Colau se reunirá con los bancos que más desahucian

BARCELONA // La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, iniciará una ronda de contactos con las entidades financieras que acumulan un mayor número de desahucios para buscar vías de colaboración con el Ayuntamiento que eviten el desalojo de familias vulnerables. Así lo ha anunciado este miércoles en la rueda de prensa posterior a la constitución de la comisión de gobierno municipal. “Invitaremos a las entidades a un proceso de colaboración de ámbito ciudadano donde creo que todos estarán dispuestos a colaborar para hacer frente a los desahucios”, ha señalado Colau, quien ha expresado su deseo de que los encuentros se produzcan “al máximo nivel” con los dirigentes de las entidades, puesto que “son quienes después pueden dar instrucciones”.

Colau ya ha ordenado que se agenden las reuniones, comenzando por aquellas entidades que acumulan un mayor número de casos: “Catalunya Caixa, BBVA, Bankia, CaixaBank y UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios)”, ha enumerado. “Confío en que habrá colaboración; no es una cuestión menor, sino de emergencia y de vulneración de derechos fundamentales, sobre todo en el caso de las familias en situación de vulnerabilidad”, ha sostenido la alcaldesa.

En estos encuentros, ha enfatizado, se buscará “obtener su conocimiento directo de la problemática”, y, “además de compartir información, establecer líneas de colaboración” con el objetivo de “impedir desahucios de vulnerabilidad”. Como ejemplo de colaboración, ha señalado que en los casos de aquellas entidades que no quieran abrir una línea de negocio en el alquiler, por ejemplo, el Ayuntamiento podría asumir esa gestión. En la circunstancia de que no se lograra establecer una colaboración, ha destacado la edil, “la administración municipal tiene diferentes vías para intervenir y garantizar el derecho a la vivienda”.

Por otro lado, Colau ha convocado “de forma urgente” la Comisión Mixta de prevención de desahucios, un mecanismo creado en el anterior mandato para prevenir desalojos y asistir a las familias afectadas. La comisión, que según ha explicado Colau lleva tiempo sin reunirse, incluye a la administración municipal, plataformas de afectados y representantes de las entidades financieras, jurídicas y sociales.

Tarjetas alimentarias

La segunda «prioridad» tratada en la reunión del gobierno municipal ha sido la malnutrición infantil. El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha anunciado la elaboración de un censo de los menores que tienen dificultades para acceder a una alimentación adecuada con el objetivo de garantizar que este verano, con el cierre de las escuelas, estos puedan acceder a la alimentación. “El año pasado hubo 4.500 niños que quedaron fuera de los baremos de becas comedor”, ha subrayado Pisarello. El equipo de gobierno ampliará si es necesario los periodos de inscripción a los casales de verano, la vía prioritaria con la que quiere afrontar la problemática. En el caso de aquellos menores que no pudiesen acceder a estos, se habilitarán mecanismos como “tarjetas alimentarias”, ha explicado Pisarello.

El primer teniente de alcalde ha revelado que el coste de la sesión constitutiva del pasado sábado fue de 27.517 euros, cerca de 15.000 menos que la del 2011 (de 42.732 euros). El principal ahorro procede del cáterin, ha detallado Pisarello, además de la supresión de las alfombras en los “espacios nobles”, cuyo coste ascendía a 4.300 euros. “Donde sí que ha subido un poco el gasto fue en la contratación de pantallas y dispositivos para que los ciudadanos pudieran seguir la sesión constitutiva, algo que tiene que ver con la apertura a la ciudadanía por la que apuesta este gobierno”, ha expresado.

Retirada en el proceso penal

Respecto a la retirada del Ayuntamiento de la acusación contra los estudiantes de la Facultad de Física de la UB Ismael Benito y Daniel Ayyash, por su participación en la huelga general de marzo de 2012, Colau lo ha justificado en que «era un caso muy claro» de desproporción y “muchas entidades de derechos humanos se habían posicionado claramente” en contra de este proceso, por el que se les pedían hasta 8 años y medio de cárcel.

“En este caso el Ayuntamiento hace algo que no debía ser habitual, que es personarse por la vía penal, pidiendo penas de cárcel. En un contexto de reivindicaciones sociales y de huelga general, esta vía debería darse sólo en casos muy excepcionales”, ha sostenido la alcaldesa. Sin vincularlo explícitamente con este caso, Colau ha defendido que “es lógico que la Administración pueda reclamar por daños en el mobiliario urbano, pero no por la vía penal. Lo que hemos hecho es acabar con una situación de excepcionalidad”, ha concluido.