El Estado no aclara por qué una mujer terminó con la nariz rota tras ser detenida

María –nombre ficticio– volvía de la discoteca. Eran las doce de la noche. Enero de 2013. Sus dos amigas cogieron un taxi y ella decidió ir caminando hacia su casa, a apenas unos metros. “Unos agentes me retuvieron y acabé en el hospital con la nariz rota. Ahora veo a la policía y se me cambia la cara”, contaba a La Marea en abril de 2016, en una cafetería de Córdoba próxima a donde sucedieron los hechos. Después de que los tribunales españoles archivaran todas sus denuncias, María llevó a España ante el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, asesorada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Ahora, en abril de 2018, dos años después, el Estado vuelve a decir que no existen pruebas de esos hechos, sin aclarar, como denuncia la APDHA, por qué esta chica, que entonces tenía 33 años, terminó siendo operada en el hospital justo después de ser detenida por la policía.

Según la respuesta del Ministerio de Justicia al comité de la ONU, no existen evidencias que prueben que María fuese golpeada. Se remite para ello a unos fotogramas de las cámaras de seguridad de la comisaría y a las propias resoluciones de los tribunales. «El Estado no aporta una explicación ni justificación ni señala la realización de una investigación de cómo es posible que una ciudadana que no presentaba lesiones al momento de la detención sí las presentara al finalizar la detención«, alega el abogado de la APDHA que lleva el caso de María, Valentín Aguilar. Sobre la ausencia de sangrado en las imágenes de la comisaría, Aguilar se remite al médico que la atendió: «Afirma que no todos los pacientes padecen sangrado al principio».

María asegura que no ha sentido más humillación que aquella noche. “Una vez que llegamos a la comisaría me quitaron las esposas y me desnudó la policía mujer, me quitó el dinero que llevaba encima y a la media hora me dijeron que me podía marchar, sin ninguna explicación, tratándome mal y con insultos. Pedí que me viera un médico porque me dolía mucho la nariz pero nadie me escuchó. Yo misma en la puerta de la comisaría, desde mi móvil, llamé al 091 para decir lo que me estaba pasando y el señor que me atendió llamó a la ambulancia. Mientras la esperaba, bajó un señor vestido normal, no de policía, y comenzó a decirme ‘hija de puta, como vuelva a escuchar más quejas te vas a quedar aquí encerrada hasta que quiera en el calabozo’. Llegó la ambulancia, me recogió y ahí fue donde yo me sentí protegida”, continuaba su relato a este medio.

La respuesta del Ministerio de Justicia tampoco aclara, como denuncia el abogado de la APDHA, por qué la policía no inició una investigación de los hechos de lo sucedido pese a que la ciudadana afirmó a la misma policía haber sido agredida por agentes y por qué no fue llevada a un centro de salud. «En el caso de que el detenido/a presente cualquier lesión imputable o no a la detención o manifieste presentarla deberá ser trasladado de forma inmediata a un centro sanitario para su evaluación», defiende Aguilar.

La policía encontró en el bolso de María una cartera de otra persona. La suya no estaba. “A mí sí me hicieron un juicio de faltas por hurto, del que salí absuelta, pero ellos no han pasado por nada”, proseguía indignada María, a quien la propia policía le llevó al hospital la cartera que le habían sustraído a ella. En su respuesta a la ONU, el Ministerio de Justicia también asegura que María tuvo un juicio justo, parcial y completo.

Según los datos aportados por la APDHA, el Estado ha reconocido al Comité contra la Tortura que de los 4.211 funcionarios denunciados penalmente entre 2009 y 2012, únicamente 29 acabaron condenados. “En este caso, al menos hubo un poco de investigación, pero no se celebró finalmente el juicio. Ni siquiera tuvieron la pena de banquillo”, lamenta Aguilar, que alega igualmente que el Estado no justifica por qué la declaración de la víctima y las lesiones existentes no son suficientes para continuar con un procedimiento judicial completo, hasta la celebración de un juicio.

La APDHA recuerda la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a España, el pasado febrero, por trato inhumano y degradante y, por novena vez, por no investigar denuncias de torturas. «La similitud entre ambos supuestos está en que en ambos casos las lesiones están suficientemente demostradas, nunca fueron negadas por el Estado y debieron producirse durante la detención (no existían a la entrada y sí a la salida). No es posible que un ciudadano ileso antes de la detención acabe lesionado, sin que exista ningún tipo de explicación”, asegura en una nota de prensa la organización, que espera un fallo similar.