El Síndic pide suspender el uso de pistolas eléctricas hasta que se debata en el Parlament

BARCELONA // La implantación de las pistolas eléctricas en los mossos d’esquadra tiene que estar precedida de un debate sobre el modelo de seguridad pública en el Parlament, pero, incluso en el caso de que la cámara legislativa diese el visto bueno, el uso de estas armas tendría que someterse a unas condiciones muy definidas. Estos son los dos puntos en los que ha insistido el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, quien ha presentado este viernes un informe en el que se desgranan las recomendaciones de organismos internacionales y que ofrece algunos datos sobre el uso que ya se está haciendo de las pistolas eléctricas en Cataluña.

Lo que sí deja claro el Síndic es la peligrosidad de estas armas y alerta de que existen personas muy vulnerables, como enfermos del corazón, embarazadas o personas mayores, entre otras. “Ni Naciones Unidas y el Consejo Europeo tienen un posicionamiento sobre si se deben o no usar estas armas, pero ponen el listón de exigencias muy alto”, ha explicado Ribó, lo que implicaría una regulación que no existe de momento en Cataluña. “Nosotros no nos pronunciamos sobre qué armas debería usar la policía. Es el debate sobre el sistema de seguridad el que tiene que responder a estas preguntas”, ha añadido.

De hecho, la falta de protocolos y de auditorías ha permitido que hasta la presentación de este informe ni siquiera se supiera cuántos agentes de las diferentes policías locales catalanas disponían de pistolas taser. Según los datos del Síndic, de los 213 cuerpos de policía local que existen en el territorio, 31 disponen de una o más pistolas. En total hay 54 armas de este tipo. “El objetivo de Interior es que su uso se haga cuando exista un riesgo alto, es decir, una amenaza o agresión a otras personas”, ha asegurado. Sin embargo, Ribó ha señalado que “la mayoría de las veces que se ha usado se ha hecho precisamente en casos en los que la Comisión Europea recomienda que no se usen”.

Un dato curioso que ha destacado el Síndic es que son pueblos de menos de 20.000 habitantes los que disponen, precisamente, de mayor número de pistolas (tres o cuatro), como es el caso de Dosrius, Vilanova del Vallès, Llinars del Vallès, Sant Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor i Caldes d’Estrac. Entre otras recomendaciones, del defensor del pueblo catalán pide que se garantice un reconocimiento médico a todas las personas contra las cuales se utilice este tipo de armas y que quede constancia escrita e informatizada del uso, incluyendo un chip de memoria y cámara de vídeo.