Ecos de tiempos no tan lejanos

Miguel García Lerma es doctorando en Historia Contemporánea.

El escenario está montado, y el teatro de guiñol comienza su función sin más guión aparente que un choque de trenes auspiciado por las “derechas” casticistas que poco o nada quieren solucionar,. La liebre ha sido levantada, y nadie se quiere cobrar la pieza. Por un lado, los exconvergentes, que reculan cuando les han quitado la red de un salto que llevan anunciando a bombo y platillo años. Por otro lado, el “Gobierno de la Nación”, que nunca ha aceptado la pluralidad de ésta más que para el voto de los Presupuestos Generales del Estado, siempre que le ha hecho falta pactar con la derecha nacionalista. Ya lo sabíamos, pero hoy día sorprende a muchos el hecho de que la pasta siempre se entienda con la pasta, independientemente de la bandera que la expida.

Para aquellos que partimos de una perspectiva de izquierdas que asume, en cierto sentido, algunos de los horizontes programáticos e ideológicos de la izquierda rupturista de este país, consideramos que el derecho de autodeterminación es, si me permiten el vulgarismo, “sagrao”. Sagrado porque es un derecho inalienable de los pueblos según varios documentos de organismos internacionales. Sagrado porque también los ciudadanos y ciudadanas debemos participar en la toma de decisiones del encaje territorial de nuestro estado. Sagrado, porque ha sido uno de los principios fundamentales que ha configurado el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, y ha permitido la descolonización de países brutalmente explotados por sus metrópolis.

Y pese a las profundas reservas que el que suscribe tiene ante el formato de referéndum que ha propuesto la «Cheneralitá» (usando de modo jocoso como llamaba a la institución un catalán universal como era Ivá), no podemos cerrar los ojos ante la movilización que está dándose en Cataluña. Y como reservas no nos faltan, no tanto por el proceso en sí, sino por los mecanismos legales que se han puesto en marcha para desarrollarlo, y la mano que dirige el timón (una derecha tan nacionalista y corrupta como el Partido Popular)

Pero en este artículo quiero simplemente analizar la otra parte, la gestión del gobierno Popular, desde una perspectiva discursiva. No vamos a entrar en las grandes declaraciones, o en las líneas programáticas, sino en dos elementos que considero elocuentes. Porque, como dice el refranero, ‘de casta le viene al galgo’, y cuando las cosas están mal, las viejas pulsiones salen a la luz. Vamos a ello. Por un lado la preocupación por el Orden Público, y por otro lado la reaparición misteriosa del término “propaganda ilegal”. A aquellos más jóvenes, les sonará a otro elemento del tedioso lenguaje político, pero por mi profesión (investigador histórico), puedo vislumbrar parte de la significación que tiene el uso del lenguaje en esta circunstancia. Con respecto al primer elemento, al menos sobre papel, desde la constitución de 1978 no tenemos unas Fuerzas de Orden Público (FOP), sino unas Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE).

«¡Es lo mismo!», dirán algunos, “otro eufemismo para llamar a la misma cosa”. Pero los términos tienen una significación profunda, y hay matices. Si bien ambas definen a “profesionales de la violencia institucional” -por muy polémico que pueda resultar el término-, el uso de FOP está asociado a la judicialización de actitudes políticas (entendiendo que ciertas reivindicaciones políticas alteran el orden público), mientras que el uso de FSE está asociado a la protección de la seguridad de la ciudadanía, partiendo de sus derechos y libertades. O de una manera mas simple, el concepto orden público tiene un elemento represivo, y el concepto seguridad ciudadana, un elemento democrático. O ese fue el cambio que se nos acentuó en el mundo académico y en los investigadores de la Transición Española en un momento que se planteaba el debate sobre la no depuración del personal policial de la dictadura. Cambio que el gobierno del Partido Popular, al parecer, se empeña en olvidar.

El segundo elemento que ha salido estos días a colación es el de la propaganda ilegal. Si bien no existe como elemento en nuestro Código Penal, ha estado presente en boca de nuestros dirigentes en la última semana, con el absurdo de ver a las FSE persiguiendo carteles e imprentas. El concepto de propaganda ilegal, una vez más, asumido por nuestro gobierno de la dictadura, fue un mecanismo contra los vencidos de la guerra en un contexto de represión. Sobre todo a la altura de la década de los años setenta, cuando constituyó una de las principales razones de encausamiento de disidentes políticos por el Tribunal de Orden Público. Quizás estos pequeños “lapsus” terminológicos podrían ser simples construcciones lingüísticas, sin mala fe, ante la celebración de un referéndum que excede el marco legal de nuestro ordenamiento jurídico. O quizás el uso de “viejas palabras” por los herederos de una cultura política que considera, como Fraga expuso en 1976, que la calle es suya.

Pero lo cierto es que el tratamiento del problema ha pasado por una judicialización del hecho político, es decir, se enmarcan actitudes políticas dentro del ámbito judicial, en lugar de ofrecer soluciones políticas a un problema que va más allá de una legislación concreta. Lo que no entiende el gobierno es que dos millones de personas en la calle no pueden constituir un colectivo a encarcelar y reprimir. Y si, recuperando estos ecos de un pasado no tan lejano, quizás de forma leve, pero muy significativa, el gobierno nos está diciendo que no tiene problema en encuadrar, dentro de una democracia, actitudes políticas fuera de la ley, que tiemblen no solo los activistas catalanes, si no cualquier activista social de este país (o país de países, como se prefiera). Porque se va a convertir en un problema de orden público. Porque su propaganda va a ser ilegal. Y hay que estar atentos, porque este giro no es sino el primer paso de una deriva autoritaria, que una vez iniciada, como el mismo ‘Procés’ en sí, no sabemos como va a acabar.