Amnistía propone medidas para garantizar el derecho a la vivienda

MADRID // Los datos del Banco de España cifran en 97.577 las ejecuciones hipotecarias de viviendas principales que se han llevado a cabo entre 2012 y junio de 2014 en España. Según el Consejo General del Poder Judicial, se han iniciado casi 600.000 ejecuciones hipotecarias entre 2008 y el primer trimestre de 2015. A partir de estos datos, Amnistía Internacional (AI) ha publicado el informe Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España, en el que denuncia la situación de los cientos de miles de personas afectadas y califica las medidas de las autoridades ante estos casos de «regresivas e insuficientes». Asimismo, alerta de «la reducción, en más del 50%, del gasto público en vivienda entre 2008 y 2015».

La organización pide que se paralicen estos desalojos hasta que no se adopten garantías de protección. En concreto, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que los jueces analicen, caso por caso, la razonabilidad y proporcionalidad de un desalojo. Asimismo, exige que se establezca un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas, en el que las autoridades exijan a éstas que el desalojo sea la última alternativa y se prioricen soluciones que permitan permanecer en las viviendas a sus residentes.

En ese sentido, Amnistía recuerda también que España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea, 1,1% frente al 32% de Holanda, el 23% de Austria o el 18% de Reino Unido.

También hay más de tres millones de viviendas vacías, un 30% aproximadamente de todas las que hay en Europa. Amnistía Internacional considera que el Gobierno debería modificar el mandato de la Sareb, también conocida como «banco malo», que tiene en su propiedad 80.000 viviendas, y promover así el uso de esos espacios para el acceso a la vivienda de un mayor número de personas.

Otro de los problemas denunciados por AI es «el escaso periodo de calificación social de la vivienda en Madrid y la reducción del mismo en Cataluña«, algo que «reduce y dificulta el acceso a las prestaciones sociales y genera desprotección en las personas».