La ley de memoria andaluza avanza hacia el Parlamento

SEVILLA // El gobierno andaluz ha aprobado este martes el proyecto de ley de Memoria Democrática, una de las normas que quedaron en el aire tras la ruptura entre PSOE e IU. El texto, que se sustenta en la obligación del Estado de dar a conocer la verdad, hacer justicia y reparar a las personas que fueron represaliadas por el franquismo, es prácticamente el mismo que el que elaboraron en común los exsocios de gobierno. “Venía de trabajarse y ser un texto participado y participativo y no queríamos demorar el debate de la ley en el Parlamento ni un solo día”, ha explicado la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, de cuyo departamento dependen ahora las políticas de memoria. Aguilar ha hecho mención específica a sus excompañeros de IU, el exvicepresidente Diego Valderas y el exdirector de Memoria Democrática, Luis Naranjo.

A partir de ahora será la Administración, en este caso la Junta, la que asuma como una política pública las exhumaciones, hasta ahora realizadas por las asociaciones y familiares. Según la consejera, con este procedimiento este año se recuperará el mayor número de víctimas. En Andalucía hay más de 600 fosas localizadas. Este mismo martes, el nuevo director de memoria, Javier Giráldez, se encuentra a pie de una de ellas, en Paterna de Rivera (Cádiz). “Sólo conociendo la verdad evitaremos volver al pasado, por eso también es una ley con vocación de construir futuro”, concluyó Aguilar. “Es una ley que no va contra nadie, aunque al PP le parezca que estamos dando la murga”, resumió el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, en alusión al senador del PP Jose Joaquín Peñarrubia, que asegura que en España no queda una fosa por abrir.

Más avanzada que la ley estatal de 2007, la futura norma va más allá en el tiempo y en la definición de víctimas. Abarcará desde la Segunda República hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Andalucía (1931-1982). Y reconocerá como víctimas, además de a los familiares directos, a las personas que hayan realizado trabajos forzados, a los exiliados, a los familiares de niños robados, a las personas torturadas en los campos de exterminio nazis, a las personas represaliadas por su orientación sexual, al movimiento feminista, a los guerrilleros antifranquistas y a los andaluces que fallecieron fuera de la comunidad en defensa de la libertad, la justicia y la democracia.

Además, obligará a las administraciones a retirar los símbolos franquistas -también en los edificios privados con proyección a un espacio o uso público- y eliminará las razones artísticas que la ley de Zapatero admitía para mantenerlos, que es lo que ocurrió con el polémico monumento a Primo de Rivera en el centro de Granada. La infracción de este apartado conllevará multas de hasta 10.000 euros. La ley también incluirá en el currículo escolar la memoria histórica, que no será una asignatura específica.

Hasta el momento, la tramitación de la ley ha contado con reticencias de familiares de víctimas, que se sienten apartadas por un exceso de intervención de la Administración en las exhumaciones. El anteproyecto continúa recogiendo multas de hasta 150.000 euros por la realización de excavaciones sin la autorización de la Junta, una actuación tipificada como falta muy grave. Algunos familiares entienden que si actúan por su cuenta, que es como lo estaban haciendo hasta ahora precisamente por sentirse desamparados por la Administración, serán multados. La consejera ha insistido en que la ley busca “desde el diálogo el encuentro de todas y de todos. Y ese espacio de encuentro será el texto que salga del Parlamento”. Aguilar expresó su deseo de que la ley sea aprobada por unanimidad y que los familiares puedan participar en esa tramitación, pero se remitió a las normas del Parlamento.

Sobre las críticas de asociaciones memorialistas a su gestión particular como alcaldesa de Córdoba en su etapa en IU, la consejera ha asegurado que su gobierno fue activo en términos de memoria democrática aunque le hubiera gustado hacer más. La cruz de los caídos, que lució hasta hace apenas unos años un águila preconstitucional, resiste erguida en la ciudad a todos los partidos que la han gobernado. Con la nueva ley, tendrá que ser derribaba.