Juristas y politólogos ven poco recorrido judicial a la imputación de Mas

BARCELONA // Con la resaca del 27-S, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha citado como imputados al presidente en funciones de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas; Joana Ortega, vicepresidenta del Govern hasta el 17 de junio de este año, e Irene Rigau, la entonces consejera de Educación de la Generalitat, por la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

A tres meses de las elecciones generales y en un contexto de lucha partidista entre las formaciones independentistas y los defensores del marco constitucional actual, la imputación de la principal cara visible del movimiento independentista puede marcar significativamente la precampaña de las elecciones generales, que todo parece indicar se celebrarán el 20 de diciembre.

A Mas, Rigau y Ortega se los acusa de cuatro delitos: desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos y usurpación de atribuciones judiciales. En caso de probarse, estos delitos conllevan penas de cárcel (de tres a seis años en el caso de la malversación de fondos y de seis meses a un año en el caso de la usurpación de atribuciones judiciales), multas y diversos años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, lo cual supondría un duro golpe para la carrera política del número uno de CDC y el candidato pactado por Junts Pel Sí para presidir la Generalitat. El juez ha citado a Rigau y a Ortega a declarar el día 13 de octubre, mientras que Mas lo hará dos días más tarde, el 15 del mismo mes.

“Estamos ante una enorme anomalía democrática que lleva a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno español a querellarse contra quien el pasado 9 de noviembre puso las urnas para que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña pudieran manifestarse libremente sobre su futuro colectivo”, declaró ayer Neus Munté, actual vicepresidenta del Govern. Munté, además, tildó de “juicio político” la persecución judicial de los impulsores de la votación del 9-N, que contó con la participación de 2.305.290 de personas, de las cuales 1.861.753 apoyaron la creación de un nuevo Estado independiente.

Desde el punto de vista judicial las reacciones han sido mucho más moderadas. “Jurídicamente no hay nada extraño. Se admite a trámite una querella, el juez considera que la versión del fiscal es verosímil y el tribunal cita a los acusados para que puedan ejercer su derecho a defenderse con todas las garantías”, apunta Markus González, profesor de derecho de la Universitat de Barcelona. “Lo único que llama la atención es que se haya tardado tanto en hacer públicas las imputaciones, pero me parece correcto que el tribunal se haya esperado a que tuvieran lugar las elecciones del 27-S”, detalla González.

Por su parte, el catedrático de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra Jacint Jordana cree que “era previsible” que se imputara a Mas, Rigau y Ortega. “No obstante, puede ir para largo, así que al final es posible que no tenga una relevancia significativa en el momento político que vivimos ahora. La imputación tiene muy poca trascendencia. Sólo la tendrá si hay actores políticos que quieran sacarle rendimiento, tanto desde Cataluña como desde Madrid”, analiza Jordana.

Apoyos, celebraciones y llamadas al diálogo

Después de hacerse pública la imputación, Artur Mas recibió el respaldo unánime de las distintas entidades y formaciones políticas que conforman Junts pel Sí. En clave postelectoral, el líder de ERC, Oriol Junqueras, manifestó que esta imputación es la “mejor demostración” de por qué es necesaria la independencia de Cataluña y apuntó que le parece “monstruoso” que la citación de Mas para declarar ante el tribunal coincida con el 75 aniversario del asesinato del ex presidente de la Generalitat Lluís Companys, que fue fusilado en el castillo de Montjuïc el 15 de octubre de 1940 por las autoridades franquistas.

Destacados miembros de la CUP y de Barcelona en Comú (coalición de izquierdas que gobierna el Ayuntamiento de Barcelona), a pesar de haberse mostrado siempre críticos con las políticas sociales y económicas de Artur Mas, mostraron su solidaridad con el presidente de la Generalitat. “La imputación de Mas por el 9-N demuestra, una vez más, el menosprecio de Rajoy por la democracia. ¡Basta!”, publicó a media tarde la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en Twitter.

Por su parte, Antonio Baños, número uno de la CUP, afirmó en una entrevista en La Sexta que “imputar por poner urnas demuestra que este Estado es demofóbico”. “No entienden lo que pasa en Cataluña y no entienden lo que es la democracia”, opinó Baños, después de solidarizarse con el actual presidente.

La reacción de la CUP era especialmente esperada puesto que se especulaba con que la imputación de Mas hiciera replantear a la formación de la izquierda anticapitalista su no rotundo a la investidura del número cuatro de Junts pel Sí como presidente de la Generalitat después del resultado del 27-S.

“Esto no cambia para nada nuestra posición. Nos ponemos al lado del presidente Mas por ser perseguido por poner urnas, pero nos reafirmamos en nuestro ‘no’ a su investidura. Es una figura política ligada a las privatizaciones, a los recortes y a la corrupción que ha existido en el seno de su partido”, apuntó ayer Josep Manel Busqueta, número tres de la lista por Barcelona de la CUP, en declaraciones a La Marea.

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, “celebró” que “de una vez por todas el TSJC haya decidido imputar al presidente de la Generalitat”. Por su parte, el líder de C’s, Albert Rivera, decidió no mostrar tanta euforia como Albiol y subrayó la importancia de separar la política de la justicia. “No vamos a hacer de jueces. Si hay supuestos delitos, que se juzguen”, puntualizó Rivera. El PSC tildó la imputación de “error” por perjudicar el diálogo entre partidarios y contrarios a la independencia. Lluís Rabell, cabeza de lista de Catalunya Sí Que Es Pot, se posicionó en contra de la decisión del TSJC y criticó que con esta imputación “el PP empiece la campaña de las generales como gendarme de la unidad de España”. Finalmente, Unió defendió la “presunción de inocencia” de los tres imputados, entre los cuales una dirigente de su partido, Joana Ortega.