Es el momento de un mejor sistema financiero mundial: todos cuentan, todos pagan

InspirAction/Eurodad* // Nadie dijo que la lucha por un sistema financiero global más justo sería fácil. Las negociaciones previas en la ONU sobre el financiamiento del proceso de desarrollo (FpD), que culminarán en una conferencia de alto nivel en Addis Abeba en julio, muestran exactamente lo dura que va a ser la batalla.

Aunque la discusión es en última instancia por el dinero, el financiamiento para el desarrollo no es un evento de recaudación de fondos. Se centra en las cuestiones sistémicas, tales como los flujos ilícitos financieros, crisis de la deuda soberana, los flujos financieros privados, el comercio, la inversión y la gobernanza global. La mejora de éstos contribuiría en gran medida a la erradicación de la pobreza y a la financiación de un desarrollo sostenible.

El mundo necesita un cambio urgente. El informe del grupo de alto nivel sobre los flujos financieros ilícitos de África llegó a la conclusión de que “van desde al menos 30 mil millones a 60 mil millones de dólares al año”, lo que hace del continente africano “un acreedor neto del mundo en lugar de un deudor neto, como a menudo se supone”. En la UE, la pérdida estimada a través de la evasión fiscal es de 1 billón de euros por año.

En lugar de trabajar juntos, los gobiernos están actualmente luchando sobre quién va a decidir lo que debe hacerse. Los países desarrollados insisten en que la OCDE –también conocido como el “club de los países ricos”– debe ser el centro de las negociaciones globales de impuestos. Esto excluiría a más de 100 países en desarrollo de las negociaciones, mientras que otros como Luxemburgo y Suiza – una parte clave del problema – estarían sentados en la mesa de negociación.

Los países en desarrollo están pidiendo un organismo fiscal intergubernamental más amplio, bajo mandato de Naciones Unidas, para que tenga lugar la negociación. Sin embargo, los de la Unión Europea –firmes partidarios de la ONU como foro para adoptar objetivos de desarrollo sostenible y tratados sobre el clima–
rechazaron la semana pasada esta propuesta. Argumentaron que es innecesaria “la proliferación institucional”. En respuesta, el negociador de la India comentó: “Nos parece un poco extraño que hablemos de una agenda común para todo el mundo, y luego defendamos el derecho de un club exclusivo de hacer política en un tema que no sólo afecta a todo el mundo, sino que también es central en el discurso de financiación”.

La UE, por otra parte, está defendiendo la promoción de alianzas público-privadas y el uso de la ayuda exterior para apoyar a las empresas que invierten en el desarrollo, a menudo referido como blending. Las oportunidades que el blending tiene para las empresas occidentales son claras, ya que los países donantes suelen elegir sus propias empresas como socios en estos proyectos de desarrollo. El G77, un grupo de más de 130 países en desarrollo, es escéptico ante estas alianzas. “Las ventajas para los países en desarrollo en relación con el concepto de financiación mixta no están claras y además deben ser explicadas por los donantes”, sostiene.

Las organizaciones de la sociedad civil hemos señalado que los inversores privados se sienten más atraídos hacia los países de ingresos medios, que pueden proporcionar mejores oportunidades para obtener ganancias. Esto aumenta el riesgo de ahuyentar la ayuda de los países menos desarrollados. El cambio hacia las ganancias también corre el riesgo de promover herramientas tales como el cobro de la infraestructura o los servicios de salud y educación, que los más pobres no pueden pagar. “El tema de las alianzas público-privadas es importante, pero queremos advertir que existen algunos riesgos y que esos riesgos deben ser mitigados. Existen ya experiencias en las que el gobierno del país se queda con todos los costos y el sector privado con todos los beneficios”, destacó el  representante del G77.

A veces uno puede tener la impresión de que el fuerte enfoque de la UE sobre la financiación privada es un intento de desviar la atención del hecho de que nunca ha cumplido con su compromiso de entregar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

El negociador del grupo de Países Menos Desarrollados hizo hincapié en que los gobiernos “no deben ir a la Cumbre de Addis Abeba sólo para volver a confirmar los compromisos asumidos hace 40 años”. Estos países pidieron una ampliación de los compromisos de ayuda, calendarios concretos para alcanzarlos y mejorar la calidad de la ayuda, incluyendo la plena desvinculación de la ayuda al desarrollo (requisitos de algunos donantes para que esta se gaste en bienes y servicios proporcionados por empresas con sede en sus propios países, o en un número limitado de países).

La deuda es también un tema delicado. Después de las luchas de Argentina con los fondos buitre, así como el aumento de los niveles de deuda y riesgos de crisis en todo el mundo, un proceso intergubernamental se ha puesto en marcha bajo la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de desarrollar un mecanismo internacional de renegociación de la deuda.

A pesar de su propia crisis, la UE optó por boicotear la primera sesión de este proceso durante las negociaciones y ahora se niega a incluir referencias a la discusión de las Naciones Unidas en el documento final de Addis Abeba. Mientras tanto, países como China y Rusia están trabajando de manera constructiva con el G77 en un mejor régimen de gestión de la deuda.

La presión sobre la UE es cada vez mayor. Los países en desarrollo se quejan de algunos Estados europeos por el uso de la ayuda para presionar a los países africanos más pobres para dejar de apoyar las posiciones del G-77 en las reformas sistémicas. De ser cierto, no sería la primera vez que este tipo de tácticas se han utilizado en las negociaciones de la ONU.

En última instancia, si las metas no son lo suficientemente ambiciosas, existe el riesgo de que las negociaciones se derrumben. Esto socavaría gravemente las posibilidades de llegar a un acuerdo sobre los objetivos de desarrollo sostenible –cuya adopción está prevista en septiembre en Nueva York– y pondría en peligro la próxima Cumbre del Clima en París.

Un derrumbe del proceso de Addis Abeba también significaría el fracaso continuado de la cooperación intergubernamental. Esto sería devastador para los países más pobres y los que están en crisis debido a los desastres naturales, la pobreza, la enfermedad, la deuda, los alimentos o el colapso financiero. También podría conducir a que más países se conviertan en paraísos fiscales, lo que aumentaría la evasión fiscal y la escalada de la desigualdad.

Continúan las negociaciones en mayo. Nuestros gobiernos tienen menos de tres meses para asegurar que la Cumbre sobre Financiamiento del Desarrollo de Addis Abeba conduce a cambios para mejor, en vez de a peor.

*Tove Maria Ryding es coordinadora de Justicia Fiscal para la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad).

*María José Romero es política y asesora de Eurodad sobre financiamiento privado.