Las consecuencias de los 11 acuerdos bilaterales firmados el 13 de febrero por Felipe VI y Mohamed VI en Rabat fueron inmediatamente llevados a la práctica por su policía en los montes del norte de Marruecos. Según testimonios de migrantes y testigos, desde que los dos países sellaran un convenio que incluía el fortalecimiento de la “lucha contra la inmigración ilegal” las fuerzas auxiliares destrozan, saquean y queman diariamente los campamentos en los que hombres, mujeres y menores sobreviven mientras esperan poder subirse a una patera o cruzar la frontera de Melilla.
“Atacan, hieren y detienen a la gente, incluidas a las mujeres embarazadas y a los niños, aunque es ilegal. Les roban los móviles, las mantas, los plásticos bajo los que duermen, sus pocas pertenencias. Tenemos dos denuncias de mujeres que dicen haber sido violadas en el bosque por las fuerzas auxiliares en 2018”, explica Omar Naji, presidente de la sección de Nador de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH).
Sentado en su austera oficina, decorada con deteriorados pósters de rostros conocidos de la causa palestina, como la activista estadounidense Rachel Corrie –aplastada por un tanque israelí–, Naji explica que la situación no ha dejado de empeorar desde 2015, y especialmente a raíz del otoño de 2018, coincidiendo con los nuevos acuerdos económicos alcanzados por la Unión Europea con el Reino alauí, que incluyen la financiación de las “fuerzas auxiliares, militares dependientes del Ministerio de Interior encargados de reprimir a los migrantes”. Sorprende la contundencia con la que se pronuncia Naji, a sabiendas de que las críticas al régimen marroquí se pueden pagar incluso con prisión, como le ha ocurrido a colegas suyos de la AMDH.
“Cuando atrapan a los migrantes que se esconden en los bosques o en los pisos –donde las mafias ocultan hacinadas a algunas mujeres pensando que estarán más seguras– les suelen llevan a uno de los tres centros que hay en esta ciudad de detención ilegal, dado que no media intervención judicial alguna. Uno está en la gendarmeria, otro en la comisaría y un tercero, que creo que es el más grande de Marruecos, a 20 kilómetros de Nador. Allí pueden pasar hasta cuatro semanas antes de que las autoridades los expulsen a la frontera a cientos de kilómetros o, directamente, a sus países de origen. Son secuestros ya que no hay orden judicial, y cuando lo hemos denunciado a las autoridades nos han contestado que no estaban al corriente o que son detenciones administrativas, no judiciales”, explicaba la mañana del pasado jueves, la misma en la que El País publicaba que España habían alcanzado un acuerdo para que Salvamento Marítimo pudiese desembarcar en puertos marroquíes a las personas en cuyos rescates auxiliasen a sus guardacostas o cuando el muelle más cercano fuese uno del Reino alauí.
Aunque esa misma mañana la información fue desmentida en la Cadena Ser por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, no descartó que esta posibilidad se estuviese negociando con Marruecos como parte de “la mejora de la coordinación” en la que insistió.
El mismo gobierno que en los últimos meses ha decidido tratar a todas las mujeres subsaharianas que han conseguido llegar a Melilla como potenciales víctimas de trata, como nos confirmaron en la ciudad autónoma el director del Centro de Estancia Temporal de Extranjeros, Carlos Montero, y fuentes policiales, no descarta ahora la posibilidad de devolverlas automáticamente a Marruecos donde, como los hombres y niños, sufren de manera habitual violencia y explotación física y sexual, secuestros para pedir rescates a sus familiares, encarcelamientos arbitrarios, deportaciones colectivas, incendios de sus campamentos… Todo ello, desde que la UE y España empezaron a pagar a Marruecos a mediados de los años 90 por blindar sus fronteras.
En Melilla, una niña que me escucha hablar sobre este estado de terror permanente me dice: “Cuando veo humo en el monte Gurugú me pregunto cómo le pueden hacer eso a esas personas. No me lo explico”. Y continúa jugando.
