Chelsea Manning cinco años después de ‘Collateral Murder’

El pasado 5 de abril se cumplieron cinco años desde la publicación de “Collateral Murder” en Wikileaks, el famoso vídeo que mostró al mundo el ametrallamiento en Irak de una docena de civiles por parte de militares estadounidenses. Un mes después de esta filtración, la soldado Manning fue detenida. Durante más de tres años permaneció a la espera de un juicio que la terminó condenando a 35 años de prisión, acusada de filtrar cientos de miles de informes militares relacionados con las invasiones en Irak y Afganistán.

Desde entonces existe una nítida división de opiniones, entre los que consideran que traicionó a su país y quienes aprecian la actitud heroica de revelar crímenes de guerra dentro del ejército. El recurrente argumento del riesgo para la seguridad nacional choca con la falta de pruebas que lo confirmen; ni fueron dadas a conocer durante el juicio ni han sido reveladas con posterioridad. En consecuencia, la extensa condena aplicada a Manning, considerada como la principal fuente de Wikileaks, no ha sido por ayudar al enemigo o hacer peligrar alguna operación militar sino simplemente por filtrar documentación clasificada.

Actualmente, según declara su propia abogada, ya no sufre malos tratos ni se encuentra incomunicada, se le permite leer y hace dos días decidió abrir una ventana de comunicación con el mundo a través de una cuenta en Twitter, que en menos de 24 horas ya contaba con más de 30.000 seguidores. En cualquier caso, pese a las peticiones de indulto por parte de sus abogados y grupos simpatizantes, el gobierno estadounidense y las fuerzas armadas han decidido prevenir la aparición de nuevos denunciantes por el método del castigo ejemplar. En este sentido, poco les importa que se haga público el trato degradante y las torturas sufridas por su ex analista militar.

Por otro lado, la actitud cómplice de los grandes medios de comunicación se limita a colocar el foco en la disyuntiva de calificar o no a Manning de traidor, sin entrar a valorar el hecho principal: denunciar crímenes de guerra en la democracia de Estados Unidos supone cárcel y torturas para el informante y absoluta impunidad para los ejecutores y responsables. En esta lógica, anteponer la ética al mantenimiento del orden establecido y al propio nivel de vida personal supone una desviación mental que es necesario castigar.