Japón quiere forzar a miles de personas a volver a Fukushima

11 de marzo de 2011. A las 14:46 h, un terremoto de 9 grados y un posterior tsunami sacuden la costa oriental de Japón. Las consecuencias de la gigantesca ola son devastadoras: 15.845 muertos, casi 6.000 heridos y más de 3.000 desaparecidos, según las autoridades japonesas. Otras secuelas no son tan inmediatas, pero sí igualmente trágicas: el tsunami impacta con la central de Fukushima Daiichi, dañando los sistemas de refrigeración de los reactores y causando la fusión parcial de varios núcleos. La radiación se extiende y provoca la evacuación de unas 160.000 personas de la zona, así como irreparables daños a la agricultura, la ganadería y la pesca local, en el peor accidente desde el de Chernóbil en 1986.

Cinco años después del tsunami, Greenpeace ha presentado en Madrid el informe Heridas nucleares. El legado eterno de Fukushima y Chernóbil, en el que analiza las dramáticas consecuencias de ambos episodios y denuncia las prácticas del gobierno japonés desde el accidente y hasta hoy. La investigación de la organización ecologista revela que se está reduciendo la protección radiológica en Japón y que la mayoría de las personas evacuadas tras el accidente se verán forzadas a volver a sus casas en 2017 aunque sus comunidades estén aún contaminadas. En la actualidad, cerca de 100.000 personas siguen fuera de sus hogares.

Según señala Greenpeace, los objetivos de descontaminación del Gobierno japonés no se están cumpliendo, incluso a pesar de ser menos exigentes que lo que marcan las recomendaciones internacionales, y la situación está muy lejos de mejorar. Actualmente se han almacenado más de nueve millones de metros cúbicos de residuos radiactivos, distribuidos en más de 114.000 emplazamientos. Sin embargo, expertos de la organización ecologista han constatado cómo las labores de descontaminación son insuficientes, ya que sólo se limpian los márgenes de los caminos y 20 metros alrededor de las casas, y además la contaminación vuelve rápidamente a extenderse en las zonas ya tratadas, lo que constata que la radiactividad no puede eliminarse; sólo puede trasladarse de un lugar a otro.

«Es fundamental que el gobierno japonés entienda la gravedad de la situación y por eso le pedimos que, para evitar nuevos accidentes nucleares, no se reinicie ningún reactor nuclear y dé el salto a las energías renovables», ha declarado Raquel Montón, responsable de la Campaña de Energía Nuclear de Greenpeace, que ha participado en los trabajos de medición llevados a cabo en las últimas semanas en Fukushima.

Del mismo modo, Greenpeace ha iniciado una investigación independiente para averiguar cómo afecta la radioactividad a los ecosistemas marinos, ya que se han producido numerosos vertidos de agua contaminada al océano, un problema que parece lejos de controlarse y que puede agravarse debido a la llegada de nueva radiactividad al mar a través de los ríos.

En la actualidad, se almacenan cerca de 800.000 metros cúbicos de agua en más de 1.000 tanques próximos a la central. Cada día se necesitan más de 300 metros cúbicos de agua para refrigerar los reactores dañados, a los que se suman aproximadamente otros 1.000 metros cúbicos procedentes de las aguas subterráneas que se contaminan al discurrir por el subsuelo del emplazamiento.

Un accidente cada década

Para la organización ecologista, tanto lo ocurrido en Fukushima como el accidente de Chernóbil han demostrado «no sólo las terribles consecuencias iniciales de un accidente nuclear importante, sino también las consecuencias a largo plazo que suponen para la salud humana y el medio ambiente. Las secuelas todavía son hoy palpables y lo serán durante mucho tiempo», explican en su informe.

Greenpeace recuerda que, actualmente, el mundo cuenta con más de 400 reactores nucleares. «Algunos son más vulnerables que otros, pero todos pueden sufrir una fusión. Esto significa que millones de personas viven bajo la amenaza constante de un nuevo desastre nuclear». Para la organización ecologista, «siempre existe la posibilidad de que los viejos reactores sufran una avería, que ocurra un grave accidente debido a un error humano, un ataque terrorista, la pérdida de energía de los sistemas de emergencia o un desastre natural». Todo ello provoca que, «al contrario de lo que nos cuenta la industria nuclear, el mundo sufre un accidente nuclear grave cada década».

«El accidente de Fukushima sucedió por la connivencia entre el Gobierno, los reguladores y la empresa TEPCO, una situación que también se da actualmente en España», explica Montón. «Sin embargo, desde Greenpeace -añade- vemos con esperanza la nueva situación que se abre con el nuevo parlamento, en el que la inmensa mayoría de los partidos políticos representados piden el cierre de la vieja central de Garoña y un cierre progresivo del resto del parque nuclear, lo que nos evitaría la amenaza de problemas como el vivido en Japón”.