Las pistolas eléctricas se abren paso poco a poco en Cataluña

Las pistolas eléctricas se están introduciendo, poco a poco, en las policías locales catalanas. De los 213 cuerpos de policía local que existen en la Comunidad Autónoma, 31 tienen ya este tipo de armas y hay seis ayuntamientos más que han expresado su voluntad de adquirirlas próximamente. Entre los que ya la tienen, 18 han comprado una sola pistola, mientras que el resto se ha hecho con dos o más. La falta de estudios internacionales sistemáticos sobre el uso de las pistolas eléctricas no permite cerrar de manera clara un debate que ya se ha instalado en Cataluña, a raíz de la voluntad del Departamento de Interior de incorporarlas al armamento de los mossos d’esquadra.

El Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, ha publicado este viernes un informe tras recabar información de cada uno de los ayuntamientos del territorio que tienen policía local. El documento pide que se suspenda el uso de estas armas hasta que se dé un debate parlamentario integral sobre el sistema de seguridad en Cataluña en el que se evalúe, entre otras cosas, la peligrosidad de estas armas. En el informe destacan pueblos que, con menos de 20.000 habitantes, como Ripollet, han comprado hasta cuatro pistolas. La marca más utilizada es la Taser, sobre todo el modelo X26, el más moderno (30 unidades en Cataluña), pero también el M26 (12 unidades) y el X26 (7 unidades).

El pionero a la hora de adquirir estas armas fue Castellar del Vallès, en el año 2000, al que se sumaron ya en 2006 otras localidades como Blanes, Berga o Castellbisbal. Los últimos en hacerlo han sido Llinars del Vallès, Montgat y Tona, en el año 2015. Pero habrá más: seis consistorios han anunciado ya su voluntad de adquirirlas. Están en proceso de normalización: la mayoría de los ayuntamientos cuya policía utiliza porras eléctricas ha regulado su uso con protocolos y sólo 21 las tienen en servicio.

Pocos usos, pero contra individuos vulnerables

De momento, las pistolas eléctricas se han utilizado muy poco. Tan sólo cinco ayuntamientos lo han hecho al menos en una ocasión, mientras que el resto no lo ha hecho nunca. De estos cinco, dos han disparado una vez y los otros tres en un par de ocasiones. Eso sí, en todos los casos, excepto en uno, se han dirigido contra individuos cuyo uso desaconseja, precisamente, el Comité de Prevención de la Tortura, es decir, personas embriagadas o con trastornos psíquicos, entre otros.

Sin embargo, incluso entre los mismos cuerpos policiales no hay consenso. El Síndic destaca el caso de la policía de Cabrils, cuyo alcalde ha manifestado que no incorporará pistolas eléctricas a su policía ni ahora ni en el futuro. “El motivo por el cual el mando, sargento en jefe de la policía local, no cree conveniente incorporar este tipo de armas a la dotación del cuerpo es porque, según su experiencia profesional en la aplicación del uso de la fuerza en las distintas situaciones prácticas policiales y en el estudio teórico del uso de fuerza en el ámbito académico, ha llegado a la conclusión de que es un elemento que en la ponderación del resultado pretendido con su uso y del resultado lesivo posible se vuelve desproporcionado”, especifica el informe. También se han mostrado en contra de forma contundente la Guàrdia Urbana de Lleida y la Policía Municipal de Mollet del Vallès. En cuanto al Ayuntamiento de Barcelona, éste asegura que no tiene previsto dotarse de este tipo de armas en el futuro.