Establishment por el “sí”

Colombia, tras cuatro años de enconada negociación, se encuentra ad portas de la ratificación o rechazo al acuerdo logrado en La Habana mediante un plebiscito jurídicamente no vinculante que se realizará el próximo 2 de octubre.

La importancia del hecho y de poner fin definitivo a la negociación y a la lucha política entre los partidarios del «sí» (pertenecientes a todos los sectores ideológicos a excepción del uribismo) y los partidarios del «no» (los seguidores de Uribe y algún pequeño sector de independientes) ha motivado una unidad alrededor del logro del «sí» impensable para cualquier otro proyecto político en el país.

Esta unidad es positiva en términos eminentemente pragmáticos para el logro del resultado pero no tanto en términos ideológicos para el logro de un cambio social de calado excluyendo los beneficios directos o indirectos que el fin del conflicto vaya a conllevar.

El logro del «sí» parece haber motivado una tregua tácita entre el Gobierno y las fuerzas políticas y sociales de carácter opositor no sólo en lo que respecta al quehacer político y social de un país oprimido por una élite política rapaz y de carácter neoliberal en los que las facciones uribistas y santistas apenas se diferencian por un mayor conservadurismo de valores tradicionales criollos muy vinculados al factor religioso por parte de los primeros, frente a una mayor apuesta por la modernidad de los segundos. Valores vinculados a la modernidad de los segundos.

No obstante, uno de los factores más peligrosos y sacados del juego político por esa aparente tregua tácita que se observa en la campaña por el «sí» es la fuerza y capacidad del establishment colombiano por lograr sus propósitos con toda la fuerza del Estado y poderes fácticos detrás, sean estos positivos (como podemos comprender de la consecución de un «sí» en el plebiscito) o negativos.

Descompensación notoria

Hay por ejemplo, una evidente y notoria diferencia en la cantidad de publicidad en todos los lugares del país por el «sí» en comparación con el «no» que se explica por posibles métodos cuando menos irregulares de financiación, una saturación de buena parte de los medios de comunicación en clara campaña por el «sí», una estridente aparición de congresos relacionados con el posconflicto elaborado por universidades, organizaciones sociales y empresas, etc.

De manera adicional, en las últimas semanas, además del logro del definitivo acuerdo en La Habana, han ocurrido muchos hechos que llaman a la duda de tal coincidencia y llevan a dudar de nuevo de las capacidades de esos poderes fácticos colombianos para imponer su voluntad a como dé lugar.  Estos hechos son, por ejemplo, la detención en EEUU del que en su momento parecía llamado a suceder a Álvaro Uribe Vélez, de nombre Andrés Felipe Arias (conocido en el país como Uribito), o la resolución tres años después de impuesta la demanda y apenas a unos meses del fin del mandato del retrógrado procurador Alejandro Ordóñez, uno de los mayores opositores durante todo el proceso de negociación en La  Habana.

En definitiva, una manifiesta desproporción de los mecanismos en favor del «sí»en perjuicio del «no» que cualquiera que sea supone una criticable situación desde el punto de vista de los valores democráticos. La cuestión radica en evaluar con qué legitimidad las fuerzas progresistas o de emancipación puedan criticar este mismo desbalance cuando por la importancia del resultado en esta ocasión, lejos de criticarlo, se están valiendo de él.