La difamación: la nueva estrategia de los ‘lobbies’ contra los detractores del TTIP

Al principio las negociaciones secretas del TTIP y el CETA parecían ir en viento en popa, pero una serie de filtraciones y el trabajo de cientos de organizaciones sin ánimo de lucro, académicos, periodistas, asociaciones de consumidores, sindicatos e incluso jueces pusieron en alerta a la opinión pública acerca de los riesgos de estos acuerdos para la soberanía y el bienestar social. Ante la falta de ideas para rebatir los argumentos políticos y científicos en contra de estos tratados, los grandes lobbies corporativos y think tanks liberales han puesto en marcha una nueva estrategia: la difamación para deslegitimar a toda costa a quienes se muestran críticos con los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) y Canadá (CETA), y defienden la democracia y la justicia social y medioambiental en la política comercial europea. Incluso los premios Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, o el exdirector general de Comercio de la Comisión Europea, Pierre Defraigne, están siendo difamados por ser contrarios a estos acuerdos comerciales.

La reacción de estos lobbies es similar a la que tuvieron las industrias tabacalera y petrolera cuando ciudadanos y gobiernos empezaron a preocuparse por los efectos nocivos sobre la salud y el medio ambiente de sus negocios: primero intentaron sembrar la confusión con estudios precocinados; también promovieron la división entre sus críticos («se trata de un tema solo para expertos»); después probaron a expulsarlos del debate, más adelante pusieron en duda su integridad y finalmente atacaron a sus fuentes de financiación.

Como en aquel entonces, en un primer momento los defensores del TTIP y el CETA intentaron debatir con argumentos sobre los supuestos beneficios económicos de, por ejemplo, crear tribunales supranacionales con jueces nombrados por las multinacionales, priorizar los intereses de mercado frente al calentamiento global, o eliminar las restricciones a químicos y otras sustancias prohibidas en Europa por sus efectos nocivos sobre la salud y el ecosistema. Pero desde que en 2013 comenzaron las primeras filtraciones, los grupos de presión empezaron a abandonar el debate público y pasaron a la calumnia para deslegitimar a sus críticos.

Lobbies de la talla de BusinessEurope, Bertelsmann Stitung o el Centro Europeo de Estudios Políticos (CEPS, integrado por Bayer, Google, ExxonMobil, Repsol, Pepsico…) ejercen cada vez más presión en medios de comunicación, redes sociales y conferencias contra las organizaciones contrarias a la negociación secreta del TTIP y el CETA. Para restar credibilidad al trabajo de los detractores de estos tratados, estos lobbies están desplegando una batería de falsas acusaciones, acusando a académicos y activistas que piden democracia en los acuerdos comerciales de estar trabajando codo con codo con los partidos de extrema derecha que tomaron fuerza en los últimos años. Otro bulo frecuente sostiene que Rusia está financiando a estas organizaciones sin ánimo de lucro. “No hay una sola prueba, pero los representantes de los intereses corporativos siguen esgrimiento esa acusación en los debates”, explica Max Bank, de la organización LobbyControl. Además, acusan a los críticos del TTIP de ser alarmistas y manipular a un público “poco instruido” para obtener más dinero para sus campañas.

Esta y otras conclusiones aparecen en el informe ‘Matar al mensajero’, elaborado por el Observatorio Corporativo Europeo (ECO por sus siglas en inglés) y la organización LobbyControl. El documento analiza con detalle y casos documentados el cambio de táctica de los grupos de poder que operan en Europa para sacar adelante el TTIP y el CETA. A continuación exponemos algunos ejemplos de este documento:

La batalla en las redes sociales: en mayo de este año el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Anthony Gardner, escribió que haría falta “un mayor uso de validadores externos para propagar mensajes favorables al libre comercio y la globalización”, en referencia a los medios de comunicación y las redes sociales. Anteriormente la Cámara de Comercio Americana en la Unión Europea -representa a 160 compañías estadounidenses- con la ayuda de lobbies como el Transatlantic Business Counsil (40 multinacionales de EEUU y Europa, entre ellas BP, PwC, Telefónica…), o la gran patronal BusinesEurope, la más activa en la defensa del TTIP (Bayer, BP…) había iniciado una campaña en Twitter para defender los supuestos beneficios del TTIP, pero en dos años apenas lograron aglutinar a 2.000 seguidores. Con la ayuda de la organización Foro de Jóvenes Liberales Europeos (European Liberal Youth Forum), en 2015 lograron organizar una protesta a favor del TTIP, pero su seguimiento fue mínimo en comparación con las 250.000 personas que se manifestaron en Berlín ese mismo año en contra del CETA y el TTIP.

Good thought for the weekend!

