24-M: La batalla por los servicios públicos en la Comunidad de Madrid

MADRID// Las elecciones del 24 de mayo en la Comunidad de Madrid son decisivas para la pervivencia de los servicios públicos esenciales en la región. Con Alberto Ruiz Gallardón primero, y sobre todo desde que Esperanza Aguirre accediera al poder empujada por el Tamayazo, la región de Madrid se ha convertido en un laboratorio de privatizaciones y depauperación de los servicios públicos que después se han ido implementando en el resto de las comunidades autónomas donde el PP estaba al mando. Son 20 años de gobierno conservador en Madrid que han supuesto la puesta en cuestión de los principios universales y públicos de la sanidad y la educación.

En contraste con el ataque privatizador de los servicios esenciales del gobierno de Esperanza Aguirre y de su delfín Ignacio Gonzalez está la poderosa oposición popular, de los movimientos sociales y los colectivos profesionales afectados por las medidas desreguladoras y que tratan de vaciar de su carácter público la sanidad y la educación de forma prioritaria. Las mareas son el paradigma de la lucha contra las privatizaciones que la Comunidad de Madrid, de forma directa y también velada, ha realizado durante su gobierno. La paralización de la privatización de seis hospitales gracias a la contestación sin descanso de la Marea Blanca, formada por trabajadores sanitarios y usuarios, fue sin duda un punto de inflexión en esta cruenta lucha por la defensa de lo público.

La decisión de los tribunales en enero de 2014 de paralizar de forma definitiva la privatización de estos seis hospitales, porque según la sentencia los madrileños y profesionales sanitarios podrían sufrir «perjuicios irreparables”, enseñó a los dirigentes del momento, y a los futuros, que los madrileños no estaban dispuestos a ceder la sanidad pública. La dimisión del entonces consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, marcó el fin de las privatizaciones directas de los hospitales y alejó de la intención de los dirigentes que le sustituyeron el emprender de nuevo el proyecto. En estas elecciones ninguno de los candidatos que se presentan a la Comunidad de Madrid plantea la privatización de ningún recurso de la sanidad pública, incluida la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento, Cristina Cifuentes, llegó a plantear la posibilidad de desprivatizar los que tienen gestión privada, aunque finalmente se echó atrás.

La educación es el otro gran pilar de unas elecciones autonómicas. En la Comunidad de Madrid el proceso privatizador existente ha sido igual de agresivo que con la sanidad pero mucho más efectivo. Sirvan de ejemplo algunos datos que muestran la realidad privatizadora de los gobiernos del Partido Popular. Según CCOO, en Madrid capital el 37,6% de los alumnos acude a escuelas públicas por un 43,9% que va a las concertadas. Por regiones, dentro de la comunidad las diferencias son evidentes: en Madrid Oeste, con un alto PIB per cápita, el 40,6% de los estudiantes van a escuelas privadas concertadas y un 37,7% a escuelas privadas, en contraste con lo que ocurre en Madrid Este, donde el 80.4% de los alumnos va a escuelas públicas.

Esta lucha por los servicios públicos frente a las privatizaciones de los servicios esenciales es la que marcará la política de pactos en unas elecciones en las que la aparición con fuerza de Podemos y Ciudadanos evitará que el Partido Popular vuelva a tener una mayoría absoluta suficiente para gestionar sin oposición alguna su política neoliberal. El PSOE, Podemos, IU y UPyD se han mostrado a favor de la defensa de los servicios públicos, al igual que Ciudadanos, con algún matiz. La posición del Partido Popular, al que las encuestas dan ganador con mayoría relativa, implica que los partidos con los que pueda pactar serán los que definan el futuro de los servicios públicos. El resultado de las elecciones para la próxima legislatura en la Comunidad de Madrid se antoja definitivo para enterrar definitivamente el proceso privatizador que los años conservadores del PP han llevado a cabo.