Independentismo, soberanía popular y huida de empresas

La masiva y repentina huida de empresas de Cataluña si bien puede ser parte del seguimiento del pingüino de seguir al que comenzó a andar primero ante el temor y la inseguridad jurídica que provoque la DUI, todo hace indicar que es parte de una estrategia político-económica de someter al gobierno catalán poniendo su foco en los sectores políticos catalanes más cercanos al empresariado. Esto supone el uso de unos mecanismos análogos a los llevados a cabo en otros territorios y con otros objetivos, pero con la causa común de arrodillar los instrumentos de los que toda democracia liberal establece como máximos baluartes de su funcionamiento y necesarios para un buen funcionamiento de la economía de mercado acorde a los mismos postulados del referido sistema. Esto no hace sino evidenciar cómo mucho más a menudo de lo que creemos los poderes fácticos influyen en la toma de decisiones públicas superando los deseos de buena parte de la sociedad y la soberanía popular.

Este tipo de movimientos del poder empresarial que presionan al poder político con la intención de someterlo no son nada nuevo, más allá de que como se demuestra en el caso de Catalunya y pone en evidencia el Decreto gubernamental de fomento de la huida de las empresas establecidas en ese territorio hacia otro territorio del Estado, en este caso la particularidad es que se hace en connivencia con el otro poder político en disputa en el connotado conflicto. Ello habla de forma clara de la inexistente neutralidad de los mercados. Ya han ocurrido ejemplos análogos en la guerra económica declarada al gobierno de Allende por el sector empresarial liderada por la empresa estadounidense ITT, donde en una suerte de Doctrina del Shock con objetivos y metodología particular se evidenció también esta influencia e intento de sometimiento del poder político ante el económico que al no dar resultado acabó desembocando en el conocido golpe de Estado de Pinochet.

Ante estos hechos el gobierno catalán, y en especial sus miembros más conservadores, probablemente se vean obligados a matizar su radicalidad hasta entrar en una suerte de negociación de uno u otro tipo con el gobierno, en función de diversas causas que se escapan a los objetivos de este escrito. Estos hechos no hacen sino poner énfasis en la necesidad de construcción de mecanismos de soberanía popular que permitan a los individuos tomar decisiones sin verse influidos ni mucho menos subyugados por estos poderes fácticos que ponen de rodillas las instituciones y nuestra capacidad de decisión. El proceso soberanista ha priorizado la construcción de un estado prevaleciendo el asunto nacional frente a otros asuntos como pudiera ser el social. Hasta el momento estas empresas parecían confiar en que las clases políticas tradicionales de ambos bandos se acabarían poniendo de acuerdo en la reedición de esa Omertá que permitió durante décadas ocultar bajo las sábanas todas las corruptelas de ambos bandos.

La creación de esta soberanía popular supondría trascender la configuración nacional, sea comprendida tanto en clave catalana como española, construida alrededor de soberanías nacionales con el objetivo de recuperar verdaderas capacidades de decisiones autónomas respecto de unos poderes fácticos que por diversos factores escapan al control de las mayorías e intereses sociales.

Asier Tapia es socio cooperativista de La Marea.