Mobile World Congress: unos “juegos olímpicos” con pies de barro

ÀLEX ROMAGUERA // El Mobile World Congress, que tiene lugar del 22 al 25 de febrero en la Fira de Barcelona, congregará a 100.000 profesionales, 3.800 periodistas y 2.000 expositores vinculados al mundo de la telefonía. Aparte de los cuatro socios corporativos (Telefónica, Orange, Vidafone y Damm), no faltarán las principales multinacionales del sector, hecho que reforzará la estrategia de la «Barcelona Crecimiento» que, desde el año 2006, cuando se celebró la primera edición, vienen impulsando los sucesivos ayuntamientos de la ciudad.

Con el objetivo de garantizar el éxito del certamen, que prevé un impacto económico de 460 millones de euroes, el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han invertido 90 millones, plasmados en un acuerdo que la Groupe Speciale Mobile Association (GSMA), organizadora del MWC, firmó durante el mandato de Xavier Trias y que fue firmado el julio pasado por el nuevo equipo de gobierno de Barcelona en comú. En un acto presidido por la alcaldesa Ada Colau, el ente organizador aceptó también la oferta de que el certamen se alargue hasta el 2023, permitiendo así que la capital catalana se asegure un evento de referencia para las nuevas Tecnologías de la Información en el sur de Europa.

Precariedad versus privilegios

La euforia institucional por el MWC contrasta con las denuncias sobre las condiciones laborales de las empleadas del certamen: un contingente de 7.000 personas, subcontratadas para las tareas de limpieza, seguridad, chóferes y control de accesos, que trabajarán hasta 16 horas al día. El resto de empleados, cerca de 4.000, serán principalmente camareros que atenderán a los miles de congresistas, sin contar a las voluntarias que, a coste cero, Tursmo de Barcelona desplegará por lugares públicos y zonas próximas al congreso.

Según lo que se se argumenta desde los movimientos sociales de la ciudad, además de no exigir a la organización unas políticas laborales justas, el contrato garantiza a los participantes grandes desgravaciones fiscales. Concretamente, tendrán de plazo hasta el 2018 para desgravar el 15% de lo que inviertan y bonificaciones de entre el 25% y el 35% si hacen donativos al Barcleona Mobile World Capital, el consorcio público-privado creado para el evento.

Todo esto, según las voces críticas con el evento, hará que el MWC no oriente la oferta hacia el comercio de proximidad ni a la pequeña y mediana empresa, sino a los operadores turísticos y a las corporaciones que vulneran los derechos básicos de sus plantillas. Entre los colectivos más afectados, destacan los empleados de Telefónica/Movistar, uno de los socios del certamen, que en el marco de la iniciativa Correscales han denunciado estos días las políticas laborales de la compañía.

Por otro lado, algunos grupos también señalan que el MWC reproduce la organización sexista del trabajo, ya que reserva mayoritariamente a los hombres el papel de negociar tratos comerciales, mientras que las tareas femeninas quedan a menudo restringidas al rol de azafatas o de personal uniformado como reclamo de los stands. También la división del trabajo se traduce en la escasa presencia de las mujeres conferenciantes, que no supera el 10%. Sin olvidar la promoción de las mujeres como objetos de consumo en el catálogo que muchas compañías de transporte proporcionan a los asistentes masculinos, a quien se ofrece un amplio listado de clubs y servicios de masaje con compañía incluída.

Un fortín de espaldas a la ciudad

Las demandas que plantean los organizadores a nivel de movilidad han sido satisfechas punto por punto por el Ayuntamiento, que se ha comprometido a modificar el tránsito alrededor del hotel Arts y a ampliar el perímetro de seguridad de la Fira, que pasa de los 500 metros al kilómetro, de manera que cualquier protesta quedará aislada de un certamen que Miguel Vicente, fundador de la empresa de la compa en línea LetsBonus, ha equiparado con unos «Juegos olímpicos».

Además de estas ventajas, el consistorio también garantiza a la organización el uso exclusivo de carriles taxi para vehículos VIP y obligará a los convoyes de la Línea 9 del metro, recientemente inaugurada, que pasen por la parada del recinto cada tres minutos, justo cuando las vecinas de Zona Franca reclaman la estación que tiene que pasar por su barrio. Igualmente, los congresistas del MWC serán obsequiados con el acceso a un helipuerto y con una tarjeta de transporte específica con viajes ilimitados. Todo eso, mientras la plataforma Stop Pujades protesta nuevamente contra el encarecimiento del transporte en la ciudad.

Por último, entre las cláusulas arrancadas al Ayuntamiento, es necesario citar la garantía de tecnología punta en todos los rincones de la Fira, una rebaja del IVA en las facturas emitidas por GSMA o, con vista en las próximas ediciones, el abaratamiento del alquiler de las instalaciones a 27,32 euros el metro cuadrado, con el argumento de que el MWC ha duplicado la superficie respecto al año pasado (de los 9.000 a los 18.000 metros cuadrados).

Ante las críticas por estos tratos de favor, el equipo de gobierno municipal ha argumentado que «renegociar el contrato con GSMA habría significado perder el MWC». De este modo, tan solo la presencia de empresas incubadas en los viveros de Barcelona Activa y la difusión de programas destinados a reducir la brecha digital inyectarán una dosis de sentido social al certamen. Más allá de esto, el Mobile World Congress volverá a poner en el escaparate el afan lucrativo y depredador que se esconde detrás del negocio de la telefonía móvil.

[Artículo publicado en catalán en La Directa]