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Del 18 de julio al 24 de enero: la matanza de Atocha
"Durante el juicio solo se llegó al primer escalón de la trama, como en la investigación de casi todos los crímenes ultraderechistas", escribe Víctor Sainz Sobrino.
VÍCTOR SAINZ SOBRINO // Un 24 de enero de 1977, hace ya cuatro décadas, se produjo uno de los momentos más dramáticos de la Transición, el asesinato de cinco abogados laboralistas en la calle Atocha. Mucho se ha escrito y se sigue escribiendo en los grandes medios sobre el qué y el cómo, pero no tanto sobre el por qué. Y existen herramientas para hacerlo, sí. El contexto histórico, todo se reduce al contexto. Porque, sin conocer los antecedentes de un hecho, nunca será posible comprender la Historia.
Vayamos pues a la Transición, ese proceso histórico por el cual pasamos de vivir en una dictadura a una monarquía parlamentaria. Pero nuestro deber es hablar claro. Durante la Transición, cuya imagen oficial se ha construido sobre el silencio y la falsificación del pasado, nunca se produjo un corte histórico con el régimen franquista. Las clases dominantes mantuvieron su poder político y económico, el aparato del Estado quedó intacto y un manto de impunidad se extendió sobre los crímenes cometidos durante cuatro décadas. Nunca se dio la tan esperada como necesaria ruptura democrática.
En los libros de texto y en los medios de comunicación que hoy mitifican tan espurio periodo de la historia española no se da voz a los antifranquistas detenidos, encarcelados y torturados; no se narran los constantes y peligrosos pulsos que el movimiento popular afrontó en las calles mientras era víctima de una estrategia de presión por parte del Estado; ni se cuenta cómo la alta burocracia, jueces, mandos armados y policía mantuvieron sus puestos mientras se promovía una extrema derecha violenta y golpista. Pudiera parecer que no hubo crítica ni oposición, pero de ella dan cuenta los más de cien antifascistas asesinados entre 1976 y 1978.
El resto de la historia ya la conocéis: franquistas que comprendieron que el régimen necesitaba un cambio cosmético y mudaron a demócratas de toda la vida de la noche a la mañana, convirtiéndose en salvadores del proceso de cambio junto al rey Juan Carlos I, que solo tuvo que adaptarse a la situación de cambio político; y fascistas que eludieron las responsabilidades penales por sus actos criminales gracias a la connivencia del Estado. El régimen impuesto por la fuerza tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 logró sentar sus bases para continuar vigente.
Hablemos ahora de enero de 1977. El primer mes del año había arrancado con la misma dinámica que el recién finalizado, con duras huelgas y manifestaciones. Una de ellas se estaba dando en el sector del transporte privado de viajeros, liderada por el sindicalista de Comisiones Obreras Joaquín Navarro. Enfrente estaba el Sindicato de Transportes, uno de los núcleos más duros del sindicalismo vertical franquista. Su hombre de confianza en Madrid era Francisco Albaladejo, secretario del Sindicato Provincial de Transportes. Navarro había recibido amenazas de muerte en los días previos a la convocatoria de huelga, y se hicieron más constantes durante los paros.
En la semana de los hechos, además, dos estudiantes fueron asesinados en las calles de Madrid mientras reclamaban amnistía por los presos políticos antifranquistas. El domingo 23, Arturo Ruiz García, de 19 años, fue tiroteado por pistoleros ultraderechistas; y en la espontánea manifestación de protesta de la mañana siguiente, un policía disparó a bocajarro un bote de humo contra la estudiante María Luz Nájera, hundiéndole el cráneo.
Ese mismo día, 24 de enero, de forma circunstancial, estaban reunidos en el despacho varios abogados que no tenían nada que ver con el mundo laboral. Los asaltantes iban en busca de Joaquín Navarro, que salvó la vida tras haber salido minutos antes del despacho. El resto no corrió la misma suerte. A las diez y media de la noche, varios pistoleros ultraderechistas irrumpieron en el despacho laboralista del número 55 de la calle Atocha, agruparon en una sala a los letrados y los acribillaron a tiros, dejando cinco muertos y cuatro heridos graves.
Francisco Albaladejo fue el organizador del crimen, José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá los autores materiales, y Fernando Lerdo de Tejada uno de sus cómplices. También hubo fascistas italianos involucrados, los cuales disfrutaban de protección y capacidad operativa para organizar sus atentados en Italia, mientras trabajaban para la policía española. Pertenecían a la organización Gladio, cuya existencia certificaron el primer ministro italiano Giulio Andreotti y la OTAN en 1990. Estaban llevando a cabo la estrategia de la tensión, un conjunto de actos terroristas y de desestabilización social que tuvo lugar en el país transalpino durante la segunda mitad del siglo XX, y cuyo objetivo fue impedir que la izquierda italiana alcanzara el poder y lograra cambiar las estructuras de poder y corrupción del país. En total, siete ultraderechistas vinculados a Fuerza Nueva, Falange Española y la Guardia de Franco fueron condenados, pero la instrucción no llegó más allá.
Pero, ¿cómo podría haber llegado más allá en un Tribunal de Orden Público -recientemente rebautizado como Audiencia Nacional– que conservaría a sus magistrados? ¿Cómo una instrucción llevada a cabo por el juez Rafael Gómez Chaparro -encargado también de encausar los procesos relacionados con los Sucesos de Montejurra y el citado asesinato de Arturo Ruiz- podría haber encontrado a los responsables indirectos del crimen? Efectivamente, Rafael Gómez Chaparro torpedeó la instrucción y se negó a investigar cualquier complicidad más allá de los encausados, hasta que fue relevado de su puesto. Le sustituyó el juez Alfonso Barcala, que agilizó las diligencias, pero tampoco estuvo dispuesto a indagar más allá. Durante el juicio solo se llegó al primer escalón de la trama, como en la investigación de casi todos los crímenes ultraderechistas.
En la mayoría de delitos perpetrados por la extrema derecha durante la Transición se pueden observar varios patrones comunes: se descubría a los autores directos de los asesinatos en muy pocas ocasiones, y siempre quedaba sin desvelar quién proveía la información, organizaba la operación y entregaba las armas.
Cuarenta años después, hace ya mucho tiempo que los condenados están fuera de prisión: Albaladejo -condenado a 73 años- murió de cáncer en 1984, García Juliá -condenado a 193 años- salió en libertad en 1991, Fernández Cerrá -condenado a 193 años- en 1992. Ninguno de ellos abonaron una sola parte de los cincuenta millones de pesetas de indemnización a las víctimas y familiares. Lerdo de Tejada se fugó a Chile y sus crímenes prescribieron hace veinte años…
A la memoria de Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco, Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz, Serafín Holgado, Ángel Elías Rodríguez Leal y todos los antifranquistas que dieron su vida por la democracia y la libertad.