Si se confirma el acuerdo «va a morir gente a mansalva»
SLa noticia del supuesto convenio sobre las devoluciones marítimas tuvo una rápida respuesta de ONG, juristas y activistas de los derechos humanos al otro lado del Mediterráneo. Pero donde impactó especialmente fue entre los miembros de Salvamento Marítimo, aunque no pudiesen manifestarse públicamente por temor a las represalias. Uno de ellos es un veterano rescatador con el que hablamos vía telefónica. Advierte que “si se confirma el acuerdo, ya no estaremos hablando de salvar personas, que es nuestro trabajo». Y añade las complicaciones que la propuesta entraña en términos de seguridad para la tripulación: «si después de rescatarlos y subirlos a bordo ven que ponemos rumbo al sur, lógicamente van a saber que vamos a devolverlos. Y podrían amotinarse, negarse a desembarcar, o tirarse al agua para intentar huir, porque es normal, es lo que yo haría si viese que me van a entregar donde me están dando palos o metiéndome en camiones para dejarme tirado en mitad del desierto”.
Después de pasarse buena parte de 2018 rescatando diariamente a centenares de migrantes, advierte de los riesgos que acarrearía la confirmación de ese acuerdo: “Hablan de cooperar con la Guardia Costera Marroquí y no intervenir en su zona SAR (de búsqueda y rescate, por sus siglas en inglés), que es donde en 2018 realizamos más del 60% de las operaciones. Marruecos ni quiere ni tiene capacidad para rescatar a todas las personas que llegan por ahí. Si nos obligan a respetar su zona, va a morir gente a mansalva”.
En cuanto al anuncio de embarcar a la Guardia Civil en los guardacostas y la consecuente militarización de Salvamento Marítimo, este rescatador se muestra contrario a través de un ejemplo práctico: “Cuando subimos al barco a las personas subsaharianas rescatadas y ven que no llevamos armas, se van relajando. Pero en cuanto llegamos al puerto y ven a los policías, se les cambia la cara porque de donde vienen es sinónimo de palos. Los desembarcos son lentos y echo mucho de menos que no haya un traductor que suba a bordo a explicarles dónde están y qué va a pasar con ellos, porque están absolutamente perdidos y muertos de miedo. Así que meter a policías o guardias civiles a bordo me parece contraproducente. Eso sí, si nos van a obligar a llevarlos a Marruecos, entonces tendrán que venir porque lógicamente se va a liar, por muy pacíficos que sean los migrantes”. Y recuerda que, como llevamos viendo en estos treinta años de cierre de fronteras, este tipo de medidas sólo sirven para cambiar las rutas, aumentar el número de muertes, pero no para frenar los flujos migratorios, consustanciales a la historia de la humanidad. “Para mí el mensaje cuando anuncian nuevas barreras para migrar es que al otro lado van a tener que dar más palos para contener. Y da igual porque si cierran el paso marroquí, los próximos en aprender el negocio serán los argelinos. Y mientras, los damnificados son siempre los mismos”.
La misma indignación siente un exmiembro de Salvamento Marítimo que vivió los meses de mayor número de rescates de pateras en 2018 y que observa una clara coherencia entre la supuesta intención del Gobierno español de entregar a Marruecos a parte de las personas rescatadas y las decisiones adoptadas en el último semestre: “Se están cargando el servicio y sus valores. Es un plan diseñado perfectamente por pasos: instauración del mando único militar a cargo de la Guardia Civil, el apagón informativo sobre el número de rescates, los obstáculos para que la prensa no pueda informar cuando llegan a puerto, dar mayor autoridad y financiación a Marruecos, reducir las responsabilidades de Salvamento Marítimo, cambios forzados de personal, traslado de embarcaciones a otros puertos, limitación de salidas a emergencias inminentes, militarización de las lanchas con la presencia de la Guardia Civil, un aumento de personal del Frontex (la agencia de la UE de control de fronteras) y ahora, el anuncio de las devoluciones en caliente a Marruecos. España está haciendo lo mismo que la Unión Europea con Turquía, o Italia con Libia”.
