modo genérico”, las expulsiones a Suramérica se realizan “por medios aéreos” y las del continente africano, “vía ferry”. De la misma forma, tampoco se indica el punto de partida de salida desde territorio español, un dato que también solicitó lamarea.com en su petición.

Mohamed Benhlima suplicó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ser deportado a su país en un vídeo: “En Argelia hay gas, pero no hay derechos humanos [...]. No cometan un error grave contra los derechos humanos [...] Argelia aplica la tortura y mi vida corre riesgo si me mandan a Argelia”. La petición no tuvo efecto ya que, según consta en su expediente de expulsión, al que tuvo acceso el diario Público, Benhlima era considerado una amenaza para la seguridad nacional o para las relaciones de España con otros países. 

“Desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia no ha cambiado nada. Se ha mantenido una política que criminaliza al pobre y que expulsa a la gente con menos recursos”, explica Yolanda Corrales, portavoz de la plataforma CIEs No Madrid. Según esta activista por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en muchas ocasiones no se cumple con determinados autos o medidas que obligan a notificar la expulsión con la debida antelación: “No hemos visto ningún cambio respecto al anterior gobierno”.

En los últimos dos años, sin embargo, sí se ha producido un descenso en el número de expulsiones. Mientras que entre junio de 2018 y marzo de 2020 se deportó a una media de 180 personas cada mes, desde abril de ese año hasta la actualidad, la media ha descendido hasta las 56 al mes. Corrales lo achaca directamente a las restricciones de la pandemia de la COVID-19, no a un cambio en la política del Ejecutivo, del PSOE en solitario en un primer periodo y en coalición con Unidas Podemos desde enero de 2020: “Primero estuvieron las fronteras cerradas, pero cuando se han reabierto, en los CIE se ha limitado la capacidad máxima de migrantes. Por eso, ahora hay menos expulsiones”.