Colectivos ciudadanos proponen una nueva ley a favor de las demandas colectivas

El colectivo ciudadano Xnet y la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) han presentado este martes en el Registro del Congreso de los Diputados una Proposición de Ley (PL) para la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de facilitar las demandas colectivas y agrupadas. El objetivo es que los afectados por estafas sistémicas puedan reunirse y ejercer este tipo de acciones . Hasta ahora, las demandas colectivas en España, tal como establece el artículo 11 de la ley de Enjuiciamiento Civil, solamente pueden ser presentadas por las asociaciones de consumidores y por el Ministerio Fiscal.

La PL propone la modificación de cuatro artículos de esta norma legislativa y la creación de un nuevo apartado para que plataformas o grupos de afectados puedan presentar demandas colectivas y que las demandas acumuladas puedan desarrollarse y crear jurisprudencia. «Nos referimos a plataformas concretas y específicas a las causas, de formación puntual –sin vocación de continuidad– y ágil, con recursos y competencias circunscritas, específicas y dirigidas a un caso concreto, y que sirvan para resolver fraudes sistémicos e indemnizar a sus afectados de forma más rápida y efectiva», recuerdan desde Xnet. La medida ya está contemplada en las legislaciones de otros países europeos, como Portugal.

Esta PL viene acompañada de una instancia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la modificación de los módulos de carga de trabajo de los jueces para que puedan tener cabida en la actividad de los tribunales las demandas acumuladas y las demandas colectivas, así como de una interpelación a los eurodiputados para aumentar la armonización en este sentido.

Junto a la presentación de esta PL, Xnet ha planteado una nueva propuesta metodológica de colaboración entre la sociedad civil organizada y el Congreso de los Diputados partiendo de un uso inédito del Reglamento parlamentario. Aprovechando un resquicio legal, este colectivo ciudadano sostiene que la firma de 15 diputados es suficiente para para que una ley que proceda desde la ciudadanía se transforme en Proposición de Ley. Un método novedoso que, de salir adelante, podría suplir a las Iniciativas Legislativas Populares (ILP). Este trámite, muy costoso, requiere de un mínimo de medio millón de firmas y el esfuerzo suele acabar en papel mojado, ya que la mayoría de ocasiones no prospera.

Los diputados Joan Tardà (ERC), Alexandra Fernández (En Marea) y Enric Bataller (Compromís) son tres de los 15 diputados que han respaldado esta modificación del Reglamento de la cámara baja. «Es una buena metodología para que la ligazón entre los diputados y la sociedad civil organizada dé buenos resultados. Este es el verdadero lobbismo que nos interesa», ha afirmado Tardà.

«Es urgente actuar porque muchas de estas cuestiones vinculadas con las estafas prescriben. Apelamos a la responsabilidad de los diputados», ha insistido Simona Levi, del colectivo Xnet. «Esto es un paso adelante en defensa de la ciudadanía. La sociedad civil en España debe despertar ya», ha recalcado Patricia Suárez, de ASUFIN.