El Defensor del Pueblo pide explicaciones al Gobierno sobre la violencia machista

El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio ante la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género para conocer los motivos por los que ha aumentado el incumplimiento de las órdenes de alejamiento en casos de violencia machista y ha descendido la suspensión del régimen de visitas de maltratadores a sus hijos. 

Según el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el primer trimestre de 2017 se han triplicado los quebrantamientos de órdenes de alejamiento hasta alcanzar casi un 10% y han caído un 3% las suspensiones del régimen de visitas de los padres maltratadores a sus hijos y un 5% la retirada de la custodia.

Ante estos datos, la institución ha solicitado a la delegación del Gobierno que evalúe el impacto de las últimas normas para proteger a las víctimas de violencia machista y a sus hijos. «Es necesario otorgar protección rápida y eficaz a los hijos e hijas de estas mujeres para evitar que se sigan produciendo asesinatos de menores de edad a manos de sus padres maltratadores. En los últimos cuatro años 21 niños han sido asesinados», denuncia el Defensor del Pueblo, que mantiene abierta otra actuación, a la espera de recibir información, sobre las medidas específicas adoptadas para el desarrollo de las leyes de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia en todo lo relacionado con hijos e hijas de víctimas de violencia de género.

La institución recuerda que en 2014 solicitó que se favoreciera la supresión de las visitas y comunicaciones de los imputados por malos tratos con sus hijos con el fin de prevenir posibles riesgos. También pidió garantizar por ley un examen individualizado del régimen de visita de cada menor afectado por una situación familiar de violencia de género. Además –insiste–, comparte el criterio de Naciones Unidas que, a través de su Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), recomendó a España que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos.

Pasado un año desde la entrada en vigor de la Instrucción 7/2016 de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se establece un nuevo protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género, el Defensor del Pueblo también ha preguntado por la eficacia de las medidas de alejamiento. «Según informó la Secretaría de Estado de Seguridad a la institución la citada instrucción pretendía mejorar la coordinación entre la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y la Policía», sostiene el Defensor del Pueblo.