Rechazo al sistema de elección de directores en la Comunidad de Madrid

La polémica sobre la selección de los directores de los centros educativos en la Comunidad de Madrid aterrizó el pasado jueves 14 de julio en la Asamblea regional. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, calificó el proceso como “poco objetivo y poco transparente”. Lamentó, además, que en los nombramientos se hubiera primado “la afinidad política” en lugar de “la experiencia docente”. Dicha elección corre a cargo de una comisión integrada por cinco miembros, tres escogidos por la Consejería de Educación (un director, un inspector de educación y un miembro de la consejería) y dos por el centro, uno del claustro de profesores y otro del consejo escolar.

La diputada de Podemos Cecilia Salazar también pidió explicaciones por la adjudicación de las plazas en “decenas de centros” a personas “ajenas a la localidad, con desconocimiento del centro, sin experiencia alguna en la dirección y sin proyecto”. Preguntó, también, si se estaba imponiendo un veto o un castigo a los “directores que no son sumisos a la administración”, es decir, sobre aquellos que ostentaban el mandato en colegios e institutos en los que pocas familias se presentaron a los exámenes de reválida, que se negaron a “asumir ratios por encima de la ley” o que protestaron ante el cierre o la apertura de líneas. La FAPA Giner de los Ríos, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de la Comunidad de Madrid, comparte esta tesis: no es que “hayan presentado malos proyectos” sino que “han luchado por defender los derechos de sus Comunidades Educativas”.

Tanto la presidenta, Cristina Cifuentes, como el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, se escudaron en las cifras para restarle importancia a un conflicto que en palabras de Cifuentes está “afectando a muy pocos”. “De los 366 nombramientos, un 53% son renovaciones”, respondió el consejero. En la Comunidad, según datos de 2011, hay un total de 1.605 centros educativos públicos.

Lo cierto es que, a pesar de que este año las protestas y el descontento de las comunidades educativas se ha multiplicado en centros como el CEIP Montelindo en Bustarviejo, el Miguel Hernández en Getafe o el IES Antonio Domínguez Ortiz en Vallecas, el problema viene de lejos. En este caso la culpa no es solo de la Lomce. Y es que, aunque la conocida como “ley Wert” elimine un punto de la anterior norma (la LOE) que instaba a “seleccionar a los candidatos más idóneos profesionalmente” y que obtuvieran “el apoyo mayor de la comunidad educativa”, también valora “de forma especial el trabajo previo y la labor desarrollada en el centro cuya dirección se solicita”. Un punto que, según Comisiones Obreras, es contradictorio con las actuaciones de la Consejería.   

José Luis Pazos, presidente de CEAPA y de la FAPA Giner de los Ríos, asegura que es un problema más viejo de lo que parece a simple vista y de marcado carácter madrileño. Ya en el año 2004, recuerda, se exigieron responsabilidades al entonces consejero José Peral por la alta tasa de suspensos en las evaluaciones de las candidaturas a director. Extrañaban, como ocurre actualmente, las notas “cercanas al cero” que recibían profesionales con trayectorias largas.

En el caso del CEIP Montelindo, las calificaciones de los tres “representantes” externos a Bustarviejo (un director, un inspector de educación y un miembro de la Consejería) han sido de 0 o 1 para Elena García-Metres, la antigua directora. “Nos parece muy preocupante y nos alarma”, declara Fernando Gutiérrez, portavoz del AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) del centro. “Y además -prosigue Gutiérrez- a raíz de ahí se nombra un director completamente ajeno al centro y al entorno, que no tiene experiencia y sin ningún diálogo con las familias o el claustro”.    

ADIMAD, la Asociación de Directores de Instituto de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, denuncia la ambigüedad de los criterios y exige, asimismo, que estos sean públicos y que “se motive razonadamente la evaluación negativa de los proyectos”.