Una ley pionera para proteger a los alertadores

El pasado 30 de mayo, la plataforma de activistas por los derechos digitales y la democracia en red Xnet registró en el Congreso de los Diputados la primera transposición de la Directiva Europea de Protección de Alertadores. De materializarse esta Proposición de Ley, España sería pionera en la defensa de aquellas personas que denuncien comportamientos corruptos dentro de las organizaciones en las que trabajan y se trasladaría así al contexto político nacional algo que ya se ha puesto en marcha a nivel europeo. Una normativa que se aprobó en abril con un amplio consenso del Parlamento Europeo y que desde Xnet definen como «especialmente importante para la renovación democrática y la lucha contra los abusos y la corrupción».

Según Simona Levi, cofundadora de Xnet, que ha participado este jueves en la presentación de la Propuesta de Ley en el Congreso de los Diputados, la intención principal de esta ley es «normalizar una actitud cívica que debería estar promocionada en lugar de desalentada«. «La corrupción está en las instituciones, por lo que es difícil creer que la corrupción vaya a combatirse desde ahí, pero una persona no va a denunciar un comportamiento corrupto dentro de su trabajo si eso constituye un acto heroico», añade Levi.

Una de las medidas que recoge la ley y que destacan desde Xnet es la modificación de la narrativa: «No hablamos de ‘denunciante’ sino de ‘alertador'», resume Levi. Un término que ya recoge en inglés la normativa europea: whistleblowers. «Denunciante ya existe en la legislación española pero aquí hablamos de alguien que no denuncia, sino que aporta información sobre delitos que afectan al interés general y al bien común. Consideramos que esta persona ya no tiene que quedar vinculada a los delitos perseguidos. No es el perseguidor y se le debe proteger más, le quitamos de la exposición del proceso judicial», explica Levi.

Este aumento de la protección a los facilitadores se aplica no solo a quien filtra la información sino también a periodistas, organizaciones y toda persona que ofrezca su ayuda, como compañeros de trabajo o abogados, una cuestión que en la Directiva europea queda en manos de los estados miembros.

Desde Xnet explican, además, que otra de las propuestas consiste en vigilar la seguridad de los buzones que los alertadores pueden utilizar como canal de comunicación. «Las instituciones dicen tener un buzón anónimo pero esto no es verdad: se crean registros de IP, de manera que se puede rastrear a los alertadores. Así que con esta normativa creamos parámetros sobre cómo deben ser estos buzones para que sean una herramienta anónima y segura y proponemos sanciones a toda institución que no los respete», señala Levi.

Hasta la fecha, han apoyado el documento el diputado de ERC Joan Baldoví Roda y 14 de ERC: Gabriel Rufián Romero, María Carvalho Dantas, Carolina Telechea i Lozano, Francesc Xavier Eritja Ciuró, Norma Pujol i Farré, Joan Capdevila i Esteve, Joan Josep Nuet Pujals, Inés Granollers Cunillera, Montserrat Bassa Coll, Gerard Gómez del Moral Fuster, Laia Cañigueral Olivé, Marta Rosique i Saltor, Jordi Salvador i Duch y Joan Margall Sastre.