Have u read what the EU chemical industry really expects from #TTIP? #Yes2TTIP
READ: https://t.co/iuzWACnU25 pic.twitter.com/MZu3gqDV16

— Cefic (@Cefic) 23 de septiembre de 2016

Emociones contra argumentos: Una filtración de 2013 de la estrategia de comunicación de las autoridades europeas que negocian el TTIP reconocía que “la Comisión expresó explícitamente su preocupación por la naturaleza del debate público” y defendió la necesidad de reprimir “objeciones potencialmente basadas en valores y emociones”. Los lobbies corporativos y la propia Comisión Europea sostienen que los datos de sus previsiones económicas (cuántos empleos creará el TTIP, por ejemplo) se basan en “evidencias”, mientras que los argumentos y cifras de sus críticos son “mitos” irracionales, según organismos como el CEFIC (patronal de la industria química europea), propios de personas con un escaso conocimiento en la materia y que solo pretenden causar miedo. Los datos y pronósticos divulgados por el Ejecutivo europeo y los grupos de presión están basados en modelos de equilibrio general computacional, que “defienden el potencial impacto de desregular la economía” y “sirven a intereses pro liberales de la agenda de la Comisión Europea y otros defensores del TTIP”, según explican Ferdi De Ville y Gabriel Siles-Brügge, del Centro de Estudios de la Unión Europea y la Universidad de Warwick (Inglaterra). Estos cálculos reflejan “expectativas ficticias” y “altamente especulativas”, opina Clive George, profesor y economista de la Universidad de Manchester.

Desprestigiar a toda costa: la organización europea de consumidores BEUC es una de las pocas entidades sociales invitadas por la Comisión Europea para opinar sobre el TTIP. La estrategia de los lobbies corporativos para minar su trabajo consiste en acusarla de forma constante de financiarse supuestamente por vías ilícitas. BEUC dedica gran parte de su tiempo a rebatir esas acusaciones y a explicar su política de transparencia financiera, pero las quejas no cesan. De esa forma, los lobbies hacen que esta ONG pierda el tiempo que, en circunstancias normales, emplearía para exponer por qué está en contra del TTIP. “Una vez que la integridad de una ONG está en duda, incluso si presenta contraargumentos sólidos y pruebas, mucha gente siempre pensará ‘¿y si los financia Rusia?’, explica Léa Auffret, del BEUC.

La lista de ejemplos es extensa. Después de que Greenpeace filtrara borradores secretos de la negociación del TTIP, el representante comercial de Estados Unidos en Europa, Michael Froman, compareció ante los medios para asegurar que esa información era “en el mejor de los casos engañosa, en el peor, errónea”. Hablando sobre el TTIP en rueda de prensa, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, empleaba un tono burlesco para definirlos como unos “no nos gusta el comercio, no nos gusta el libre comercio y no nos gusta EEUU”. En Alemania, el partido ultraliberal Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) paga anuncios publicitarios en los que pone en relación a los manifestantes contrarios al TTIP con el presidente Trump, a pesar de que este último defiende la desregularización de la economía.

Ataques ad hominem: en un reportaje titulado ‘El hombre que mató al TTIP’, la revista POLITICO cargó duramente contra Thilo Bode, fundador de Food Watch. En el texto, cargado de ataques personales que pasan por alto los argumentos de Bode, POLITICO aseguraba que “vive de la escandalización” y de promover el miedo.

La política del lenguaje: en un artículo en defensa del TTIP, el semanario The Economist definía a la organización ATTAC como un “grupo antiglobalización”, mientras que para el New York Times se trata de “un movimiento global que promueve un impuesto sobre las transacciones financieras para apoyar a los países pobres”. Paradójicamente, dos años antes de emprender una amplia campaña a favor del TTIP, The Economist se había mostrado muy crítico con dicho acuerdo comercial.

La técnica de Göebbels: “Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”, dijo el ministro de propaganda nazi. El informe de ECO y LobbyControl expone varios ejemplos de cómo desde los grupos de presión se mezclan ideas sin fundamento (“un día después de que se firme el acuerdo, solo podremos comer carne hormonada”) con análisis serios realizados por asociaciones de consumidores, universidades y otras instituciones. Por ejemplo, el conservador alemán Joachim Pfeiffer define a las organizaciones Food Watch y Campact, que defiende la justicia social y el respeto al medio ambiente, como parte de la “industria de la atrocidad”.

Think tanks y grupos de presión como BusinessEurope, Bertelsmann y el Centro Europeo de Economía Política Internacional (ECIPE), financiados por patronales y grandes multinacionales, sostienen que los detractores del TTIP están movidos por un sentimiento antiamericano. “Es una cortina de humo más que un argumento válido, busca desacreditar al mensajero [los manifestantes] para devaluar su punto de vista”, explica Daniel Lüchow, de la Fundación Heinrich-Böll, afiliada al Partido Verde alemán.

“Es peligroso que los lobbies corporativos traten de minar la credibilidad de los actores de la sociedad civil con acusaciones falsas (…) esas prácticas injustas envenenan el debate político democrático a largo plazo”, advierte Pia Eberhardt, experta en política comercial del Observatorio Corporativo Europeo.