La nueva ley de prostitución alemana prohíbe la ‘tarifa plana’ de sexo

Alemania aprobó por primera vez en 2002 una ley para legalizar la prostitución en el país por la cual quienes la ejercen pagan impuestos y tienen acceso al sistema de la seguridad. Desde entonces, se ha multiplicado el número de grandes prostíbulos, que normalmente operan bajo etiquetas falsas como “clubes de sauna”. En los últimos años también se ha extendido la práctica de ofrecer una «tarifa plana» mediante la cual los clientes pueden tener sexo con varias personas a un precio fijo, práctica conocida como “all you can fuck”.

El próximo 1 de julio entra en vigor una nueva ley de la prostitución que prohíbe explícitamente “modelos explotadores que atentan contra la dignidad humana” como la tarifa plana, en palabras de la hasta hace poco ministra de la Familia, Mujeres, Mayores y Juventud, la socialdemócrata Manuela Schwesig.

Este punto de la nueva norma ha recibido una amplia aceptación, como también la obligación de registrar como tales los locales que ofrezcan lo que denominan «servicios eróticos«. La definición de estos servicios incluye no solo la prostitución tradicional, sino también otras prácticas, como las de dominación y sadomaso que no necesariamente incluyen el acto sexual. Personas con antecedentes penales no pueden obtener esta licencia, en un intento de apartar elementos criminales del sector. Además, el uso del preservativo será obligatorio.

Registro obligatorio

Sin embargo, hay otros aspectos de la nueva ley que han recibido duras críticas por políticos y diferentes colectivos profesionales, del propio sector incluidos. Un grupo de 25 personas –prostitutas, propietarios de prostíbulos y clientes– acaba de presentar una demanda contra la ley ante el Tribunal Constitucional de Alemania. El punto más polémico es la nueva obligación de que toda persona que ofrezca servicios sexuales tenga que registrarse. Ello requiere una cita con los servicios sociales en la que se pretende averiguar si la dedicación a la prostitución se basa en una decisión voluntaria, así como un examen médico.

Las personas aprobadas deberán llevar el documento correspondiente consigo cuando ejerzan, un papel que ha sido bautizado con sorna como “Hurenpass” (“carné de puta”). Es obligatorio renovar la licencia cada dos años. Para personas afectadas y partidos como Die Linke u organizaciones como Amnistía Internacional, esta obligación atenta contra los derechos humanos y la privacidad.

“La obligación de registrarse es discriminatoria, preocupante en cuanto a la protección de datos y conlleva el riesgo de que las personas sean descubiertas sin querer”, comentó Fabienne Freymadl, presidenta del Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen (Asociación profesionel de servicios eróticos y sexuales). “De esta forma, se empujará a muchas trabajadoras y trabajadores del sexo hacia la ilegalidad, donde están más expuestos a la vulneración de sus derechos humanos”, concluye.

Desde Sisters, una asociación para facilitar la salida de la prostitución, admiten que la obligación de llevar encima el carné es un problema, si el carné cae por accidente en manos equivocadas, sobre todo cuando la persona ejerce la prostitución sin conocimiento de su entorno familiar o profesional. “Entendemos que la obligación de registro no es del interés de los propietarios de burdeles, ni de las ‘trabajadoras del sexo’ a tiempo parcial. Pero es importante y necesario para la gran mayoría que practica la prostitución por motivos de pobreza o de forma forzada”, explicaba Sisters en una opinión escrita al Bundestag, el Parlamento alemán, durante el proceso legislativo.

Maria Wersig, del Deutscher Juristinnenbund, una asociación de mujeres juristas, también indicó a los parlamentarios que la obligación de registrarse y renovar cada dos años era exagerada y no contribuía realmente a mejorar la protección de las prostitutas. El deber de someterse a exámenes médicos de forma regular tampoco se justifica, en su opinión. “Para personas que cada día en su profesión tratan alimentos, lo cual podría presentar cierto riesgo para la salud pública, solo necesitan pasar una vez en su vida profesional por una consulta de sanidad”, afirma Wersig.

La última palabra la tendrán ahora los jueces del Constitucional, pero muchas voces expertas en Derecho descartan que la demanda contra la ley de prostitución pueda prosperar.