La libertad de prensa en Estados Unidos: amenazas y defensas (y II)

¿Qué pasaría si el presidente Trump decidiera movilizar al FBI y el aparato judicial para espiar y enjuiciar a funcionarios que contacten con los medios para denunciar abusos, o a los periodistas que les escuchen? Nada; simplemente sería business as usual. Como recordaba el periodista James Risen en el New York Times en diciembre, durante los ocho años que Barack Obama lideró el país hubo más investigaciones y persecuciones de periodistas y denunciantes internos —nueve en total— que durante todas las administraciones anteriores. Más sorprendente todavía es que el gobierno invocara para tal fin una ley anticuada, pensada para controlar el espionaje comunista en los años de la Revolución Rusa.

Bajo Obama hubo escuchas a teléfonos de reporteros, tentativas por enjuiciar a periodistas como cómplices o co-conspiradores e intentos por obligar a reporteros a revelar sus fuentes confidenciales. El gobierno de Obama se mostró particularmente duro con las filtraciones en torno a la seguridad nacional, que llegaron a nuevas alturas por el trabajo de Edward Snowden (acusado de espionaje) y Chelsea Manning (condenada a 35 años de cárcel, aunque al final se conmutó la sentencia).

Los otros casos incluyen el de Shamai Leibowitz, un traductor judío del FBI condenado a 20 meses de cárcel por revelar que los Estados Unidos espiaban a diplomáticos israelíes; y de John Kiriakou, un analista de la CIA condenado a 30 meses por revelar el programa secreto de torfturas.

Ante las fuertes críticas de los medios, en 2015, el fiscal general Eric Holder anunció que el Departamento de Justicia adoptaría pautas más estrictas para limitar las posibilidades de que se requirieran materiales de periodistas. Pero el nuevo fiscal general de Trump, Jeff Sessions, ha dicho que “no sabe” si seguirá esas pautas y que es posible que intente encarcelar a periodistas simplemente por hacer su trabajo.

La verdad es que el afán persecutorio del gobierno de Obama —que fue también uno de los menos transparentes de las últimas décadas— ha logrado expandir el poder del Ejecutivo para limitar la libertad de prensa, al mismo tiempo que ha erosionado la protección judicial a los periodistas. Así, en su intento por obligar a Risen a revelar sus fuentes, forzó una decisión judicial que negaba que los reporteros tengan un “privilegio de periodista”: el derecho a no testificar sobre sus fuentes en casos criminales.

Todo parece indicar que la administración de Trump sólo intensificará los intentos por cercenar la libertad de prensa. En enero, Alexandra Ellerbeck, del Comité de Protección a Periodistas (CPJ), una organización sin fines de lucro afincada en Nueva York, predijo que habrá aún menos transparencia y aún más vigilancia. Las amenazas son múltiples. Muchos reporteros creen que Trump “ha creado un ambiente que fomenta el acoso a los periodistas”, incluidos frecuentes ataques racistas y antisemitas.

En vista del panorama de las primeras semanas de la presidencia de Trump, sin embargo, los medios no están dispuestos a dejarse intimidar sin más. Y no les falta apoyo. Además de organizaciones como el CPJ, la prensa tiene un importante aliado en la centenaria American Civil Liberties Union (ACLU), que cuenta con un millón de miembros reunidos en grupos locales por todo el país; un ejército de voluntarios; una plantilla profesional de 200 personas; y un presupuesto de más de 100 millones de dólares al año.

La ACLU trabaja, entre otras causas, por proteger la libertad de expresión independientemente del signo político que tenga (notoriamente defiende que el Klu Klux Klan se pueda manifestar en público) y por defender la libertad de prensa. Más que mera mosca cojonera, la ACLU es un agente influyente en la opinión pública y una poderosa máquina de presión judicial. Las primeras decisiones de Trump han provocado una oleada de afiliaciones y donaciones: desde noviembre, su número de afiliados se ha doblado (de medio millón a un millón) y el fin de semana que Trump anunció su veto a inmigrantes musulmanes —que la ACLU llevó a juicio esa misma noche—, la organización recaudó 24 millones de dólares, más de seis veces lo que suele recaudar en línea por año.