El año de los delitos de opinión

Dijo el rey en su último discurso de Navidad que todo el mundo podía expresar libre y democráticamente sus opiniones. Los datos recogidos en este informe de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) concluyen, sin embargo, que 2017 ha sido el año de los delitos de opinión. Varios ejemplos: ha entrado en prisión el primer tuitero por opinar en redes sociales, Alfredo Remírez. También fueron condenados a prisión el líder de Def con Dos, César Strawberry, la tuitera Cassandra, el rapero Valtonyc y el colectivo La Insurgencia.

“Cuesta encontrar en la última etapa democrática de España un precedente parecido al grado de represión contra la libertad de expresión al que hemos llegado en este año: se ha enviado a personas a la cárcel por simples canciones o por un tuit. Esto lo teníamos olvidado y ha ocurrido en plena Europa y en pleno siglo XXI. Es tan grave que tardaremos en asimilar su alcance”, denuncia la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso. Estas son las principales cifras plasmadas en el informe:

Hasta tres años y medio de cárcel

El rapero Valtonyc fue condenado a tres años y medio de cárcel en febrero por el contenido de sus canciones. La última sentencia del año por un delito de opinión fue la del colectivo de hip-hop La Insurgencia: sus 12 integrantes fueron condenados a 2 años y 1 día de cárcel.

Los juicios por enaltecimiento del terrorismo se disparan

En marzo la Audiencia Nacional fue motivo de alarma por el récord de juicios de enaltecimiento del terrorismo en redes sociales que se celebraron en cadena: siete en solo una semana. Los juicios por enaltecimiento se han disparado tras el cese de la actividad terrorista, y han llegado a multiplicarse por cinco desde el final de ETA con el PP en el Gobierno: en 2011, en el año en el que ETA renunció de manera definitiva a las armas, se produjeron cinco sentencias por este tipo delitos, en 2012 fueron diez, en 2013 subieron a 15, mientras que en 2014 se quedaron en 14 y en el año 2015 ascendieron a 25. Además, desde el 1 de enero de 2016 la Audiencia Nacional ha condenado al menos a 30 personas por el delito de enaltecimiento del terrorismo de ETA y/o los Grapo en redes sociales.

Ley Mordaza

Según el informe Actuaciones en materia de protección de la seguridad ciudadana 2016 que el Ministerio del Interior publicó en mayo de este año, desde la entrada en vigor de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, se han impuesto un total de 285.919 multas, con una cuantía total de 131.470.206 euros. Por número de sanciones, las supuestas infracciones del artículo 37.4 de la ley sobre “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, llegaron a triplicarse en 2016: en ese año se impusieron en España 19.497 multas por este motivo con un coste de 3.006.761 euros, mientras que en la mitad de 2015 en la que estuvo vigente la ley (desde el mes de junio cuando empezó a aplicarse) se habían sancionado “solo” 3.130 conductas por este mismo concepto.

Por su parte, las multas por “desobediencia o la resistencia a la autoridad”, “negativa a identificarse” o la alegación de “datos falsos o inexactos en los procesos de identificación” (artículo 36.6 de la Ley) llegaron a las 12.094, es decir, un tercio más que en 2015, cuando se impusieron por este motivo 4.311 multas en los seis meses de vigencia de la ley. Es decir, esto supone que el año pasado la Policía multó de media a 33 personas al día por este motivo. La cuantía total de estas multas es de 10.196.817 de euros.

Periodistas

El coste de la multa al periodista de la emisora vasca Hala Bedi Mikel Sáenz de Buruaga por grabar con el móvil una intervención policial en el barrio de Errekaleor (Vitoria) ascendió a 602 euros. No es un caso aislado. También la periodista Cristina Fallarás fue multada con 600 euros cuando participaba en una protesta por el asesinato de reporteros en México; el Colegio de Periodistas de Galicia denunció amenazas policiales a la prensa que cubría un desalojo policial en Santiago de Compostela de un Centro Social Ocupado; y Raúl Solís fue el primer periodista en Sevilla sancionado por la Ley Mordaza mientras trabajaba cubriendo una protesta contra el autobús de Hazte Oír.

Un año y dos meses

Es el tiempo que ha transcurrido desde que el Congreso instase a derogar la Ley de protección de seguridad ciudadana, sin que aún se haya logrado.