Greenpeace y el activismo: el riesgo de mojarse

El emblemático Arctic Sunrise navega por un Mediterráneo en calma. A priori, cuesta pensar que se encuentra en una situación de libertad bajo fianza: a raíz de la acción en aguas de Canarias, con la que Greenpeace denunció las prospecciones en aguas del archipiélago el pasado 14 de noviembre, el Ministerio de Fomento ordenó arrestar el barco «por poner el mar en peligro de contaminación». Viniendo de una iniciativa que tenía como objetivo evitar los vertidos de petróleo, una auténtica paradoja. Tras aquel episodio, y para poder «liberar» el Arctic, se fijó una fianza de 50.000 euros. Hoy, el buque se encuentra a la espera de que se dirima la cuantía de la multa, que puede ascender a 300.000 euros. Greenpeace ha recurrido la sanción, pero hasta el próximo mes de noviembre soplan vientos de incertudumbre.

Pese a lo complejo de la situación, el Arctic Sunrise no pierde el tiempo: la acción del pasado viernes en Huelva para denunciar el vertido de fosfoyesos y la de este mismo jueves para visualizar el despilfarro del proyecto Castor, frente a las costas de Castellón, así lo atestiguan. Y sin embargo, los activistas saben bien que, dada la delicada situación, deben ser extremadamente cuidadosos y tener muy claros dónde está el límite. Es por ello que ambas acciones han sido lo que la organización denomina photo oportunities: fotografías en las que se sitúan frente al problema para, a través de una pancarta y una puesta en escena, invitar a la opinión pública a reflexionar. Hacer pensar, pero sin violar la ley.

La Ley Mordaza, un duro golpe

El próximo 1 de julio entra en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza y aprobada exclusivamente con los votos a favor del Partido Popular. Y a organizaciones como Greenpeace les afecta especialmente. Basta pensar en algunas de sus acciones habituales para darse cuenta de que determinados artículos están expresamente redactados para disuadirles de algunas actitudes: se castigan prácticas como encaramarse a edificios o sobrevolar infraestructuras denominadas críticas. Esto último, eso sí, sin especificar cuáles son estas infraestructuras, dado que el listado de las mismas es secreto. Las multas pueden ascender a 600.000 euros.

Para una organización como Greenpeace, la Ley Mordaza es un mazazo sin precedentes. Pero lo es más aún para la interminable lista de organizaciones que apuestan por el activismo con un presupuesto infinitamente más modesto que el suyo y sin abogados que les protejan frente a los abusos de poder. Por ello, la organización espera que la ley sea sólo un mal sueño y quede derogada lo antes posible. La oposición ha firmado un documento en el que se compromete a derogar la Ley Mordaza en caso de que se produzca un cambio de gobierno. Hasta entonces, toca esperar y seguir mojándose, pero con la constante amenaza de que una multa astronómica que los haga zozobrar.