España suspende de nuevo en corrupción

MADRID // España ha obtenido el puesto 41 (con 58 puntos en una escala de 100) en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016.  Los resultados de esta encuesta elaborada por la organización Transparency International (TI) en la que se evalúa a un total de 176 países son demoledores. España comparte posición con Brunei y Costa Rica, y apenas supera por un punto a Georgia y Letonia. Muy lejos quedan Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia y Suecia, que son los cuatro países menos castigados por la corrupción. Las diferencias también son grandes con otros Estados de la UE, como Noruega, Luxemburgo, Bélgica, Alemania, Francia, Polonia o Portugal. A la cola de esta lista se sitúan Estados fallidos o controlados por regímenes totalitarios como Siria, Corea del Norte, Sudán del Sur o Somalia.

«Son unos resultados intolerables, y deberíamos considerar que más bajo no podemos caer. Es momento de reaccionar ya porque si no lo hacemos, la situación puede ser grave», ha advertido Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del comité directivo de TI-España. Pese a repetir la puntuación de 2015, España ha descendido a la posición 41, la más baja de toda la serie histórica. Los datos indican que España está entrando en un pelotón de países que se acercan peligrosamente a la corrupción sistémica, como ocurre con Georgia o la República Checa.

Las razones que explican esta situación «son complejas», ha admitido Villoria. Pese a que las investigaciones policiales han aumentado su eficacia y han permitido destapar numerosos casos de corrupción, muchos otros han quedado impunes. También se ha adueñado de la ciudadanía «un estado general de indignación» que lleva a que España sea el país de la UE donde más ha crecido la percepción corrupta. Tampoco ayuda «la opacidad y la falta de transparencia» en la toma de decisiones de grandes corporaciones, como las compañías eléctricas ni factores como la politización del sistema judicial. En opinión de Villoria, la contratación es el gran ámbito de la corrupción en España. «Las contrataciones públicas son un espectro muy poco controlado. Está claro que la Ley de Contratos no es ni suficiente ni rigurosa para abordar este problema», ha incidido.

Para el presidente de TI-España, Jesús Lizcano, es esencial que los partidos políticos olviden sus diferencias ideológicas y adopten con urgencia un pacto de Estado contra la corrupción. Por ello, esta organización ha elaborado una serie de 12 medidas urgentes para prevenir y combatir las prácticas corruptas. Entre ellas sobresalen la reducción del número de aforados, la prohibición legal de la posibilidad de conceder indultos por corrupción, despolitizar los órganos constitucionales o regular los lobbies, entre otras.

El populismo no es la solución

Este grupo de expertos también ha advertido de que, en este contexto de crisis generalizada, la corrupción y los movimientos populistas van ocupando cada vez más espacio. En su opinión, el populismo es una solución errónea. «Las personas están cansadas de las promesas vacías de muchos políticos que aseveran que combatirán la corrupción, por lo que muchos optan por apoyar políticos populistas que aseguran que podrán cambiar el sistema. Sin embargo, lo más probable es que esto no haga más que agudizar el problema», afirman.

«En países con líderes populistas o autocráticos, a menudo vemos democracias que retroceden y un patrón alarmante de acciones tendientes a reprimir a la sociedad civil, limitar la libertad de prensa y debilitar la independencia del poder judicial. En vez de combatir el capitalismo clientelista, estos líderes por lo general instalan sistemas corruptos incluso peores», señala José Ugaz, presidente de Transparency International.

«La corrupción sólo genera pobreza, porque se refuerza mutuamente con la desigualdad, creando un círculo vicioso», ha concluido Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón.