Multan a decenas de migrantes procedentes de Canarias tras aterrizar en el aeropuerto de València

La noche del sábado 12 de diciembre, Farid –pseudónimo para proteger su identidad–, llegaba al aeropuerto de València. Eran las once de la noche aproximadamente y, junto a él, viajaban unos 60 hombres marroquíes en un vuelo procedente de Canarias. Farid y cuatro de los chicos que viajaron en la misma patera habían pasado tres semanas en las islas. Los primeros días, en el muelle de Arguineguín, según cuenta por vía telefónica, y luego dos semanas en un hotel al que fueron trasladados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que hicieran cuarentena por la COVID-19.

Ahora viajaban a la Península para continuar su viaje migratorio y, como en el caso de Farid, reunirse con familiares y conocidos que les han ofrecido alojamiento y apoyo. Pero cuando se encontraban en el autobús que debía trasladarles del avión al aeropuerto, las cosas empezaron a complicarse. Primero, recuerda Farid, permanecieron un buen rato encerrados en el autocar, hasta que la Policía les hizo descender y trasladarse a una sala.

Sin la presencia de un traductor ni nadie que les explicase lo que estaba ocurriendo, explica Farid, les recogieron su documentación. A continuación, durante una hora y media fueron llamándoles por su nombre y entregándoles actas de denuncia por incumplir el «cierre perimetral de la comunidad autónoma y la movilidad nocturna», como puede leerse en varios de los documentos. Delegación del Gobierno de València ha confirmado a este medio que las propuestas de multas tendrán que ser tramitadas por la Generalitat.

En el momento de los hechos, estaba vigente el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre que establecía un cierre perimetral por el que solo se puede viajar a la Comunitat Valenciana en una serie de supuestos como acudir al lugar de trabajo, a un centro sanitario o por el cuidado de un familiar enfermo, entre otros. La multa por movilidad nocturna resulta más sorprendente, puesto que los destinatarios de las denuncias se encontraban aún dentro del mismo aeropuerto. Esta situación vuelve a poner de relieve los obstáculos que están encontrando las personas migrantes para salir de las Islas Canarias por la falta de coordinación institucional en los traslados a la Península, como denuncia Rachid Boukhzer, presidente de la asociación Refugiados Rifeños en España, quien está en contacto con algunos de los afectados.

Además, los agentes les entregaron una cita para que se personen el 19 de diciembre en la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación, Grupo Cecorex de Extranjeros, de Zapadores, donde se encuentra el Centro de Internamiento de Extranjeros de València.  En ningún caso los agentes les explicaron qué significaban esos documentos. Tampoco se especificaba en ellos por qué artículo del decreto se les estaba multando.

Mientras, miembros de la plataforma CIEs NO, integrada por numerosas ONG y entidades del Tercer Sector, permanecían en las afueras del aeropuerto, adonde acudieron con el fin de garantizar que se cumplieran sus derechos. Sin embargo, no pudieron entrar en la Terminal. Según su portavoz, Adrián Vives, «el hecho de que se esté utilizando este tipo de sanciones (por incumplir el cierre perimetral o el toque de queda nocturno) es una forma de encubrir e invisibilizar la represión derivada de la Ley de Extranjería«.

La Plataforma CIEs NO entiende, por tanto, que «dadas las críticas a las que se expone el Ministerio del Interior por llevar a cabo identificaciones por perfil racial o étnico, única manera de discriminar a los viajeros que llegan para comprobar su situación administrativa, se están utilizando como excusa los controles sanitarios para continuar persiguiendo y reprimiendo a las personas migrantes en situación irregular«.

Vives considera «lamentable la situación vivida el pasado fin de semana en el Aeropuerto de València, cuando diferentes medios de comunicación intentaban cubrir algo que no era noticia: el viaje de unas personas que por sus propios medios se trasladaban de una parte a otra del país».

La abogada de algunos de los afectados, Antonia Franco, de la asociación Emergencia Frontera Sur, entiende que «se está actuando de mala fe, porque estos chicos están viajando con el documento que les permite viajar».