La ex directora de la inteligencia colombiana, condenada a 14 años de cárcel

La determinación de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CCAJAR-, contraparte de InspirAction en Colombia, ha obtenido frutos tras muchos años de lucha por un juicio justo. Hace apenas unos días, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en Colombia dictaba sentencia a María del Pilar Hurtado: 14 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, prevaricato por acción, peculado por apropiación, abuso de autoridad y falsedad ideológica en documento público.

Luis Guillermo Pérez, presidente de CCAJAR, ha declarado tras conocer la sentencia: “Deseamos que su seguridad esté garantizada y que colabore con la justicia para revelar toda la verdad”. La esperanza que ahora mantienen es que Mª Pilar Hurtado revele quienes daban las órdenes para las acciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que fue el principal centro de inteligencia estatal de Colombia. De hecho, también ha sido condenado un funcionario de alto nivel de la antigua administración, Bernardo Moreno, el ex jefe de personal de Uribe, que ha sido sentenciado a ocho años de cárcel, condena que cumplirá en arresto domiciliario, no en prisión.

Este caso es una muestra evidente de una de las causas de la persistencia del conflicto armado en Colombia: un sistema político que no escatima en usar métodos ilegales, incluida la violencia, para lograr sus objetivos.

Durante las investigaciones sobre el funcionamiento del DAS con Hurtado como directora, fue revelado que el Departamento colaboró con paramilitares, quienes son responsables de cientos de asesinatos extra judiciales. Debido a la magnitud de la corrupción existente en el DAS, el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decidió cerrar esta oficina en 2011.

Sin embargo, aún hoy, Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos. El CCAJAR dice que aún son víctimas de vigilancia estatal, y revela que abogados de la organización están siendo nuevamente seguidos, tanto en la capital como en otras ciudades.

Los hombres y mujeres de CCAJAR llevan más de 20 años luchando contra la corrupción y la impunidad en defensa de las víctimas que han visto vulnerados sus derechos por el conflicto en Colombia. Esta defensa acoge también a los familiares de las víctimas de los asesinatos, masacres y desapariciones forzosas.

El trabajo de CCAJAR durante el mandato del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) fue catalogado como actividad terrorista y una amenaza para la seguridad nacional. Como resultado, CCAJAR asegura que fue sistemáticamente perseguido por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que dirigió Mª Pilar Hurtado.

La intimidación, el acoso y las amenazas se convirtieron en habituales. Esta situación llego a tales extremos que, en 2005, Soraya Gutiérrez, miembro de este colectivo, recibió una muñeca decapitada con una nota que citaba: “Tienes una linda hija, no la sacrifiques”. La evidencia encontrada en las investigaciones a la DAS, después de 2010 y posterior a que Hurtado solicitara asilo en Panamá, sugieren que esta amenaza fue obra de la Agencia de Inteligencia.

A pesar de la huida de Hurtado a Panamá, el tesón de CCAJAR la ha puesto delante de la justicia. En 2012, miembros de este colectivo volaron a Panamá con miembros de la Federación Internacional por los Derechos Humanos para pedir su extradición formal. Durante esta visita, presentaron a las autoridades panameñas evidencias de que Hurtado no estaba ni bajo amenaza ni bajo persecución política en Colombia. Los abogados alegaron que su estatus como exiliada política debería ser rescindido para que pudiera ser juzgada.

La actividad de CCAJAR también fue fundamental para convencer a la Interpol de la importancia de emitir la orden de arresto contra Hurtado y en promover protestas que hicieran su presencia en Panamá insostenible.

En enero de este año, Hurtado fue forzada a retornar a Colombia y el mes pasado fue acusada por abuso de poder, conspiración para quebrantar la ley y por haber ordenado espionaje ilegal a líderes de la oposición, defensores de los derechos humanos, periodistas e incluso a miembros de la Corte Suprema.

En el anuncio del veredicto, que fue por unanimidad, el juez Fernando Castro condenó su actitud como “un arbitrario e injusto abuso de poder”. Se ve así recompensada la labor de años de colectivos de defensa de los derechos humanos, en particular de CCAJAR, que cuentan con el apoyo de ONG internacionales como InspirAction para poder llevar a término procesos judiciales interminables que devuelvan a la población colombiana la posibilidad de creer en la justicia y en una paz donde se reconozcan sus derechos, por poderoso que sea quien los vulnere.

*Thomas Mortensen y Corina Mora son miembros de InspirAction.