El Gobierno no prevé medidas específicas que protejan la incorporación laboral tras un cáncer

El Gobierno no tiene prevista ninguna actuación específica relacionada con la protección económica y jurídica de las personas que han padecido un cáncer a la hora de su reincorporación al trabajo. Es la respuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a una pregunta de este medio tras conocer el caso de una mujer con depresión, operada de cáncer en 2016, que ha tenido que pleitear en los tribunales de justicia para demostrar que no puede trabajar. 

«Las prestaciones por incapacidad no son prestaciones médicas, son económicas y se reconocen cuando la situación clínica impide realizar tu profesión habitual», sostiene el ministerio. «Es decir, ante una misma enfermedad, puede proceder o no reconocer una incapacidad en función de la profesión. En cualquier caso, son los médicos los que reconocen la incapacidad», añade.

En este caso en concreto, sin embargo, han sido los tribunales de justicia los que han dado la razón a la mujer, en contra del tribunal médico. Y, según explican algunos colectivos que asesoran a personas afectadas, no son pocos los casos en los que los tribunales médicos indican el retorno al trabajo cuando el o la paciente aún no está completamente recuperada. 

«Nos enfrentamos al crónico problema de infrarreconocimiento por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que, en muchos casos, deniega peticiones de invalidez que finalmente acaban siendo reconocidas en sede judicial tras presentar la correspondiente demanda y conseguir que un juzgado nos dé la razón”, explica el equipo de abogadas y abogados del Colectivo Ronda.

La historia de esta mujer en concreto, que trabajaba como administrativa, comenzó en 2016. Ese año le fue diagnosticado un cáncer de mama. Dos años después, el INSS le denegó la incapacidad permanente. Esta decisión médica fue rechazada en febrero de 2020 por el juzgado de lo Social número 7 de Granada, que le dio la razón a la mujer. El INSS recurrió la sentencia y el TSJA le ha vuelto a dar la razón a la afectada: las patologías que le aquejan no solo le impiden ejercer su profesión habitual, sino aquellas otras «con menos exigencias físicas y psíquicas».

Impacto socioeconómico del cáncer

«El diagnóstico de cáncer está asociado a una amenaza para la salud con repercusiones en todas las esferas de la vida de la persona enferma y de sus familiares. Supone una experiencia vital con importantes desafíos que implica la aparición de sentimientos dolorosos que pueden derivar en altos niveles de sufrimiento y en problemas sociales importantes durante todo el periodo de enfermedad», dice un estudio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) sobre el impacto económico y social en las personas afectadas.

El informe incide especialmente en la necesidad de subrayar la importancia de la situación en la que la persona se encuentra cuando es diagnosticada de cáncer: «Su situación sociolaboral en el momento del diagnóstico condiciona claramente las consecuencias que la enfermedad va a tener en los diferentes aspectos de su vida«. 

Según el estudio, centrado en 2017, el 65% de las personas diagnosticadas de cáncer en situación de desempleo son mayores de 50 años, lo que puede suponer una dificultad añadida más a su búsqueda activa de empleo y al éxito de la misma. «Este hecho resulta de mayor interés entre los 55 y los 59 años (26% de los nuevos diagnósticos)», prosigue el documento. 

Por otra parte, entre las edades de 45-49 años, las mujeres son diagnosticadas con casi el doble de frecuencia que los hombres, al contrario que entre los 60 y los 64 años, que se diagnostican más de la mitad a hombres que a mujeres. «Estas diferencias generan problemáticas muy diferentes entre las experimentadas por hombres a las experimentadas por mujeres, pero todas ellas igualmente graves», afirma el estudio.

El caso de la abogada gallega Beatriz Figueroa es paradigmático. Ella estaba en paro cuando le fue disgnosticado el cáncer de mama. En 2013 –con huelga de hambre incluida– inició una batalla para facilitar la reincorporación laboral de las personas enfermas de cáncer, protegerlas económica y jurídicamente y que puedan recibir, si es necesario, la incapacidad permanente. El PP, entonces en el Gobierno, rechazó en 2014 una proposición de ley presentada por el BNG para modificar la Ley General de la Seguridad Social tras una exitosa campaña de firmas impulsada por la abogada en change.org. 

Siete años más tarde, con otros partidos en el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos), las personas afectadas continúan pleiteando en los tribunales de justicia.