El Defensor del Pueblo constata la violación de derechos en la cárcel de Archidona reconvertida en CIE

No es un CIE, es una cárcel. Y es una cárcel, además, con numerosas carencias. Es la conclusión del Defensor del Pueblo sobre la situación del más de medio millar de personas extranjeras internadas en el centro penitenciario de Archidona (Málaga) tras llegar en patera a las costas levantinas. «Las personas permanecen en el patio desde el desayuno hasta la cena (excepto para la comida) sin poder pasar al resto de zonas comunes, incluido los baños. Esta ausencia de horario y actividades favorecen los incidentes entre los internos», afirma la institución en una nota de prensa tras la visita de dos técnicos a las instalaciones en su doble condición de Alto Comisionado de las Cortes Generales y Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 

Según el Defensor, otra medida que no favorece la normalización de la convivencia en el centro es que la gestión directa con los internos la están realizando agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) con su uniformidad e instrumentos habituales. «No se están respetando las reglas mínimas para la custodia de las personas internadas en un CIE (carencia de atención sanitaria suficiente, información normas mínimas de funcionamiento del centro; ausencia horario y actividades, etc)», denuncia el Defensor.

Además, según el relato de los internos entrevistados, el traslado al centro se realizó con los ciudadanos extranjeros unidos por la muñeca contraria mediante bridas. Sobre las visitas de familiares, afirma que se realizan en locutorios cerrados con mamparas aislantes de cristal, mediante teléfono, y la privacidad no está garantizada.

El pasado miércoles, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró en el Congreso que estas personas están «en mejores condiciones y con mejores garantías» que las internadas en los CIE. «El internamiento en Archidona está avalado por la Ley española, la europea, sentencias del Supremo y siete jueces. No todo vale en política y menos en un asunto tan serio. ¿Qué hacemos con estas personas, las dejamos en la calle?», zanjó.

El internamiento en Archidona está avalado por la Ley española, la europea, sentencias del Supremo y siete jueces. No todo vale en política y menos en un asunto tan serio. pic.twitter.com/dJXetruWFo

— Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 29 de noviembre de 2017

Al Defensor, sin embargo, también le ha llamado la atención que en los autos de autorización de internamiento que se han emitido por órganos judiciales de diferentes localidades (Alicante, Almería, Cartagena, Elche, Lorca o Vera) no consta el lugar exacto en el que se produjo la detención de cada una de estas personas cuando la norma establece que el juez competente es el del lugar de la detención. Además, indica que, salvo en los autos procedentes de Elche, no se valora el hecho de autorizar el internamiento en unas instalaciones que tienen atribuido carácter penitenciario. Por otra parte, el centro en los diferentes autos recibe diversas denominaciones, lo que genera dudas al Defensor sobre la información facilitada a los distintos órganos jurisdiccionales. «Con independencia de que las condiciones arquitectónicas del centro sean mejores que las de cualquier CIE, las carencias detectadas no permiten considerar que los servicios sean similares a los de los centros de internamiento», añade el Defensor. 

Por ello, la institución pide sustituir como agentes de custodia a los miembros de la UIP por funcionarios policiales de las brigadas que habitualmente prestan servicios en los CIE, proceder de manera inmediata al reconocimiento médico de todas las personas internadas en el centro; establecer asistencia médico-sanitaria las 24 horas; garantizar a cada interno la disponibilidad de sus objetos personales y de vestuario y su sustitución con una frecuencia aceptable; establecer un horario diario de actividades para los internos; garantizar que las visitas de familiares se realicen sin separación física por mamparas y en condiciones de privacidad; facilitar los medios materiales para que los internos puedan comunicar su detención y lugar de internamiento a familiares o la persona que determinen; establecer convenios con los colegios de abogados y ONG para hacer efectivo el derecho a la orientación jurídica y social; habilitar los instrumentos necesarios para la formalización de reclamaciones, quejas e instancias a las distintas autoridades competentes; y completar los expedientes administrativos y devolver a los internos las copias de los autos de internamiento o cualquier otra documentación administrativa.

Por último, el Defensor recuerda a la Dirección General de la Policía su obligación de velar por el respeto a la vida, integridad física y salud de los internos, especialmente en lo referido a impedir altercados entre ellos y en lo relativo a la existencia de planes de evacuación, prevención de incendios y almacenamiento de las imágenes y sonidos captados por los sistemas de videovigilancia.