Un organigrama para Catalunya

La jueza titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3, Carmen Lamela, ha realizado su último acto judicial antes de entregar al Tribunal Supremo la causa que investiga contra miembros del Govern y contra los activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

En un informe requerido por el Tribunal Supremo acerca del estado de tramitación de esta causa que se sigue por los delitos de rebelión, de sedición y de malversación de fondos públicos, ha plasmado su particular visión de toda la planificación política del Parlament, del Govern y de la “sociedad civil” (asociaciones ANC y Òmnium), desde el resultado electoral del 27 de octubre de 2015, bajo el concepto de “organización”.

No le ha aplicado el calificativo de “criminal”, pero en el seno de un procedimiento penal, en el que se repite constantemente la palabra “organización”, con inclusión de un organigrama, con reparto de funciones, para la realización de “un plan preconcebido”, es evidente que se estaría hablando de organización criminal y no de una simple reunión de una comunidad de vecinos.

En el organigrama que se incluye en dicho informe, se sitúan cuatro casillas: “legislativo”, “ejecutivo”, “sociedad civil” y “asesores ideólogos”. Es decir, la estructura de la Comunidad Autónoma de Catalunya y quienes participaron en el plan secesionista.

Hasta ahí, nada habría que objetar. El resultado electoral del 27 de octubre de 2015 fue mayoritariamente soberanista: todos los partidos que concurrieron a las elecciones lo hicieron con un programa político lícito, que no fue intervenido por ninguna autoridad judicial o policial. El programa soberanista con el que concurrieron los partidos independentistas no fue anulado ni ilegalizado y los mítines y campañas realizados no fueron suspendidos ni hubo detenciones, pese a que su programa soberanista fue claramente anunciado, con total transparencia y publicidad.

A partir de este resultado electoral del 27 octubre de 2015, el primer acto parlamentario que impulsa el proceso soberanista data del 9 de noviembre de 2015. Es esta fecha la que toma como punto de partida la querella de Fiscalía, que recogerá todos los actos parlamentarios y dos decretos del Govern.

Esta es la organización: una detallada y exhaustiva descripción de los trabajos parlamentarios, realizados por parlamentarios y votados por ellos. Es decir, una planificada acción política con el objetivo de cumplir un programa político, que fue el mayoritariamente votado por los ciudadanos catalanes.

Como colofón, estos dos años de realización de actos parlamentarios y actuaciones de gobierno fueron acompañados de la legitimidad popular, visibilizada en movilizaciones sociales de apoyo a esta actividad política: Diadas y diversas manifestaciones masivas, en las que no hubo nunca ni violencia ni intimidación y no se registraron tampoco detenciones. Se han llegado a registrar hasta dos millones de personas en apoyo al soberanismo. Esta parece ser, la “sociedad civil” marcada como brazo de esta organización descrita por la jueza Lamela.

Nos preguntamos cuál es el elemento criminal que subyace en esta descripción de los hechos y en este organigrama: más bien pareciera una loa a la actividad política consistente en cumplir un programa político, tal cual fue demandado por el 47,4% del electorado, de forma coherente, sistemática y planificada, si no fuera por el hecho de que hay diez personas en prisión provisional y cinco perseguidas en Bélgica para ser encarceladas.

Se dice que todos los actos parlamentarios que impulsaron el Procés fueron suspendidos y anulados por el Tribunal Constitucional. Y ahí está, precisamente, la confusión buscada por muchos que apoyan esta escalada de represión: los actos ilícitos no son necesariamente delictivos. Por ejemplo, el despido de una mujer por el hecho de quedarse embarazada, sería un ilícito que conllevaría la nulidad del despido, es decir, sin efectos jurídicos. El empleador que así ha actuado no es un delincuente por ello, realizó una ilicitud pero no delinquió.

En el Procés, el Tribunal Constitucional declaró la nulidad de los actos parlamentarios pero estos no son en sí mismos delictivos ni obedecen a un plan criminal preconcebido para la comisión de los delitos de rebelión o sedición.

Llama la atención que el informe emitido por la jueza Lamela se prodiga en detalles sobre dicha planificación parlamentaria y nada diga acerca de la inviolabilidad e inmunidad parlamentarias. Esta protección institucional está contenida tanto en la Constitución Española como en el Estatut de Catalunya, que aunque fuera cribado por el Congreso de los Diputados y anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional, precisamente en este punto se mantuvo intacto. Ni se deben perseguir a los parlamentarios por los votos y opiniones en el ejercicio de su cargo ni se debe detener a los parlamentarios y miembros del Govern -artículos 57 y 70 del Estatut-.

También sorprende que se omita el hecho de que el Juzgado de Instrucción nº 7 de Barcelona está investigando 280 casos de maltrato policial durante la jornada del 1 de Octubre, lo que abunda en la idea de que la violencia no procedió de la multitud que acudió a votar, sino de ciertos agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que cargaron brutalmente contra la sociedad civil.

Pese a ello, se insiste en que la planificación incluía grandes movilizaciones “intimidatorias” y que se había abonado en “las masas” la falsa idea de que se estaba legislando conforme a Derecho para procurar la independencia. Como si la sociedad civil no hubiera estado “abonada” de ese deseo soberanista, legítima y pacíficamente perseguido, antes de la celebración de las elecciones del 27 de octubre de 2015. Probablemente, en las manifestaciones pacíficamente convocadas los días 20 y 21 de septiembre hubo incidentes aislados, en los que se dañaron vehículos policiales, pero los responsables están sin identificar, lo cual no convierte el ejercicio del derecho de manifestación en un acto insurreccional o sedicioso.

Esta delirante construcción de la dinámica parlamentaria llevada a cabo durante dos años, con organigrama incluido, viene, sin duda alguna, propiciada por una visión muy paranoica basada en meros futuribles, que incluiría una distopía sobre el futuro del reino de España, como panorama desgarrador de lo que los “padres” de nuestra Constitución habrían querido evitar.

Sin embargo, los hechos son los que son, documentados en actas parlamentarias y en archivos videográficos, por más que jueces y policías se empeñen en interpretarlos como hechos sediciosos o de rebelión.

No estamos defendiendo el independentismo sino las garantías que sostienen todo sistema democrático, que en este caso incluyen el derecho a la libertad ideológica, el derecho a la libertad de opinión, el derecho a la actividad de representación política en órganos parlamentarios y de gobierno y el derecho a no ser sujetos a la arbitrariedad de los poderes públicos, respetando en todo caso la separación de poderes del Estado. Todos, por cierto, con categoría de Derechos Humanos. Hasta un juez belga podría verlo.

Isabel Elbal forma parte del equipo jurídico que defiende a Meritxell Serret y Antoni Comín.