Este rescatador se muestra consternado por un plan “que está costando tantas vidas” y aliviado por no trabajar ya en esta empresa pública que en los últimos meses ha visto cómo algunos de sus responsables más destacados por su defensa de los rescates han sido degradados. El nombre de Miguel Cea, jefe del centro de coordinación de Almería, saltó a la palestra pública hace un año, cuando salió en defensa de Helena Maleno, acusada en Marruecos de favorecer la inmigración ilegal y de tener relación con la redes de tráfico de seres humanos, a raíz de un informe entregado a Marruecos por la policía española.
“Maleno es la persona que más vidas ha salvado en el Estrecho. Es una persona providencial para nosotros”, declaró en su momento Cea. También ha sido destituido Miguel Parcha de su puesto como capitán de la Guardamar Polimnia, una de las más activas en los rescates de Mar de Alborán. La Marea ha preguntado sobre estas cuestiones al Ministerio de Fomento sin obtener por el momento respuesta.
Cerco al derecho al asilo
Este giro radical de la política fronteriza del gobierno de Sánchez, que autorizó recién llegado a Moncloa el atraque en puerto español del barco humanitario Aquarius, tiene como objetivo reducir a la mitad la llegada de personas migrantes por vía marítima. Tras el cierre de la ruta libia, en 2018 llegaron a nuestras costas 57.498 personas, según el Ministerio del Interior. Y en los primeros 45 días de 2019 llegaron 108 pateras según el gobierno, un flujo que se ha limitado a un puñado después de la cumbre de los monarcas español y marroquí, según fuentes de Salvamento Marítimo.
Pero, sobre todo, 2018 fue el año en el que murieron al menos 1.064 personas intentando alcanzar las costas españolas, un dato que conocemos gracias al trabajo de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), ya que según ha declarado fuentes del Ministerio del Interior a La Marea “el Gobierno no tiene un registro de las muertes en costas, esa es una labor de los ayuntamientos”.
Natalia García Caballos, secretaria general de APDHA, ve en la supuesta aspiración del gobierno de entregar a Marruecos a parte de los rescatados “un peligroso precedente porque nuestros barcos de Salvamar son suelo español, lo que supondría devoluciones en caliente, que ya han sido condenadas por las Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De confirmarse, no sólo no se estaría respetando el derecho al asilo – que implica que cada caso se estudie de manera individual–, sino que se estaría considerando Marruecos un puerto seguro”. Y Marruecos, claramente, no es un puerto seguro.
A la vez que destina importantes presupuestos a elaborar campañas de sensibilización contra la trata de seres humanos, el Gobierno español dicta políticas dirigidas a obstaculizar el viaje que muchas de sus víctimas emprenden para ponerse a salvo de la explotación física y sexual, de la mutilación genital, de matrimonios forzosos e infantiles, de la violencia machista…
“Todas ellas situaciones habituales para las mujeres y niñas subsaharianas y por las que tendrían derecho a la protección internacional”, nos explica en el CETI de Melilla, Laura Serrano, abogada de CEAR. Y que, sin embargo, de cumplirse las devoluciones en caliente marítimas, las podrían condenar a una suerte de cárcel a cielo abierto en Marruecos, cuando no a la deportación a sus países, de donde huían, desde Rabat. “Pura hipocresía”, en palabras de Natalia García: “En abstracto todo el mundo está en contra de la trata o de la violencia contra la infancia. Pero la defensa del derecho al asilo, de las víctimas de trata y de los derechos humanos se pone en práctica de maneras muy específicas, y lo que aquí estamos viendo es que se están adoptando medidas para impedir a toda costa que las personas no lleguen a nuestro territorio. Zapatero dijo una vez que el objetivo de sus políticas era que los migrantes no saliesen de sus países; que si salían, no lograsen llegar a suelo español; y que si llegaban, fuesen devueltos inmediatamente. Esa es la filosofía que permanece. A nuestros gobiernos no les importa las personas que están en tránsito, les importa que no lleguen a nuestro territorio”.
