La corrupción pone en duda la figura de las auditoras

Reportaje publicado en el número de febrero de La Marea, disponible en nuestra tienda virtual

La tormenta de Bankia o la estafa de Gowex, entre otros escándalos que han trascendido en los últimos meses, han provocado que se cuestione el funcionamiento actual de las auditorías. Los inspectores del Banco de España que investigan las presuntas irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia han señalado a Deloitte como posible responsable de una cadena de errores en el control de las cuentas de la entidad financiera. Los investigadores subrayan que es «evidente que hubo cambio de criterio del auditor” en la reformulación de las cuentas del ejercicio de 2011, es decir, se modificó el criterio de la consultora coincidiendo con la salida a Bolsa de Bankia. La puesta de largo de la caja en el parqué fue orquestada por el entonces presidente de la entidad, Rodrigo Rato, ex ministro de Economía y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La propia Deloitte fue la que terminó precipitando la dimisión de Rato e hizo estallar el escándalo “al negarse a firmar los estados financieros de la entidad”, recuerda el jurista Andrés Herzog, diputado de UPyD en el Congreso  y personado por la formación magenta en el juicio contra Bankia. El resultado fue la nacionalización de la entidad con un coste para el bolsillo de los ciudadanos de 19.000 millones de euros, a los que habrá que añadir otros 3.000 millones más si las sospechas de los inspectores se confirman y obligan al Estado a devolver el dinero recaudado en la emisión de acciones.

Deloitte, junto con PWC, KPMG y Ernst & Young, es uno de los cuatro colosos mundiales de la consultoría y la auditoría. Entre todos suman unos 800.000 empleados y revisan las cuentas del 90% de las compañías que cotizan en los mercados de todo el planeta. En España todas las empresas del Ibex están auditadas desde hace muchos años por esas cuatro firmas. El informe del sindicato Comisiones Obreras Ibex 35: Evolución de sus empresas durante el ejercicio 2013, elaborado por Pablo Rojas, detecta una tendencia a prolongar en el tiempo las relaciones entre estas cuatro firmas y sus clientes del selectivo español.

La mitad de las empresas del Ibex-35 lleva más de 12 años siendo controladas por la misma consultora y ocho de ellas superan la veintena de años. Casos como el de la tecnológica Gowex –una estafa piramidal de manual reconocida por su propio consejero delegado– o la agroalimentaria Pescanova –el juez Pablo Ruz investiga un caso en el que la propia compañía reconoció que había maquillado su deuda real– tampoco ayudan a disminuir las sospechas de mal funcionamiento en el reducido mercado de este oligopolio.

Poder político

¿Qué relación puede haber entre estos errores y el poder político? Las grandes firmas de consultoría y auditoría han engrosado desde hace años el mercado de fichajes de altos y ex altos cargos de las administraciones públicas, una práctica que es legal en España y a la que también se han apuntado empresas de otros sectores estratégicos, como el energético. El caso menos discreto fue el del secretario general de Ocupación de la Generalitat de Cataluña, Ramón Bonastre, quien abandonó su cargo expresamente para ser el responsable del área de negociación colectiva de PWC, sin dejar pasar tiempo entre ambas responsabilidades. Juan Costa, ex ministro de  Ciencia y Tecnología y ex consejero del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la era Rato, renunció a su escaño en el Congreso para volver a su antigua empresa, Ernst & Young, como responsable mundial del área de sostenibilidad y cambio climático.

Por su parte, el ex presidente balear, Jaume Matas, también dejó su escaño en el Congreso de los Diputados, tras su paso por el ministerio de Medio Ambiente, para asesorar en 2009 a PWC en Estados Unidos como responsable de cambio climático y renovables.

La misma auditoría fichó en 2008 al ex director general de Entidades de la CNMV, Antonio Carrascosa, como director de la unidad de cumplimiento regulatorio de negocio para el sector financiero, área que se encarga de prevenir, gestionar y reducir los riesgos por incumplimiento normativo de las entidades financieras. Comenzaba entonces la crisis financiera mundial y el sector veía con temor una oleada regulatoria en Europa y en España. La propia PWC reconoció más tarde que Carrascosa estaba “trabajando con la CNMV para identificar aspectos de la regulación susceptibles de mejora”. También el ex presidente del Gobierno José María Aznar llegó a ser fichado como asesor personal del presidente de KPMG en España, John Scott. La lista sigue con políticos como Jordi Sevilla.

Pero hay más aspectos controvertidos en la tarea de las consultoras y auditoras. Las administraciones públicas recurren sistemáticamente a informes externos elaborados por estas compañías para justificar sus decisiones más polémicas. Estos trabajos son conocidos en algunos sectores como “informes de complacencia”, porque, muchas veces, sus conclusiones concuerdan con las expectativas de quien los contrata. KPMG fue la consultora elegida por el ministro de Economía, Luis De Guindos, para asesorar a Bankia en la venta de su negocio inmobiliario al fondo de inversión Cerberus, donde trabajaba José María Aznar Botella, el hijo del ex presidente. También fue designada por el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), el organismo rescatador de bancos que creó el Gobierno, como árbitro independiente en el proceso para decidir qué inversores preferentistas de Bankia fueron engañados.

Por su parte, Elena Salgado, ex titular de Fomento, encargó a Ernst & Young un informe sobre su proyecto de reordenación de las concesiones de autopistas de última generación que desató las iras del sector de la construcción y de funcionarios del Ministerio, convencidos de que entre los miles de empleados públicos había personal capacitado para realizarlo. La Junta de Andalucía, con José Antonio Griñán al frente, adjudicó en 2012 a Deloitte una auditoría de las cuentas de buena parte de las empresas públicas andaluzas por dos millones de euros, una medida de “transparencia” que no tuvo en cuenta que la Cámara de Cuentas regional contaba ese año con un presupuesto de nueve millones de euros para ese tipo de trabajo.

Funcionarios capacitados

Las críticas también se realizan desde el ámbito de la judicatura. José Ramón Chaves, magistrado de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, carga en su blog personal contra ciertos informes de complacencia. En su opinión, la profesionalidad de los analistas externos no es discutible, pero sí su imparcialidad: “El que paga, manda”. Y añade en uno de sus artículos que, en muchos informes, “primero se tira la flecha y luego se manda al informante a que dibuje la diana alrededor”. Chaves considera que la administración pública está plagada de funcionarios capacitados para realizar estos informes y critica esta práctica, extendida en casi todas las administraciones: la Generalitat de Cataluña, en seis años (entre 2006 y 2012), había encargado 1.400 informes externos y mantenía en sus presupuestos partidas de unos 300 millones de euros anuales para esta clase de contrataciones, según explica en el blog.

Herzog considera la ley de auditoría “antigua y restrictiva” porque sólo limita el porcentaje de la clientela que debe representar una sola compañía para la empresa que la supervisa pero «no se establece un límite al socio auditor que trabaja para una auditora analizando sistemáticamente las cuentas de una determinada empresa”. Julio Rojas cree que el Gobierno podría hacer más para “limitar” relaciones demasiado prolongadas entre auditores y auditados. El Ejecutivo prepara una modificación de la Ley que entrará en vigor en 2016. De Guindos ha avanzado que habrá una rotación obligatoria de consultora tras un período máximo de 10 años. Ninguna de las cuatro grandes firmas ha respondido a La Marea sobre algunas materias tratadas en este reportaje.