Diputaciones en el punto de mira

Casi 200 años después de su aprobación por decreto, en 1833, muchos siguen discutiendo la utilidad de las diputaciones provinciales. La propuesta de acabar con ellas y sustituirlas por consejos de alcaldes, puesta encima de la mesa por el pacto PSOE-Ciudadanos, ha reabierto un debate que divide a los partidos y confunde a la ciudadanía. Las dos grandes formaciones políticas, que copan de manera mayoritaria las diputaciones, han dejado entrever sus dudas. Por una parte, el PP ha mostrado su oposición férrea a la mera idea de acabar con ellas. Por otra, barones del PSOE como Susana Díaz han solicitado que «se tenga en cuenta la labor que realizan».

El dinero es, como casi siempre, el caballo de batalla y el origen de buena parte del debate. Para 2016, las diputaciones cuentan con casi 6.400 millones de euros de presupuesto, que llegan a los 22.000 si se suman los 13.200 de las diputaciones forales y los 2.100 de Baleares y Canarias. Un dinero que paga los sueldos de 60.696 empleados, la mayor parte de los cuales no son funcionarios sino personal contratado. Pero no sólo las cantidades que manejan las diputaciones son motivo de polémica: la manera de elegir a los políticos que las forman también genera suspicacia, pues se hace de manera indirecta aplicando la Ley D’ Hondt a los resultados obtenidos en los ayuntamientos.

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