Para el coordinador del equipo Frontera Sur del Servicio Jesuita de Migraciones, Josep Buades, esta supuesta decisión de España de llevar náufragos a puertos marroquíes “hace claramente aguas desde el punto de vista legal cuando hablamos de personas que quieren solicitar asilo, porque si no lo hacen en Marruecos es porque este país no les ofrece garantías. Las personas subsaharianas no pueden acceder a los puestos fronterizos españoles para solicitar asilo porque la policía marroquí no les permite llegar a ellos. Y no olvidemos que también están cogiendo pateras marroquíes, argelinos o yemeníes para solicitar asilo, y si fuesen rescatados por Salvamento Marítimo y llevados allí de vuelta, España estaría faltando a su deber de asilo”.
Marruecos, junto a Guinea Conakry, fue el país de origen de la mayoría de las personas que llegaron a España por vía marítima en los dos últimos años. Este repunte del éxodo marroquí parece responder a una suma de razones, como apunta el jurista y miembro de APDHA Diego Boza: “Hay quien apunta al anuncio de la reimplantación del servicio militar obligatorio, que dicen que empuja a huir a muchos jóvenes. Está el desacompasamiento entre un desarrollo económico brutal y la no mejora de las condiciones sociales de la mayoría de la gente, que siguen siendo de pobreza. Además, se ha encarecido el coste de la vida a precios casi europeos, mientras los sueldos medios siguen manteniéndose entre los 200 y 300 euros. También influirá lo que algunos expertos apuntan: que los que llegan son referentes de éxito que hace que otros quieran imitarles. Y también hay que contar con la huida de los rifeños, que están siendo reprimidos tras las protestas, aunque la mayoría no sean del Rif”. Rifeños que como gran parte de las personas procedentes de países subsaharianos huyen de contextos por los que podrían acogerse a la protección internacional, pero para quienes solicitar asilo se ha convertido en una complicada decisión.
El gobierno español ha anunciado que va a destinar 32 millones de euros a “reforzar y modernizar el sistema de protección fronteriza terrestre” de Ceuta y Melilla y que ese gasto pueda ser cofinanciado “hasta el 75 por ciento de su importe con fondos europeos, a través del Fondo de Seguridad Interior o del Fondo de Asilo, Migración e Integración”, lo que para Natalia García, de APDHA, es una absoluta “barbaridad e incoherencia”.
Una decisión cuanto menos farisea que guarda semejanzas con la retirada de las concertinas de parte de la valla de Melilla, ordenada en 2018 por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la vez que eran instaladas en el lado marroquí de la frontera. De los 209 hombres que consiguieron atravesar este muro de alambradas y cuchillas en el salto colectivo de octubre de 2018, 55 fueron devueltos a Marruecos gracias al Acuerdo de Readmisión firmado por los dos países en 1992 y recuperado por el gobierno de Sánchez.
Uno de ellos murió tras ser herido, sin que las circunstancias que le provocaron supuestamente un infarto hayan sido aclaradas. Y el resto pidió asilo, gracias a lo cual muchos han sido ya trasladados a la Península, tras pasar meses en el CETI, y otros permanecen allí sin saber muy bien por qué. Hasta el año pasado, apenas ninguna persona negra solicitaba asilo porque sabía que era sinónimo de pasarse meses o incluso años atrapado en Melilla hasta que se resolviese su caso.
Ahora que el Gobierno español cumple con la legalidad y respeta a los solicitantes de asilo su derecho a la libre circulación por el territorio español –y, por tanto, de pasar a la Península antes de que se resuelva administrativamente su caso– al menos tienen la opción de jugarse la vida saltando la valla o cogiendo una patera para intentar acceder a su derecho a la protección internacional garantizado.
Muchos de estos hombres ya cuentan con que tendrán que intentarlo varias veces porque han sufrido las devoluciones en caliente a través de las puertas de la valla de Ceuta y Melilla. Para las mujeres y los niños es aún más difícil: tendrán que jugársela pagando por esconderse en falsos bajos de coches o subiéndose a una patera. De aprobarse el acuerdo para devolverles a Marruecos tras ser rescatados por Salvamento Marítimo, ni siquiera tendrán esta última opción: toda la costa española será una puerta fronteriza camuflada por donde realizar las nuevas deportaciones colectivas ilegales: las devoluciones marítimas en caliente.
